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Fitch dice que ajuste empezará desde situación fiscal “peor a la esperada”
La agencia Fitch Ratings ratificó este jueves la calificación de grado inversor de Uruguay en BBB- y mantuvo la nota en perspectiva negativa.
El comunicado indicó que el juicio que acompaña la calificación refleja un crecimiento lento y un deterioro fiscal que están impulsando un aumento en la carga de la deuda pública desde niveles ya altos.
Añadió que el gobierno electo “ha expresado un compromiso más claro y creíble para revertir estas tendencias negativas”, pero que “enfrenta un punto de partida más débil de lo esperado anteriormente”.
La prueba para la coalición multicolor
El comunicado señaló que Luis Lacalle Pou asumirá el cargo de presidente el 1 de marzo, luego de su estrecha victoria en las elecciones de fines de 2019 acompañado por una plataforma de reactivación económica y consolidación fiscal.
Para la agencia, la coalición de gobierno que tiene una mayoría parlamentaria debería apoyar el progreso en las reformas. Sin embargo, advierte que el hecho de que la coalición sea nueva y esté compuesta por partidos que no son todos aliados tradicionales, con un grado de diversidad ideológica entre ellos, “plantea incertidumbre sobre el alcance y la velocidad de las reformas que se pueden lograr”.
Se entiende que la ley de urgente consideración que contiene numerosas propuestas para una amplia gama de cuestiones sociales y económicas (seguridad, competitividad empresarial, marco fiscal), servirá como una prueba temprana para la coalición.
Números en rojo
El texto dice que “los esfuerzos de consolidación fiscal comenzarán desde un punto de partida peor de lo esperado anteriormente”. El déficit del gobierno central aumentó al 4,3% del PIB en 2019 desde el 3,4% en 2018, y hasta el 4,8% desde el 4,2% a nivel del sector público.
“Como en años anteriores, el deslizamiento fiscal refleja un crecimiento del gasto corriente primario muy superior a las proyecciones presupuestarias, ya que los ingresos fiscales han disminuido en medio de un crecimiento débil”, destaca.
La deuda del gobierno central aumentó a 62,6% del PIB a fines de 2019 desde 59,8% en 2018, muy por encima de la mediana actual de 'BBB' del 40%. Fitch espera que la deuda siga aumentando en los próximos años, y estima que requeriría un ajuste de alrededor del 2.5% en el saldo primario para estabilizarla.
El gobierno entrante se ha comprometido a reducir el déficit fiscal y ha identificado US$ 900 millones (1.5% del PIB) en los recortes que espera lograr a través de la acción ejecutiva.
La agencia reiteró que esto “podría ser desafiante”, dado un perfil de gasto altamente rígido dominado por los derechos sociales que reduce en gran medida el gasto que se puede recortar discrecionalmente y la resistencia potencial de los grupos sociales.
“El nuevo gobierno ha descartado aumentos de impuestos, lo que es consistente con sus preocupaciones sobre la competitividad, pero eso puede reducir sus opciones de política si los recortes de gastos enfrentan vientos en contra”, dice el texto
Se considera que el proyecto de ley de presupuesto proporcionará una indicación más clara de cómo espera equilibrar los objetivos fiscales con otros planes.
Por otro lado, se indicó que la reforma de la seguridad social tiene un amplio consenso político, pero esto podría tomar tiempo para formularse y promulgar, y mucho más para generar ahorros.
Crecimiento débil
En opinión de Fitch, el crecimiento del PIB real sigue siendo débil, ya que cayó a un estimado de 0,3% en 2019 y promedió 1,3% desde 2014, muy por debajo de la mediana de los países 'BBB' de 3 %. Fitch espera que el crecimiento alcance el 1,5% en 2020 y el 2.5% en 2021 ayudado por la obra de la nueva planta de UPM y el proyecto del ferrocarril central.
En ese sentido, también destacó que la perspectiva de crecimiento a mediano plazo y más allá de la planta de celulosa podría estar determinada por la agenda de crecimiento del nuevo gobierno de Lacalle, aunque su impacto potencial es difícil de evaluar en esta etapa temprana.
El borrador de LUC contiene numerosas propuestas para abordar inquietudes con respecto al clima de negocios e impulsar el crecimiento y el apetito de inversión. Estos incluyen fortalecer la gobernanza en las empresas públicas y liberalizar las importaciones de combustible (es decir, poner fin al monopolio de ANCAP) para reducir las tarifas de servicios públicos, mejorar las protecciones comerciales al activismo sindical y ampliar los incentivos fiscales para las PYME. Las perspectivas de nuevos acuerdos comerciales parecen auspiciosas (por ejemplo, UE-Mercosur), aunque pueden tener largos períodos de introducción gradual, se indicó
Factores de riesgo que podrían desencadenar una rebaja de nota
