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Frente Amplio propone más transparencia y abre una ventana a planteos de la oposición

El oficialismo presentó un proyecto para combatir la corrupción, pero deberá apelar a votos y propuestas externas

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01 de noviembre de 2018 a las 05:00

A poco de iniciado el año electoral, la ética y la corrupción ya se muestran como dos palabras que estarán en el centro de los discursos de campaña. La oposición insistirá en un tema que ha enredado al gobierno durante el último año y medio –particularmente a partir del caso Sendic–, pero el oficialismo no quiere quedarse atrás y también busca dar señales de combate a las prácticas inadecuadas. 

En ese marco, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para “adecuar” la normativa respecto a las “buenas prácticas de actuación en la función pública” y “fortalecer la transparencia” en todo el Estado. El texto, difundido este miércoles por El País, lleva las 16 firmas de los senadores frenteamplistas, pero para la aprobación del proyecto se requieren al menos dos tercios de los votos, lo que abre la ventana a una oposición que no quiere desperdiciar la oportunidad y ya está preparada para poner arriba de la mesa sus propias propuestas.

La iniciativa del oficialismo propone, en buena medida, dar estatus de ley a disposiciones que hoy están enmarcadas en decretos como el N°30/2003 sobre normas de la función pública (del gobierno de Jorge Batlle), pero también busca ampliar algunas restricciones. Por ejemplo, se amplía el concepto de corrupción, enmarcando bajo esa figura “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la Persona Pública no Estatal". 

Asimismo, se incluye como “parte integrante del concepto de corrupción la oferta que realice una persona física o jurídica a un funcionario público, de un beneficio de cualquier especie, para sí o para un tercero, a los efectos de que cumpla con las tareas propias de su función u omita cumplirlas”. 

Es decir, el proyecto prevé sancionar a ambos lados del mostrador. “Quien incurra en esta conducta quedará suspendido en la posibilidad de contratar con una Persona Pública Estatal y no Estatal y de actuar como representante, gestor o administrador de un proveedor de las mismas por un término de dos años, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que corresponda”, expresa el texto. 

Por otra parte, se obliga a los representantes del Estado en las empresas que operan bajo derecho privado a “rendir cuentas de su gestión, cuando la Persona Pública correspondiente así lo requiera, estando obligado a hacerlo de forma documentada y comprobable, respecto de la versión, utilización o gestión de los fondos recibidos y administrados y respecto de la utilización de las tarjetas de crédito corporativas”. Esa disposición comprendería, por ejemplo, casos como el del expresidente de ALUR, Leonardo De León, denunciado por uso indebido de las tarjetas corporativas. La Justicia absolvió a De León porque, a diferencia del ex vicepresidente Raúl Sendic, su gestión estaba regulada por el derecho privado y no podía imputársele el delito de peculado.

Propuestas bienvenidas

Como el proyecto abarca a todos los trabajadores del Estado, requiere al menos dos tercios de los votos para su aprobación. Según el artículo 64 de la Constitución, se requiere esa mayoría para “establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”.

“A sabiendas que no contamos con las mayorías necesarias para establecer una norma de estas características deseamos iniciar el proceso para que el Estado Uruguayo se dé a sí mismo una norma integral (y absolutamente necesaria), que imponga un marco de conducta y parámetros de acción a los funcionarios públicos”, publicó el senador del MPP Charles Carrera en su cuenta de Facebook el pasado 9 de octubre. 

Consciente de esa falta de mayorías, la oposición quiere aprovechar para introducir sus propias propuestas. Entre los proyectos que están arriba de la mesa a la espera de un acuerdo político están las iniciativas del senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) de establecer la figura de enriquecimiento ilícito, así como la de testigo arrepentido, y la propuesta del senador Pablo Mieres (Partido Independiente) de ampliar las potestades de organismos de contralor como la Jutep y el Tribunal de Cuentas. 

Ambos senadores han planteado esas medidas al presidente Tabaré Vázquez. Al comienzo de la legislatura, Bordaberry le envió un paquete de 45 proyectos, entre los que se encontraba la creación de la figura de enriquecimiento ilícito. El Partido Independiente, en tanto, se reunió con Vázquez en noviembre de 2017 para plantearle un "shock de transparencia". La agrupación liderada por Mieres propone ampliar el marco de actuación de la Jutep, dándole potestades para investigar y permitiendo la apertura al azar de las declaraciones juradas, y que algunas observaciones del Tribunal de Cuentas puedan tener efecto suspensivo de las compras o contrataciones del Estado. 

El "garganteo" y el "griterío"

La presentación del proyecto de ley motivó un duro intercambio vía Twitter entre los senadores Mieres y Carrera. El líder del Partido Independiente escribió que el FA "sale a gargantear" con un proyecto que "es básicamente convertir en ley un decreto vigente". Mieres advierte "una intención política de tratar de mostrarse preocupados" y de "sacar pecho" con la propuesta, según declaró a El Observador

El planteo le valió una respuesta de Carrera, quien acusó a Mieres de no haber leído el proyecto, que "incorpora nuevas herramientas jurídicas". 

Carrera dijo a El Observador que la propuesta "va mucho más allá" de la transformación de decreto a ley, y señaló que el Frente Amplio está "abriendo la discusión" en temas de transparencia.  

 

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