Nacional > Política

Fondos decomisados a los narcos financiarán atención para adictos

Gobierno construirá una sala de emergencia especializada en el Policial

Tiempo de lectura: -'

31 de julio de 2017 a las 05:00

El gobierno apelará a los fondos decomisados al narcotráfico para reforzar las políticas públicas de atención a las personas con problemas de adicción a las drogas.

La gran apuesta en este sentido será la construcción de un centro de intervenciones en crisis que funcionará en el Hospital Policial, según anunció a El Observador el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera. "Esto viene a ser una puerta de emergencia para situaciones extremas por consumo de drogas. El proyecto ya está aprobado por la JND", dijo el jerarca.

Hoy en día, cuando alguien sufre una crisis causada por el consumo en exceso de drogas, es atendido por las puertas de emergencias tradicionales, pero en busca de mejorar la respuesta que se da en casos graves el Poder Ejecutivo decidió dar este paso.

"Pensamos en algo mucho más especializado porque permite que todo el personal de esa puerta de emergencia tenga una capacitación específica, apoyado por toxicólogos expertos en la materia", dijo Olivera.

Las autoridades están ultimando los detalles del llamado público a realizar con el objetivo de inaugurar el nuevo centro de atención durante este período de gobierno.
La iniciativa demandará una inversión cercana a los US$ 2 millones. Una de las novedades es que ese monto será aportado por los fondos de los bienes decomisados al narcotráfico. Esa medida está cargada de simbolismo.

"Los recursos que son extraídos de las actividades ilícitas son devueltos a la sociedad con servicios brindados por diferentes instituciones. Esta es una de las grandes virtudes de decomisar los activos a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, a la trata de personas y a otras actividades como la corrupción", aseguró el jerarca.

A su juicio, obtener esos recursos para invertirlos es clave porque no solo alcanza con que el narco esté preso. "Si no se decomisan los bienes, esa organización sigue funcionando", expresó el secretario general de la JND.

La puesta en marcha de esa puerta de emergencia para adictos no es la única política que el gobierno llevará adelante para fortalecer la atención a las personas con consumo problemático. Esos bienes incautados de actividades ilícitas también ayudarán a reforzar las plazas con las que cuenta el Estado para brindar asistencia a los adictos problemáticos.

En la actualidad, la JND cuenta con 120 plazas residenciales en sitios donde los adictos están entre tres y seis meses viviendo allí. La puerta de emergencia del Hospital Policial, cuyo nombre técnico será "Dispositivo de Intervención en Crisis", generará 16 plazas adicionales de corta estadía, con un máximo de siete días. El aporte de los fondos decomisados ya ha ampliado la capacidad de atención ambulatoria para personas que viven en la calle. Esos aportes de fondos van a un fideicomiso que administra la capacitación del personal, el mejoramiento de la infraestructura y la contratación de técnicos.

Incautaciones

El Estado ha logrado afrontar importantes inversiones gracias al Fondo de Bienes Decomisados, el organismo encargado de administrar estas incorporaciones que salen del dinero sucio. El ejemplo más emblemático fue la compra del edificio donde hoy en día tiene sus oficinas la Fiscalía de la Nación. Esa repartición estatal adquirió un enorme inmueble ubicado sobre la calle Paysandú, que pertenecía a la empresa Bayer. El negocio fue por US$ 2.250.000. En diciembre del año pasado, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacó lo importante de dar ese paso.

"El resultado de la adquisición de este edificio con dinero que se le incautó a los narcotraficantes, a los lavadores y a los corruptos es producto de una política pública que apunta a privarle al crimen organizado de los beneficios económicos y destinarlo al tratamiento y salud de los adictos, y también a los organismos de represión, como la Fiscalía", dijo Díaz.

Un informe del Fondo de Bienes Decomisados, al que accedió El Observador, sostiene que entre 2010 y junio de 2017 la recaudación de dinero por multas o remates es de US$ 12.959.022 y $ 36.583.121.
El total de bienes con que el sistema cuenta asciende a 6.842. El primer lugar lo ocupa la incautación de dinero (2.424), seguido por los vehículos (1854) y los teléfonos (1050).

La lista la completan la incautación de equipos tecnológicos, alhajas, inmuebles, avionetas, vehículos marítimos y semovientes. Desde 2010 hasta junio de este año, el sistema registró 34 remates, con 900 bienes rematados. Estos remates produjeron ingresos por US$ 1.535.251 y $ 87.359.623.

Comentarios