Gobierno analiza crear centros intermedios para adultos mayores contagiados

Entre las medidas discutidas, que serán afinadas en las próximas horas, está la creación de centros intermedios para contagiados, la división territorial de la asistencia médica por parte de los prestadores de salud, y el otorgamiento de un período de gracia a los hogares irregulares para que se integren a la red formal de contención. 

El MSP recibió a los prestadores de salud pública para discutir cómo se coordinará el monitoreo de Residenciales de Adultos Mayores (RAM) anunciado el pasado domingo, luego de que se conociera un brote de coronavirus en tres casas de adultos mayores. 

En el encuentro, los prestadores dieron su apoyo al proyecto del gobierno y acordaron "buscar una manera" de instrumentarlo. Este miércoles se volverán a reunir para discutir los detalles. 

Presidencia les había enviado el domingo un documento con los puntos principales del proyecto de monitoreo, en el que se pauta a grandes rasgos el rol de cada uno de los actores. 

El texto, al que accedió El Observador, indica que el MSP y el Mides cumplirían "el rol articulador y coordinador de una red de asistencia –que podría ser por departamentos–, aprobarían los protocolos de actuación, y fiscalizarían la ejecución".

Según Raúl Rodríguez, presidente del Casmu y uno de los participantes de la reunión de este martes, los prestadores se mostraron "proclives" a acompañar el proyecto aunque consultado por los detalles dijo que "está todo en discusión".

Uno de los puntos a debatir a partir de este miércoles es la distribución y asignación de los residenciales para cada prestador. La intención del gobierno, apoyada por las instituciones públicas y privadas, es que cada prestador quede a cargo de un determinado grupo de residenciales para su monitoreo y asistencia salvo casos graves. 

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Respecto a la asignación de los residenciales a cada prestador, el documento enviado el domingo señala tres posibles modalidades de reparto, procurando que "la carga a asumir por cada una sea proporcional a su caudal de atención y los riesgos que tienen en este caso".

Una opción es distribuir los residenciales "en base a la cantidad de afiliados de los prestadores y luego hacer una división territorial o un criterio aleatorio". "Es sencillo, pero puede no ser justo por no representar la cantidad que cada uno tenga en los RAM en general o en particular", dice el documento.

Una segunda alternativa es análoga a la anterior pero "en base a la cantidad de afiliados adultos mayores de cada institución". "Es más justo, pero el criterio territorial solo o el aleatorio pueden no asignar a cada uno las RAM de mayores afiliados o usuarios propios", señala para esa opción. 

La tercera indica que "si se efectúa rápidamente el relevamiento de las RAM y de qué institución son usuarios los residentes, se puede asignar en base al segundo criterio la cantidad de lugares o personas en total a atender y concretar la atención en base a la cantidad de pacientes propios y los que no se puedan identificar, un criterio territorial en base a la afiliación que tienen las instituciones en el territorio".

Los cometidos de los prestadores irán desde acciones de prevención y realización de hisopados hasta "atención de los llamados agudos" o de enfermos que no requieran internación. 

Quienes sí la requieran serán internados en el prestador al que pertenezcan, y no en el asignado por la "red de complementación".

"Eso implica una coordinación, porque tiene varias complejidades. Por ejemplo, si el paciente requiere medicamentos del Casmu y el médico que va no es de uno ni de otro, ¿cómo hace para dejarle los medicamentos? Hay que tener en cuenta que no solo existe el covid-19, sino que también esos pacientes pueden tener diabetes, hipertensión, problemas cardiológicos. Esas son cosas que se verán cómo resolver", dijo Rodríguez a El Observador. 

Otro tema abordado refiere a los costos. Rodríguez dijo que en principio el servicio "formaría parte de lo que normalmente le corresponde hacer a las instituciones" y no se cobraría servicio. "Yo lo veo así y creo que la mayoría también. No es como otras cosas que nosotros reclamamos", agregó. 

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El presidente del Casmu dijo que aunque sea "a costo de los prestadores", al final incluso mirándolo en términos económicos "es más barato" porque el sistema de salud "se ahorra" la posibilidad de un desborde. Según indica el documento de Presidencia, la coordinación será beneficiosa para los prestadores públicos y privados, en tanto "preferible asistencial y económicamente a la actual situación de inexistencia de coordinación que puede llevar a grandes problemas de atención y costos exorbitantes".

Residenciales irregulares y centros intermedios 

El Mides, por su parte, recibió a representantes de la Sociedad de Geriatría para discutir las medidas. Aldo Sgaravatti, encargado de Geriatría del Casmu, dijo que la cartera planteó su intención de "mejorar" la situación de los residenciales y se discutieron algunas pautas para enfrentar la situación de la pandemia. 

Una de las ideas sobre la cual hay "consenso" es la instalación de centros intermedios para alojar a adultos mayores contagiados y así "liberar" a los residenciales. "Ahora que tenemos infectados la estrategia tiene que cambiar. Por más que al principio se hablaba de aislar a los contagiados dentro del residenciales, eso en la práctica es inviable. Entonces se plantea hacer centros de convalecencia y recuperación separando a los sanos de los enfermos. Ya se ha visto en otros países", dijo Sgaravatti.  

Otro elemento de discusión refiere a cómo identificar –y luego integrar– aquellas casas residenciales que no están regularizadas. Por su parte, el documento de Presidencia señalaba que esos centros podrían "ser identificados por los médicos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) o de las emergencias móviles que conocen perfectamente todas los residenciales legales y clandestinos del país".

Asimismo, se indica que "debería establecerse una posibilidad de reporte anónimo de residenciales para completar el registro", con "una especie de semana de gracia por la emergencia". Eso implicaría que las que no están habilitadas que se presenten voluntariamente "no tengan consecuencias administrativas por presentarse en este momento y que luego se otorgue mucho tiempo para regularizar y que las que estén en negro si se presentan no sufrirán sanciones ahora". 

El Mides señala que hay 109 residenciales de "alto riesgo". Según relató Sgaravatti, en la reunión se planteó que "esos centros van a requerir mayor atención y contralores conjuntos entre Mides y el MSP". "Eso ya es un avance muy importante", afirmó. Los jerarcas de la cartera afirmaron que se pondrá el énfasis en la mejora –a través de la implementación de normas de calidad básicas– y a partir de ello se trabajará en la "potenciación de aquellos que mejoren y la clausura de aquellos que no cumplan", dijo Sgaravatti.