Fuga de Morabito: tras cuatro años de investigación, Interior destituirá a cuatro funcionarios

Casi cuatro años después, el ministerio terminó de investigar el accionar de un total de 28 funcionarios. Según anunció en rueda de prensa el subsecretario Guillermo Maciel, de ese total de 28 trabajadores, 14 están exonerados de responsabilidad, 7 tienen faltas leves, 3 graves y 4 muy graves, lo cual es motivo de destitución.

"Va a ir a la ONSC para la destitución por las irregularidades constatadas", explicó. Las personas investigadas cumplían distintos roles, detalló Maciel. "Supervisión, coordinación, los que eran encargados de jerarquías máximas dentro de los controles que había que haber tenido y no se tuvo. No se dieron instrucciones, por ejemplo, a los guardias de qué debería hacer en el piso sexto donde estaba Morabito", explicó el jerarca. 

Además de los cuatro casos de destitución, las otras sanciones implicarán la suspensión por varios días o hasta seis meses. 

El tipo de faltas que cometieron, señaló Maciel, se detallarán cuando estén las resoluciones y los funcionarios notificados. 

Maciel, sin embargo, señaló también que el abogado que condujo la investigación administrativa encontró otras irregularidades que quedaron "fuera de la investigación y del sumario administrativo". "Situaciones irregulares que no estaban contempladas en el sumario", afirmó Maciel. 

Entre ellas la aparición en una celda del sexto piso, que tenía arrancada la reja, y estaba colgando una soga con nudos y con un arnés; la manipulación de las cámaras de videovigilancia del sexto piso de la ex Cárcel Central; y las filmaciones donde se ve que Morabito corrió las cámaras para que no se registraran sus movimientos. 

Maciel también recordó que tres días antes de que se produjera la fuga, el 20 de junio de 2019, la Cárcel Central quedó sin sistema de videovigilancia porque fue retirado. 

Y subrayó que tampoco se investigó el pendrive que le entregó a Morabito el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, que iba a visitar al italiano a Cárcel Central. El dispositivo, recordó Maciel, fue incautado por la directora del momento de Cárcel Central, quien lo elevó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). 

"Ese pendrive no aparece, no sabemos qué contenido tiene, el destino que ha tenido. Eso tampoco fue investigado. Todos estos hechos que son graves, realmente graves, son los que quedaron sin investigar", expresó el subsecretario. 

Ahora, el Ministerio del Interior abrió una investigación administrativa por cada uno de esos hechos.

Consultado sobre el conocimiento de Fiscalía sobre los hechos constatados por Interior en la investigación administrativa, Maciel dijo que todas esas situaciones "ya están en sede". 

"Es en paralelo a la investigación administrativa y al sumario que siguen las actuaciones en Fiscalía, que podrán tener coincidencias o no", afirmó. 

"La Fiscalía trabaja exclusivamente con el apoyo de Asuntos Internos de la Policía. Y nosotros en ese caso somos ajenos, no participamos de la causa de Fiscalía. Están las denuncias hechas, una cantidad de elementos. Sabemos que Lackner había avanzado mucho, estaba cerca de finalizar la investigación, había dicho en algún momento. Tenemos fe en que la Fiscalía lo más pronto posible para aclararle a la ciudadanía cómo se fugó el zar de la cocaína, nada más y nada menos de San José y Yi y se fue caminando y se tomó un taxi", criticó. 

El caso

El mafioso italiano, líder de mafia calabresa 'Ndrangheta, se fugó de la ex Cárcel Central, en pleno centro de Montevideo, el 23 de junio de 2019, junto con otros tres delincuentes. 

Estaba preso en Uruguay desde 2017, mientras se procesaba su extradición a Italia, país donde era uno de los cinco hombres más buscados cuando fue encontrado en un hotel de Montevideo, bajo el nombre de Francisco Capeletto. 

Después de la fuga en junio de 2019, Morabito fue recapturado en mayo de 2021 en la ciudad brasileña de Joa Pessoa. En julio de 2022 finalmente fue extraditado a Italia, donde permanece en prisión. 

El caso de la fuga fue investigado durante varios años por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, quien en tres años al frente de la causa solo consiguió la imputación de un capitán de la Guardia Republicana, que fue formalizado en julio de 2022. El policía fue imputado por reiterados abusos de funciones y era investigado por disponer 12 traslados sin orden judicial de Gerardo González Valencia, un narcotraficante mexicano –integrante de Los Cuinis– que también estuvo preso en la Cárcel Central y que fue extraditado a Estados Unidos.