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Gobierno hará un nuevo llamado para seguir con la regasificadora
En UTE consideran que sería "razonable" realizar un nuevo análisis para ver su viabilidad
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02 de septiembre de 2015 a las 05:00
El Poder Ejecutivo parece estar decidido a continuar con la construcción de la planta regasificadora en la bahía de Montevideo, mientras negocia una salida amistosa con el actual adjudicatario, el consorcio GNLS (integrado por GDF Suez y la japonesa Marubeni). De todas formas, en UTE consideran que sería "razonable" volver a evaluar técnicamente la "viabilidad" del proyecto en vista de un posible sobrecosto, que podría hacer no tan atractivo la ecuación de la planta para reducir la cuenta energética para el país.
Hoy el diputado nacionalista Pablo Abdala interpelará a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para conocer los detalles de la rescisión del contrato con GNLS y la continuidad del proyecto.
"En este quinquenio se instalará una terminal de regasificación de GNL frente a las costas de Montevideo", asegura el mensaje y exposición de motivos que el Ejecutivo elevó en la ley de Presupuesto al Parlamento el lunes. Según el gobierno, el costo de la obra civil se estima en US$ 600 millones, de los cuales hasta 2014 se ejecutaron US$ 210 millones, por lo que restan ejecutar otros US$ 390 millones para el actual período.
"A la fecha de presentación de este Presupuesto GNLS y Gas Sayago negocian la rescisión del contrato que las vincula, dada la imposibilidad de la primera de continuar con el proyecto. Finalizada esta etapa, Gas Sayago seleccionará un nuevo adjudicatario para dar continuidad a la obra", anunció el gobierno.
Sin embargo, las fuentes de UTE se mostraron "preocupadas" ante el anuncio público del Ejecutivo en avanzar con la ejecución del proyecto mediante un nuevo llamado, sin antes analizar en detalle las causas que motivaron la decisión de rescindir el vínculo con el Estado por parte de GNLS. "Resulta llamativo cómo una empresa (por GNLS) acepta una rescisión amigable y está dispuesta a perder más de US$ 100 millones. ¿No habrá que preguntarse por qué tomó esa determinación?", se cuestionó el informante.
UTE tiene una participación del 90% en Gas Sayago, la sociedad anónima que se creó para operar el proyecto. El restante 10% está en manos de ANCAP. El informante recordó que UTE accedió a participar en el proyecto siempre con un "criterio responsable" sobre la viabilidad económica de avanzar en el mismo. "El objetivo primario siempre fue ver si se podía acceder a un combustible más barato para reducir el costo de la energía", recordó.
Para ello, el ente elaboró un estudio técnico que tomaba en cuenta una serie de supuestos, como las condiciones y precios del energético que Gas Sayago pretende importar de proveedores del exterior, el canon por la regasificación y el costo de la obra para determinar a qué precio se accedía al gas natural.
"Si alguna de esas variables cambia, lo lógico sería volver a hacer otro análisis técnico del proyecto antes de anunciar un llamado para contratar a otro operador", planteó la fuente. Agregó que el directorio de UTE aún no trató la iniciativa que comunicó el Ejecutivo de realizar un nuevo llamado para sustituir a GNLS.
Una vez operativa, Gas Sayago se comprometió a pagar un canon anual de US$ 14,5 millones por el plazo del contrato, dinero que le permitirá a GNLS recuperar su inversión y obtener una ganancia por el servicio de regasificación que brindaría al Estado. Así, el contrato ascendería a US$ 2.610 millones a valores de hoy.
Sin embargo, en abril –cuando se anunció la rescisión del contrato que GNLS tenía con la constructora brasileña OAS para llevar adelante la obra civil–, el consorcio a cargo del proyecto elevó una propuesta al Estado solicitando subir el canon mensual a US$ 20 millones, además de extender a 20 años el servicio de regasificación. Con esos cambios, el acuerdo se disparaba a US$ 4.800 millones a valores corrientes.
"Ellos argumentaron que tuvieron inconvenientes con una empresa subcontratada (por OAS) que se retiró y dejó las obras a medio hacer. Pretendían cambiar el contrato inicial. Nos opusimos porque somos un país serio y exigimos que quienes contratan en Uruguay cumplan con lo pactado", dijo en mayo el presidente, Tabaré Vázquez, echando por tierra cualquier posibilidad de modificar las condiciones de lo firmado.
Además, el mandatario comunicó que el Estado iba a proceder a la ejecución de la garantía por unos US$ 100 millones que tiene a su favor. Desde ese entonces, el retiro de GNLS cada día parecía estar más cerca pese a que llegó incluso a presentar dos nuevos contratistas al Estado para continuar con la obra.
"Estamos en negociaciones con GNLS y todavía no se ha arribado a un acuerdo (por la salida) para formalizarlo", explicó ayer a El Observador el director de UTE y Gas Sayago, Walter Sosa.
Otra fuente vinculada al proyecto sostuvo que el Estado "tendrá que hacer malabares importantes para salir bien parado" porque el contrato "es un horror" y Gas Sayago "no tiene muchas fortalezas para hacer valer". Según se explicó, GNLS puede argumentar que las dificultades que surgieron, como por ejemplo la quiebra de OAS, no se podía prever al momento que se hizo el contrato, y pedir que la "liberen de responsabilidad". En este sentido, se indicó que la salida puede pasar incluso por un pago inferior a US$ 100 millones.
"GNLS tiene muy limitadas sus pérdidas. Puede asumir el riesgo de perder US$ 100 millones y terminar haciendo un juicio millonario al Estado para en definitiva no pagar nada", se indicó.
