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26 de septiembre 2022 - 5:00hs

La serie sobre el Fondo de Solidaridad tiene varias temporadas. La última es la discusión parlamentaria sobre si darle o no un sueldo a la presidenta, un rol que hasta ahora había sido honorario. 

La temporada anterior, en 2015, había sido por los sueldos que cobraba la gerencia del Fondo: el del entonces gerente general, Enrique Miranda, ascendía a $ 370 mil mensuales.

En el medio hubo varios episodios que fueron condimentando la trama con enredos políticos: el echado fue quien años antes había despedido a la actual presidenta, Cerviño, que a su vez fue impulsada para el nuevo cargo por su amiga diputada María Eugenia Roselló, que se hicieron cercanas de la época en la que la legisladora trabajaba en el Fondo. El apego de Roselló es tal que hoy tiene una secretaria del Fondo de Solidaridad con pase en comisión en el Parlamento.

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Su comentario enojó al exgerente general, Enrique Miranda, que en 2017 tuvo que aceptar rebajar su sueldo debido al escándalo que se había armado. En diálogo con El Observador, Miranda dijo que en el Fondo hay “favoritismos políticos” y que lo que dijo el ministro en comisión “es una falsedad fatal”.

“Eso de que nos ‘autoaprobábamos’ los sueldos es una falsedad fatal, porque todo era aprobado y decidido por la comisión. Lo que dice el ministro no tiene sustento. No tiene sentido. Los intereses políticos han sido totalmente negativos para los intereses del fondo”. Siempre fueron las cuestiones políticas las que agraviaron el fondo y nunca de gestión. Se ha empañado por la política”, aseguró.
 
Según su explicación, el Fondo de Solidaridad es una institución pública que se rige por derecho privado, por lo que los sueldos de la gerencia deben ser competitivos con las pautas del mercado. En ese sentido, quienes fijan los salarios son los integrantes de la comisión honoraria: representantes del Ministerio de Educación y Cultura, la Udelar, la Utec, la UTU, la Caja Profesionales, la Caja Notarial, la Agremiación Universitaria y el Banco República.

“Los aumentos de sueldos fueron reconocimientos de la comisión basados en el buen desempeño de la gerencia”, aseguró Miranda. 

Los datos de la institución marcan que en 2008 se daban 5.800 becas al año para estudiantes, mientras que en 2022 se otorgaron 70% más, unas 9.800. 

La caja del Fondo también ha evolucionado. Mientras que en 2008 se recaudaron 894 millones de pesos, en 2021 se alcanzaron 1.448 millones.

Hoy en el Fondo de Solidaridad se atienden el 100% de las solicitudes de becas que recibe. No existen cupos y los motivos por los cuales un estudiante no accede a una beca se deben a no cumplir con los requisitos y no por falta de caja. 

Roselló, la presidenta y la secretaria

Tal como informó El Observador semanas atrás, fue la diputada de Ciudadanos María Eugenia Roselló quien, apoyada por su partido, propuso en un aditivo de último momento en la Rendición de Cuentas ponerle un sueldo a la presidenta del Fondo, que hasta ahora es honorario. 

El trabajo de la presidencia del Fondo de Solidaridad consta de dos horas semanales para firmar pagos y tres horas al mes cuando se realiza la reunión de la comisión.

Roselló es cercana de Cerviño ya que la conoce del tiempo en que las dos trabajaban en el Fondo de Solidaridad. Cuando Cerviño aceptó el rol, hubo un acuerdo de palabra de que el sector político daría batalla por asignarle un sueldo. 

La decisión de agregar un aditivo para dotar de un sueldo a la presidencia del Fondo de Solidaridad se contrapone a las decisiones que ha tomado el gobierno con respecto a este tipo de instituciones. Por ejemplo, en el anteproyecto de la Reforma de la Seguridad Social, la propuesta en el artículo 307 es que el próximo directorio de la Caja Profesional pase a ser honorario. 

Además, Roselló tiene a una funcionaria del Fondo de Solidaridad con un pase en comisión en el Parlamento, donde la trabajadora cumple rol de secretaria. Se trata de una práctica legal, aunque para Miranda es “éticamente cuestionable”. “Si se habla de becas, el sueldo de la secretaria equivale a 20 becas”, dijo a El Observador.  El pase de la secretaria también fue cuestionado por la Agrupación Universitaria del Uruguay, que en un comunicado semanas atrás consideró “inaceptable” asumir el costo del salario de la presidencia y el de la funcionaria que se encuentra en pase en comisión como secretaria de Roselló. 

Una historia entreverada

La actual presidenta del Fondo de Solidaridad, Rosario Cerviño, ya había trabajado en la institución como contadora. En 2012, tres años después de que Miranda entrara en la gerencia general, fue él quien a partir de un informe propuso la destitución de la mujer, debido a que consideraba que se le habían atribuido tareas gerenciales para las cuales no estaba demostrando liderazgo. Cerviño dejó de trabajar en el Fondo y volvió con el cambio de gobierno, en el puesto honorario de presidencia. 

En 2022, venció el contrato que Miranda había firmado en 2017 cuando se le bajó el sueldo en más de $ 100 mil. En ese entonces, la rebaja salarial implicaba la firma de un nuevo contrato a cinco años, que venció en abril de este año.

Según informó La Diaria, Miranda inició una demanda por este tema y reclama una indemnización de 5,6 millones de pesos “por despido y daño moral”, que no se le pagó al momento de haber sido desvinculado.   

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