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Frente Amplio apunta a Ferrés y pide responsabilidad política por la "banda criminal que operaba en Torre Ejecutiva"
Las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio comenzaron a analizar este miércoles el mecanismo institucional más adecuado para reclamar responsabilidades políticas en torno al caso de Alejandro Astesiano. El jefe de la custodia presidencial fue imputado junto con otras tres personas por liderar una organización dedicada a la falsificación de documentos para que ciudadanos rusos pudieran obtener cédulas y pasaportes uruguayo.
En la oposición, el punto de mira quedó fijado en Rodrigo Ferrés que, como prosecretario de la Presidencia, es el que tiene legalmente el control de todo lo que sucede con el organigrama de la custodia del presidente de la República, sobre todo a la hora de conformar y designar a ese equipo. Así lo señaló el senador Alejandro Sánchez (MPP), que insistió en que el tema configura un "escándalo internacional" para Uruguay.
El senador frenteamplista consideró que existe una responsabilidad política del gobierno, en particular de Ferrés, al haber colocado en ese puesto a una persona con "profusos antecedentes" como Astesiano, al que describió como el líder de una "banda criminal instalada en la Torre Ejecutiva".
"El gobierno deberá hacerse cargo —reclamó el senador—. Tiene que darle explicaciones al Parlamento". El problema, admitió, es de qué forma hacerlo. Ni Ferrés ni los demás jerarcas que están en la órbita de Presidencia tienen, constitucionalmente, responsabilidad ante el Poder Ejecutivo. Por tanto, no pueden ser interpelados ni llamados a sala, como sucede con los ministros. Se verá, apuntó Sánchez, cuál es la forma adecuada para que el gobierno acuda allí y explique este proceso. "Entraba gente a la Torre Ejecutiva para hacer negocios turbios", insistió.
"Acá están comprometidos otros funcionarios públicos", observó. Sánchez hizo alusión allí a que, según la investigación fiscal, Astesiano "tenía contactos" en Cancillería y en el Ministerio del Interior para su operativa ilegal. En ese marco, sostuvo que se debe aclarar quién fue el cómplice que le permitió a Astesiano, por ejemplo, acceder a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
En rueda de prensa, Sánchez apuntó a las implicaciones derivadas del caso. Como jefe de la custodia presidencial, Astesiano es el que tenía a su cargo la seguridad de todos los dignatarios y mandatarios extranjeros que llegan a Uruguay. "El jerarca que debía atender a los presidentes y darles seguridad es quien había montado una asociación para delinquir en el piso 4 de la Torre Ejecutiva —remarcó—. Acá no se puede barrer debajo de la alfombra".
Sánchez dijo que teme por las consecuencias que sufrirán los uruguayos que viajen por el mundo, confiados hasta ahora en "la seguridad" de los pasaportes nacionales. En ese marco, el senador reclamó que "se vaya hasta el hueso" para aclarar una situación que "ha manchado" la reputación internacional del Uruguay.
Una sociedad azorada
El senador Mario Bergara afirmó por su parte que la sociedad uruguaya entera "está azorada" debido al hecho de que en el gobierno no existieran los "filtros mínimos" que evitaran la designación de Astesiano como jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou. Peor aún, indicó, cuando el propio presidente terminó de reconocer que sabía que su jefe de seguridad tenía más de 20 indagatorias policiales.
"No logro entender cómo se llegó a esta situación" afirmó el senador, que habló de una total falta de profesionalismo y seriedad en el Poder Ejecutivo. Bergara, al igual que Sánchez, sostuvo que el hecho termina afectando seriamente la reputación internacional del país.
