La fiscal de Mercedes Andrea Mastroianni pedirá a la Justicia que el intendente de Soriano, Agustín Bascou, sea imputado nuevamente por el delito de violación a la ley de prendas, dado que vendió un ganado que estaba como garantía de un préstamo otorgado por el Banco República (BROU), según informaron a El Observador fuentes judiciales.
Mientras la fiscalía espera que el Poder Judicial fije una fecha para la audiencia de formalización, el abogado del jerarca comunal, Gonzalo Imas, negocia con el BROU la posibilidad de resolver el caso mediante un acuerdo reparatorio, una figura del nuevo Código del Proceso Penal que permite clausurar la investigación penal en casos de delitos leves, a cambio de que el imputado ofrezca alguna clase de compensación a la víctima.
Las partes también continúan discutiendo en torno a la cantidad de ganado que Bascou vendió en forma ilegal, porque tampoco hay acuerdo en este punto. Mientras el intendente sostiene que fueron 1.500 vacunos, los representantes de la entidad bancaria entienden que la mercadería prendada es superior.
Bascou renunció al Partido Nacional el 9 de marzo, tres días después de ser imputado en otra causa por vender el ganado que estaba de garantía por un préstamo de otra entidad bancaria.
La fiscal del caso denunciado por el BROU planteó, en tanto, que el detalle de la cantidad de animales no es relevante para su investigación, y que de todas formas pretende formalizar la investigación. La funcionaria rechazó hacer declaraciones a El Observador.
El préstamo original que otorgó el BROU fue de aproximadamente US$ 1.800.000, pero la defensa de Bascou entiende que ya fueron abonados cerca de US$ 800.000 a través del remate de parte del campo del jefe comunal, por lo que queda saldar un millón.
La anterior imputación contra Bascou por violar la ley de prendas fue a raíz de una denuncia que ingresó en la otra fiscalía de Soriano, que entonces estaba a cargo de Stella Alciaturi –actualmente en Rivera– y ahora está en manos de Carlos Chergonia.
La denuncia de este caso fue presentada en 2019 por Scotiabank, luego de que el intendente vendiera presuntamente más de 4.000 vacunos –por un valor de US$ 350 mil– que también estaban como garantía. La próxima instancia judicial será la acusación de la fiscalía, para la que no hay fecha estimada.
En la audiencia del 6 marzo, la Justicia definió que Bascou constituyera un domicilio, entregara su pasaporte y que no pudiera salir del país por al menos 30 días. Estas medidas son similares a las que solicitará la fiscal Mastroianni cuando tenga lugar su audiencia, señalaron las fuentes.
Estaciones de servicio
Bascou también es indagado por Mastroianni en otra investigación, iniciada en 2017, cuando el Frente Amplio realizó una denuncia penal por presunta conjunción de interés público y privado, ya que el intendente vendió combustible a la comuna desde una estación de servicio de su propiedad.
De acuerdo a esta denuncia, una de las dos estaciones que tiene Bascou en Mercedes –ubicada en ruta 2– despachó en 2016 casi tres veces más combustible a vehículos de la intendencia que otra estación del mismo sello, ubicada a solo 100 metros de distancia.
En noviembre de 2017, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un informe en el que definió que Bascou violó varias normas de la función pública como la probidad. Según establece el decreto 30 del año 2003, el funcionario público debe mantener una conducta "honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza".
La Jutep entendió también que Bascou no adoptó todas las medidas "a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de intereses en el desempeño de sus funciones" además de que violó la prohibición de contratar a un organismo al que pertenece.
La denuncia fue ampliada en noviembre de 2018 con información que indicaba que el gobierno departamental incluso compró de forma directa a las estaciones de Bascou en fechas en las que se desempeñaba como intendente interino, tanto en 2014 como en 2015.
La fiscal Mastroianni todavía no tomó una decisión acerca de si solicitará o no el procesamiento contra el intendente por esta investigación, que se rige bajo el marco del anterior proceso penal vigente hasta noviembre de 2017.
