Fuertes críticas a la política inmigratoria de la nueva ministra del Interior británica

El 4 de octubre, en su primer discurso importante ante la conferencia del Partido Conservador, la ministra aludió al “desafío de la inmigración masiva y rápida” y al “abuso de los solicitantes de asilo”, una retórica que suele ser patrimonio de los sectores xenófobos de la política británica. 

Antes del anuncio del martes, los medios de comunicación del Reino Unido informaron que Braverman estaba trabajando en una legislación que prohibiría a cualquier persona que ingresara ilegalmente al país solicitar asilo. 

La ministra confirmaría esto más tarde al afirmar que la medida “dejaría en claro que el único camino hacia el Reino Unido es a través de una ruta segura y legal”.

“Si ingresa deliberadamente al Reino Unido desde un país seguro, debe ser devuelto rápidamente a su país de origen o reubicado en Ruanda, donde se considerará su solicitud de asilo”, agregó.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que tal ley “violará casi con seguridad” la Convención de Refugiados de 1951. En una declaración a The Guardian, un portavoz afirmó que “el acceso al asilo nunca debe depender del modo de llegada o la nacionalidad”.

Las propuestas de Braverman irán aún más allá del ya extremadamente estricto sistema de inmigración cimentado por su predecesora, Priti Patel, a quien Braverman agradeció en su discurso por sentar las “bases” de su política.

Desde 2021, las personas tienen prohibido presentar una solicitud de asilo en las aguas territoriales del Reino Unido. Según las nuevas leyes que entraron en vigor en junio de 2022, los solicitantes de asilo que son interceptados por funcionarios en el Canal de la Mancha son penalizados por haber ingresado al Reino Unido “ilegalmente”.

Además, el Ministerio del Interior ahora está autorizado a rechazar una solicitud de asilo si el solicitante ha pasado por un tercer país "seguro", incluida Francia. Braverman también indicó una mayor coordinación con París para aumentar las intercepciones de barcos por parte de las autoridades francesas, para evitar que las personas crucen el Canal hacia el Reino Unido.

A pesar del énfasis que Braverman y el gobierno ponen en las rutas “seguras y legales”, las organizaciones de derechos humanos han señalado que es la falta de éstas lo que empuja a las personas a viajar por rutas peligrosas.

Esto también fue reconocido por el Comité Selecto de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes en 2019 cuando señaló que “una política que se enfoca exclusivamente en el cierre de fronteras empujará a los migrantes a tomar rutas más peligrosas”

Más de 33.500 personas han llegado al Reino Unido a través del Canal de la Mancha en lo que va de 2022. Las cifras del Ministerio del Interior muestran que, entre enero de 2018 y junio de 2022, el 94% de las personas que cruzaron el Canal en pequeñas embarcaciones habían solicitado asilo.

Si bien el Ministerio del Interior ha dicho que las personas deben ser notificadas de una decisión sobre su reclamo dentro de los seis meses, el 70% no recibió respuesta dentro de este período específico en el último año.

“Al centrarse en el castigo en lugar del procesamiento, Patel y Braverman han dejado a más de 90.000 personas esperando una decisión sobre su solicitud de asilo, viviendo en el limbo e incapaces de comenzar a reconstruir sus vidas. Han mantenido a muchas personas detenidas, injusta e indefinidamente”, afirmó la organización de derechos humanos Detention Action.

El Ministerio del Interior también planea reabrir dos centros de detención para albergar a 1.000 solicitantes de asilo masculinos en un proyecto que costará US$ 442 millones.

El director de Detention Action le dijo a la BBC que “se ha demostrado que la detención es ineficaz, inhumana y no beneficia a nadie más que a las empresas privadas que administran los centros”. Y expresó también que “el 86% de las personas que ingresan en los centros de detención finalmente son liberadas en el Reino Unido, ya que su detención no tuvo ningún propósito en absoluto. Es un sistema fallido (…) que destruye la vida de las personas”.

