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Gobierno avanza por decreto para reconocer como universitarias carreras docentes

El texto reglamenta un pasaje de la Ley de Urgente Consideración y crea un consejo que asesorará al MEC sobre las carreras, algo que se incluía en la ley de la Universidad Educación que no pudo aprobarse

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31 de diciembre de 2020 a las 05:04

La ley de urgente consideración aprobada en julio establecía, en su artículo 198, la creación de “un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias” y planteaba la creación de un Consejo Consultivo para llevar a cabo dicha tarea. 

A principios de diciembre el gobierno publicó un decreto en el que avanza en la creación de este consejo, determina su conformación, los procedimientos que se tendrán que llevar a cabo y la información que será necesaria presentar para que una carrera pueda ser catalogada como universitaria. Actualmente la formación docente es de carácter terciario, no universitario y público. 

Ese artículo, dice el texto de la LUC, tiene la finalidad de “dar cumplimiento” a un pasaje de la ley general de la educación (No 18.437) de 2008  que establece que “El Estado, a través de las entidades públicas con competencia en la materia, asegurará el carácter universitario de una formación en educación de calidad”. Desde el Frente Amplio ya surgieron las primeras voces críticas con el proceder del Ministerio de Educación y Cultura con este decreto. 

El Consejo Consultivo, previsto en la LUC y reglamentado por este decreto, asesorará al Ministerio de Educación y Cultura “en el reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación en educación impartidas por entidades públicas no universitarias”, dice el texto. Los dictámenes del consejo no serán vinculantes pero en caso de fallar de forma contraria a lo sugerido, el Ministerio de Educación deberá fundamentar su decisión. 

El Consejo Consultivo estará integrado por seis personas designadas por el Poder Ejecutivo de las que tres serán propuestas por el Ministerio de Educación, una por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), otra por la Universidad de la República (Udelar) y otra por el Consejo de Rectores de las universidades privadas. La Presidencia estará a cargo de uno de los miembros propuestos por el MEC y tendrá voto doble en caso de empate. 

Cada carrera de formación docente que pretenda obtener el carácter de universitaria deberá presentar la solicitud ante el ministerio. Cada solicitud será analizada, antes que por el Consejo, por el Área Técnica del Área de Educación Superior del MEC. 

Las carreras podrán presentar su solicitud en cualquier momento y una vez aprobada la autorización deberá ser renovada cada seis años. La decisión final siempre es del Poder Ejecutivo, a través del MEC. 

“La evaluación será realizada teniéndose en cuenta la documentación puesta a consideración del Consejo Consultivo, más una vista presencial o virtual, a las sedes o regiones donde se desarrolla la carrera”, agrega el decreto. Las carreras podrán ser reconocidas como licenciaturas, especializaciones (postgrado) o doctorados.

Durante los gobiernos del Frente Amplio, el Parlamento trató un proyecto de ley que buscaba crear la Universidad de la Educación con la intención de darle carácter universitario a la formación docente. Ese proyecto planteaba que el nuevo organismo fuera un ente autónomo y, por lo tanto, se requerían dos tercios de los votos para aprobar el texto. 

El Partido Colorado, el Partido Independiente y el sector Todos del Partido Nacional rechazaron en 2018 el proyecto con el argumento de que suponía "únicamente" un cambio de nombre al sistema actual y no "una reforma de fondo" de la formación docente. Además, cuestionaban –al igual que Alianza Nacional- el cogobierno de la Universidad de la Educación. Finalmente, el proyecto naufragó por falta de apoyo. 

Durante la transición de gobierno, este tema también estuvo sobre la mesa. En enero, el entonces designado ministro de Educación, Pablo Da Silveira, dijo a El Observador que “el Frente Amplio ponía las carretas delante de los bueyes” en formación docente. “Empezaba por llamar ‘universidad’ a una sumatoria de instituciones que ya existen y funcionan y que no son de carácter universitario. Y después iba a ver cómo hacía para que eso se pareciera a una universidad”, aseguró. 

Fue el entonces Consejero en Formación Docente, Luis Garibaldi, el que cuestionó las declaraciones de Da Silveira. “Desconoce lo que venimos haciendo”, dijo en declaraciones a El País. 

“Avanzamos en los temas para ir hacia lo universitario. Cambiamos los planes de estudio que están para homologar en el Codicen con una visión universitaria. También cambiamos el estatuto docente, desarrollamos programas de investigación educativa”, aseguró. 

Según escribió Garibaldi en una columna en La Diaria en noviembre de este año, todos esos cambios que apuntaban en el camino universitario fueron paralizados por el nuevo gobierno. 

Cuestionamientos

Garibaldi también cuestionó ahora el proceder del gobierno en este tema tras la publicación del decreto. El exconsejero entiende que “no es una buena solución” porque “aleja a la formación en educación del camino universitario y del sistema terciario en general” y apuntó directamente contra el decreto publicado a principios de diciembre.

“Fue elaborado sin participación ni consulta a ninguna de las instituciones ni a los actores involucrados”, escribió en otra columna en La Diaria y aseguró que viola la autonomía de los organismos de educación. 

“El proceso descrito demuestra que el MEC tiene mayoría en el Consejo Consultivo (tres en seis y doble voto), designa a los evaluadores y todavía tiene poder de veto. Es decir, tendrán carácter universitario aquellas carreras que el ministerio entienda pertinente, violando así el precepto constitucional que se dijo respetar”, escribió Garibaldi. 

También señaló que en los antecedentes, el decreto no recoge la creación por unanimidad en el senado del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. Ese organismo, que no llegó a ponerse en funcionamiento y que ahora el Presupuesto lo postergó para 2022, había sido cuestionado por Da Silveira en una columna de opinión publicada en El País en 2019. 

Garibaldi dijo también que el gobierno eligió este camino para evitar el bloqueo que se había generado con la Universidad de la Educación pero que en vez de buscar otro acuerdo lo que hace es “asumir la decisión en la órbita del Poder Ejecutivo". 

El artículo 198 de la LUC es uno de los pasajes de la ley que integra la lista que tanto el Frente Amplio como la Intersocial pretenden derogar. 

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