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Gobierno espera informe para definir si autoriza a Directv a ofrecer internet
La decisión del gobierno de modificar un artículo de la ley de medios y habilitar a los cables a dar internet a los hogares fue celebrada y saludada por las empresas del sector, que visualizan en esa oferta una fuente de ingresos que les permitirá compensar las caídas de las suscripciones que vienen registrando.
El cambio provocó que seis empresas recibieran la autorización oficial, con lo que se sumaron a otras cinco que la habían obtenido a partir de un reclamo judicial. A su vez, hay otras treinta que iniciaron los trámites y están esperando una definición por parte del Poder Ejecutivo.
Una de ellas es Directv, que actualmente tiene el 30% del mercado de la televisión paga, y cuya situación es motivo de controversia en la interna del gobierno debido a que existen diferentes interpretaciones acerca de si la normativa la habilita a brindar el servicio.
Las discrepancias radican en que el artículo 56 de la ley de medios establece que quienes operan “mediante cable” tienen derecho a pedir la licencia, pero Directv lo hace de forma satelital desde el año 2001 cuando recibió su licencia.
El caso está siendo analizado por los servicios jurídicos de Industria, el paso previo antes que el ministro Omar Paganini y el presidente Luis Lacalle Pou tomen una definición.
Diferencias en la Ursec
En su presentación técnica, Directv adelantó que prevé ofrecer el servicio en Montevideo –pese a que su licencia la habilita a operar en todo el país– y que espera lograr una penetración sobre los hogares del departamento de 8% en el primer año; 15,8% en el segundo y 21,3% en el tercero.
Esa información fue dada a conocer ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), cuyo directorio dio la anuencia sin expedirse sobre el fondo del asunto.
Fuentes del organismo dijeron que el análisis se limitó a hacer un control formal acerca de si la empresa cumplía con las exigencias que forman parte del artículo 11 del reglamento de licencias de telecomunicaciones.
A su vez, se consideró que como la nueva norma no incluye “prohibiciones expresas” –en referencia a la redacción anterior– la decisión era competencia del Poder Ejecutivo.
El anterior artículo 56 decía específicamente: “las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos” mientras que la nueva solo habla de que quienes tienen “derecho a solicitar” son los cables.
La posición de la mayoría oficialista del directorio compuesta por la presidenta Mercedes Aramendía y el vicepresidente Gustavo Delgado se sustentó en un informe del área jurídica, mientras que el representante del Frente Amplio, Pablo Siris, se opuso.
En su fundamentación, Siris reiteró su posición de que el gobierno no puede entregar licencias de internet a los cables porque esto viola la ley que creó Antel y le otorgó ese monopolio, pero también incorporó una argumentación que había sido dada por la gerencia de telecomunicaciones de la Ursec. En una nota, esta dirección consideró que la empresa “no tiene permiso para brindar el servicio de tv para abonados en la modalidad de cable”, por lo que no estaría en condiciones de recibir la licencia.
A su vez, Siris manifestó que la "intención" de los legisladores fue "restringir" la posibilidad de solicitar las licencias exclusivamente a los "operadores de servicios de televisión para abonados que prestan su servicio a través de cable, por lo que un operador de televisión para abonados que utiliza la modalidad satelital no estaría habilitado a realizar tal solicitud”, manifestó en la sesión de acuerdo con un acta a la que accedió El Observador.
Recurso de Sutel
Tras las últimas adjudicaciones, el gremio de Antel (Sutel) presentó en la Torre Ejecutiva un recurso para dejarlas sin efecto.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, dijo en rueda de prensa que la disposición “afecta” a la empresa pública y que las adjudicaciones se están entregando "al barrer".
“Seguimos sosteniendo que la política por parte del gobierno es perforar a la empresa pública y desmantelarla. Nosotros creemos que hay que defenderla, es una de las mejores empresas de telecomunicaciones y ellos (los gobernantes) persiguen el interés del gran capital y no piensan en los uruguayos”, dijo el sindicalista.