“Este gobierno sabe que la detención daña vidas y comunidades. Conocen las alternativas a la detención (vivienda y apoyo en las comunidades locales) que funcionan mejor para todos y son más rentables. Pero están decididos a vender crueldad para obtener titulares”, declaró el Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes (JCWI).

El impacto de los planes de la ministra del Interior puede empeorar por su intención explícita de eludir y deshacer las protecciones existentes para los solicitantes de asilo y los refugiados, como lo demuestra una de sus expresiones durante la conferencia: “la política del Reino Unido sobre la inmigración ilegal no debe descarrilarse por el abuso de nuestras leyes modernas de esclavitud, la Ley de derechos humanos de los trabajadores o las órdenes del Tribunal de Estrasburgo.

Afirmó que las personas que llegaban en pequeñas embarcaciones habían mentido sobre ser víctimas de la trata y la esclavitud moderna. Su antecesora Priti Patel había hecho afirmaciones similares acerca de que la mayoría de las personas que llegaban en botes pequeños no eran solicitantes de asilo sino “migrantes económicos”. 

Según la Fundación Helen Bamber, una organización defensora de derechos humanos, se ha confirmado que más del 90% de los casos remitidos desde la detención son víctimas de la trata. Sin embargo, a pesar de ser reconocidas como tales, las personas no han sido puestas en libertad y las decisiones finales sobre los casos tardan un promedio de 17 meses.

“No se está ‘abusando’ del sistema, se está dañando a las personas que ya han sido explotadas”, afirmó la organización.

En una inquietante declaración realizada en un evento al margen de la conferencia tory, Braverman afirmó: “Me encantaría tener una portada de The Telegraph con un avión despegando hacia Ruanda, ese es mi sueño, es mi obsesión”.

Se refería al acuerdo ampliamente condenado firmado por el gobierno del Reino Unido en abril para trasladar por la fuerza a los solicitantes de asilo a Ruanda. El primer vuelo de deportación a Kigali el 14 de junio quedó en tierra pocos minutos antes del despegue, debido a la acción directa crucial de los activistas y una intervención de última hora del Tribunal europeo para los Derechos Humanos.

Una investigación posterior sobre las horas previas al vuelo reveló escenas de detenidos en grave angustia, autolesionándose, amenazando con suicidarse y siendo colocados en ataduras “inductoras de dolor” mientras intentaban resistir su deportación.

El acuerdo está actualmente sujeto a desafíos legales. En setiembre, el Tribunal Superior del Reino Unido llevó a cabo una revisión judicial de cinco días del acuerdo en un caso presentado por Care4Calais, Detention Action y el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), junto con solicitantes de asilo individuales.

La agencia de la ONU para los refugiados también ha hecho presentaciones escritas en los procedimientos, enfatizando que el arreglo planteaba un riesgo de devolución (o devolución forzosa) y una violación de la Convención de Refugiados.

Las audiencias han revelado que las preocupaciones sobre el acuerdo, incluidos los riesgos de violaciones de derechos humanos y persecución, han sido planteadas repetidamente por funcionarios del Reino Unido. Sin embargo, estos fueron dejados de lado, y la entonces ministra del Interior Priti Patel y el primer ministro Boris Johnson buscaron activamente un acuerdo con Ruanda.

A pesar de que el tribunal aún debe emitir un fallo sobre el tema, el Ministerio del Interior, ahora dirigido por Braverman, está planeando otro vuelo de deportación, con "avisos de intención" enviados a los solicitantes de asilo en septiembre.

Mientras tanto, el tribunal escuchará otra impugnación legal del acuerdo, presentada por Asylum Aid, tras lo cual se dictará una sentencia para ambos casos. Según se informó el PCS y Care4Calais también están considerando presentarse a la corte para oponerse a la prohibición de asilo propuesta por Braverman.