La Policía llegó el 16 de junio a la casa de Residentes de Lavalleja, un lugar destinado a estudiantes de ese departamento que viven en Montevideo, para buscar celulares, computadoras, pendrives o discos duros de un joven de 31 años que vive en ese lugar y que la Justicia sospechaba que almacenaba material pornográfico infantil.
La información llegó a la Justicia de parte de la National Center for Missing Exploteid Children (Ncmec), una organización privada estadounidense que se dedica a "reducir la explotación sexual infantil y encontrar a los niños perdidos" y que "trabaja para evitar los secuestros infantiles", según detalló la sentencia del Poder Judicial.
La organización estadounidense le advirtió a la Justicia uruguaya que el hombre, que resultó ser funcionario de la unidad Selección y Carrera Funcional de la Intendencia de Montevideo (IM), intercambió 21 archivos de video e imagen a través de su cuenta de Google que contenían "material de abuso sexual infantil", según señaló el expediente al que accedió El Observador. La Policía a través de ciberdelitos pudo establecer la identidad del hombre y el domicilio a través del número de I.P.
El pasado 9 de agosto al mediodía dos efectivos policiales llegaron al edificio de la IM y detuvieron al hombre. A su vez, la comuna le inició un sumario, lo suspendió y le retuvo el 100% del salario "a efectos de determinar si su conducta configura ineptitud moral para la permanencia en el cargo", señaló la resolución de la IM.
5 días de cárcel
El 10 de agosto el detenido llegó a un acuerdo abreviado con el juez Fernando Islas, quien determinó que el hombre fuese imputado por almacenar material pornográfico en el que aparecían menores de edad, algo penado por el artículo 2 de la ley N° 17.815. El Juez determinó una pena de 24 meses de prisión, pero el hombre pasó solo cinco días en la cárcel.
"Los restantes 23 meses y 25 días se cumplirán en un régimen de libertad a prueba", dispuso el magistrado. A su vez, deberá presentarse una vez por semana en la seccional policial, prestar servicios comunitarios durante dos horas semanales por ocho meses, e iniciar un tratamiento con "un profesional de la salud mental" y acreditarlo cada tres meses. También se incluyó al hombre en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
La Justicia argumentó que la pena de dos años se dividiría de esa forma –cinco días de prisión efectiva y el resto en libertad a prueba– debido a que el hombre reconoció el delito y era primario.
En la incautación que la Policía realizó a pedido de Fiscalía en junio se encontró un celular, cuatro pendrives y una notebook. En uno de los pendrives se encontraron 80 megabytes de "material de interés para la investigación" y 215 megabytes de imágenes de abuso sexual infantil en el celular. También se encontró material en la notebook, pero la cantidad no quedó especificada en el expediente judicial.
La imágenes contenían actos sexuales "explícitos entre niñas, niños y adolescentes, penetraciones digitales de adultos hacia niñas pre-púberes, actos sexuales colectivos entre niñas, niños y adolescentes, así como otras imágenes de igual carácter donde la constante lo son las niñas, niños y adolescentes víctimas de prácticas sexuales", detalló la sentencia.
A su vez, el escrito señaló que los menores que aparecían en las imágenes almacenadas por el funcionario de la IM tenían los rostros despejados.
La condena de la Justicia le prohibió al funcionario a ejercer cargos públicos o privados por 10 años en el área educativa o de la salud o en todas aquellas que involucren a menores. La IM aún no tomó una resolución al respecto, debido a que el sumario está en curso. El funcionario había comenzado a trabajar en la IM en julio de 2022 mediante un llamado a concurso de oposición y méritos para cargos administrativos.
