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Funcionarios públicos: números absolutos y juicios relativos

Se discute la cantidad pero no tanto calidad y métodos de gestión

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21 de septiembre de 2019 a las 05:03

Los contratos de trabajo con el Estado uruguayo, que suman alrededor de 313.000, alcanzan un récord histórico. Equivalen al 9% de la población total del país, estimada en 3,5 millones de personas. Son unos 73.000 contratos más que cuando el Frente Amplio inició su andadura en el gobierno. En 2005 los contratos de funcionarios, unos 240.000, representaban el 7,4% de la población, después de un largo proceso de reducción que se inició en 1990.

En realidad, los 313.000 vínculos laborales de hoy con el Estado corresponden a unas 292.500 personas, pues algunos tienen más de un contrato.

El número de funcionarios creció cada año entre 2005 y 2019, aunque con más fuerza durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). El propio Mujica, así como el actual ministro de

Economía, Danilo Astori, y otros jerarcas frenteamplistas han admitido que el número de funcionarios fue más allá de lo razonable, y que el país puede recaer en la “enfermedad” que ya sufrió a mediados del siglo pasado.

La actual proporción de funcionarios supera a la de otras etapas históricas extraordinarias, como el paroxismo estatista y proteccionista que se desarrolló entre las décadas de 1930 y 1960, cuando el 8,2% de la población llegó a revistar en el Estado; o en 1985, cuando una dictadura en retirada colocó a muchos de sus cuadros en la función pública, y el primer gobierno democrático repuso a los destituidos (entonces el 8,7% del total de habitantes era funcionario).

Uruguay tiene la mayor cantidad de funcionarios per capita de América del Sur, salvo Venezuela y Argentina, dos países que incrementaron enormemente su burocracia en las últimas décadas. 

Los funcionarios públicos representan el 20% de los empleos formales, que en marzo de este año sumaban 1.450.210 (cotizantes del Banco de Previsión Social). Respecto al empleo total, que incluye a los trabajos informales o “en negro”, y que suma unos 1.600.000 puestos, la significación del empleo público sería de 18,2%.

Ese es exactamente el promedio de funcionarios en los países de la OCDE, en general bastante más desarrollados que Uruguay, y que cuentan con sectores privados muy ricos y dinámicos.

La proporción de funcionarios en Uruguay está ciertamente por debajo de Estados desarrollados muy empleadores, como Francia o los países nórdicos europeos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia), aunque por encima de Estados más nuevos de base económica parecida, como Australia o Nueva Zelanda; o de otros referentes mundiales como Canadá, Alemania, España, Suiza, Corea del Sur o Japón.

Pero aún más apreciables son las diferencias de gestión y de riesgo. En general, los Estados más desarrollados tienden a aplicar criterios propios del sector privado. Además, la tramitación electrónica debería derivar en una radical reducción de la burocracia en Ministerios, Intendencias y en ciertas empresas.

En los últimos 20 años la cantidad de empleados de las empresas públicas uruguayas, incluyendo a los bancos estatales, permaneció igual. Eran 29.226 personas en 2000 y ahora son 29.217. (En 1969 sumaban 64.164. Sólo Ancap, UTE y AFE ocupaban 37.067 personas. Ahora esas empresas emplean a 9.778).

El peso relativo de cada empresa pública ha variado en estas dos décadas. Algunas engrosaron su plantilla (especialmente UTE, Antel, OSE, Banco de Seguros y Banco Central), otras la redujeron en forma drástica (Banco Hipotecario, aunque habría que sumarle los 539 funcionarios de la Agencia Nacional de Vivienda, y AFE) y Pluna desapareció.

Las 19 Intendencias del país, que emplean al 1,2% de la población, tienen 41.230 funcionarios: 8,3% más que en 2009. La Intendencia de Montevideo, la más grande, llevó sus empleados de 8.466 en diciembre de 2009 a 9.480 una década más tarde, un aumento de 1.014 funcionarios. 

En proporción, las Intendencias que más aumentaron su plantilla en la última década, por encima del promedio, fueron las de Rivera (23,4%), Cerro Largo (18,3%), San José (17,8%), Paysandú (16,1%), Río Negro (15,4%), Flores (14%), Colonia (13,8%), Florida (13,5%), Treinta y Tres (12,9%), Montevideo (12%), Artigas (10,5%) y Soriano (10%).

Esos departamentos combinan administraciones de los tres principales partidos políticos.

En el otro extremo, solo las Intendencias de Lavalleja y Durazno (nacionalistas) redujeron la cantidad de funcionarios entre 2009 y 2019, en tanto la de Canelones (frenteamplista) la mantuvo.

El gran aumento de funcionarios durante los gobiernos del Frente Amplio se registró en la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y la Universidad de la República (alrededor del 55% del incremento del número de funcionarios entre 2005 y 2019). En parte se debió a la expansión del sistema de enseñanza pública, y en parte a la presupuestación efectiva de funcionarios y docentes que eran precarios. (En términos históricos, la mayor expansión de la enseñanza secundaria y técnica se registró entre las décadas de 1940 y 1960, cuando los liceos y UTUs se expandieron por el interior del país y los barrios periféricos de Montevideo).

Otras áreas que incrementaron significativamente su plantilla entre 2005 y 2019 fueron ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) y, en menor medida, el Ministerio del Interior.

Enseñanza, salud pública y seguridad: tres funciones básicas del Estado fueron reforzadas con gran número de funcionarios, aunque son, precisamente, tres de las áreas más cuestionadas por los resultados obtenidos. Grande pero no fuerte.

Hay muchos debates decisivos que continúan pendientes: ¿Se necesitan más policías y menos militares; más jueces y fiscales y menos Ancap; más gestión privada y municipal de la propiedad pública, como las escuelas y liceos de Nueva Zelanda? Y otros asuntos no menores y muy añejos: calidad y transparencia de los concursos y de las licitaciones; empleo de militantes y el Estado como sostén de aparatos partidarios; presión tributaria y productividad del sector público.

Es improbable que el debate electoral, que suele caer con facilidad en la brocha gorda, la sensiblería y la demagogia, derive hacia una evaluación de la calidad del sector público uruguayo, y sobre nuevos métodos de gestión, responsabilidad y riesgo, incluida la eventual revisión de la inamovilidad de los funcionarios. 

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