Sin embargo, otras fuentes al tanto del proceso indicaron que el Estado "no corre ningún riesgo" y que el contrato es "legalmente sólido". De hecho, indicaron que Gas Sayago está cumpliendo a "rajatabla" con todo lo estipulado por contrato. "Es un contrato donde los riesgos los corre el inversor", aseguraron.
Hoy el diputado nacionalista Pablo Abdala interpelará a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para conocer los detalles de la rescisión del contrato con GNLS y la continuidad del proyecto.
"En este quinquenio se instalará una terminal de regasificación de GNL frente a las costas de Montevideo", asegura el mensaje y exposición de motivos que el Ejecutivo elevó en la ley de Presupuesto al Parlamento el lunes. Según el gobierno, el costo de la obra civil se estima en US$ 600 millones, de los cuales hasta 2014 se ejecutaron US$ 210 millones, por lo que restan ejecutar otros US$ 390 millones para el actual período.
"A la fecha de presentación de este Presupuesto GNLS y Gas Sayago negocian la rescisión del contrato que las vincula, dada la imposibilidad de la primera de continuar con el proyecto. Finalizada esta etapa, Gas Sayago seleccionará un nuevo adjudicatario para dar continuidad a la obra", anunció el gobierno.
Sin embargo, las fuentes de UTE se mostraron "preocupadas" ante el anuncio público del Ejecutivo en avanzar con la ejecución del proyecto mediante un nuevo llamado, sin antes analizar en detalle las causas que motivaron la decisión de rescindir el vínculo con el Estado por parte de GNLS. "Resulta llamativo cómo una empresa (por GNLS) acepta una rescisión amigable y está dispuesta a perder más de US$ 100 millones. ¿No habrá que preguntarse por qué tomó esa determinación?", se cuestionó el informante.
UTE tiene una participación del 90% en Gas Sayago, la sociedad anónima que se creó para operar el proyecto. El restante 10% está en manos de ANCAP. El informante recordó que UTE accedió a participar en el proyecto siempre con un "criterio responsable" sobre la viabilidad económica de avanzar en el mismo. "El objetivo primario siempre fue ver si se podía acceder a un combustible más barato para reducir el costo de la energía", recordó.
Para ello, el ente elaboró un estudio técnico que tomaba en cuenta una serie de supuestos, como las condiciones y precios del energético que Gas Sayago pretende importar de proveedores del exterior, el canon por la regasificación y el costo de la obra para determinar a qué precio se accedía al gas natural.
"Si alguna de esas variables cambia, lo lógico sería volver a hacer otro análisis técnico del proyecto antes de anunciar un llamado para contratar a otro operador", planteó la fuente. Agregó que el directorio de UTE aún no trató la iniciativa que comunicó el Ejecutivo de realizar un nuevo llamado para sustituir a GNLS.
Lo que está vigente
Hasta ahora, GNLS tiene vigente un contrato con Gas Sayago para construir una planta regasificadora flotante en Punta de Sayago para la cual se proyectó una inversión de US$ 1.125 millones, que incluyen la obra y el pago al operador por 15 años. El proyecto debería estar listo para noviembre de 2016.Una vez operativa, Gas Sayago se comprometió a pagar un canon anual de US$ 14,5 millones por el plazo del contrato, dinero que le permitirá a GNLS recuperar su inversión y obtener una ganancia por el servicio de regasificación que brindaría al Estado. Así, el contrato ascendería a US$ 2.610 millones a valores de hoy.
Sin embargo, en abril –cuando se anunció la rescisión del contrato que GNLS tenía con la constructora brasileña OAS para llevar adelante la obra civil–, el consorcio a cargo del proyecto elevó una propuesta al Estado solicitando subir el canon mensual a US$ 20 millones, además de extender a 20 años el servicio de regasificación. Con esos cambios, el acuerdo se disparaba a US$ 4.800 millones a valores corrientes.
"Ellos argumentaron que tuvieron inconvenientes con una empresa subcontratada (por OAS) que se retiró y dejó las obras a medio hacer. Pretendían cambiar el contrato inicial. Nos opusimos porque somos un país serio y exigimos que quienes contratan en Uruguay cumplan con lo pactado", dijo en mayo el presidente, Tabaré Vázquez, echando por tierra cualquier posibilidad de modificar las condiciones de lo firmado.
Además, el mandatario comunicó que el Estado iba a proceder a la ejecución de la garantía por unos US$ 100 millones que tiene a su favor. Desde ese entonces, el retiro de GNLS cada día parecía estar más cerca pese a que llegó incluso a presentar dos nuevos contratistas al Estado para continuar con la obra.
"Estamos en negociaciones con GNLS y todavía no se ha arribado a un acuerdo (por la salida) para formalizarlo", explicó ayer a El Observador el director de UTE y Gas Sayago, Walter Sosa.
Otra fuente vinculada al proyecto sostuvo que el Estado "tendrá que hacer malabares importantes para salir bien parado" porque el contrato "es un horror" y Gas Sayago "no tiene muchas fortalezas para hacer valer". Según se explicó, GNLS puede argumentar que las dificultades que surgieron, como por ejemplo la quiebra de OAS, no se podía prever al momento que se hizo el contrato, y pedir que la "liberen de responsabilidad". En este sentido, se indicó que la salida puede pasar incluso por un pago inferior a US$ 100 millones.
"GNLS tiene muy limitadas sus pérdidas. Puede asumir el riesgo de perder US$ 100 millones y terminar haciendo un juicio millonario al Estado para en definitiva no pagar nada", se indicó.
Sin embargo, otras fuentes al tanto del proceso indicaron que el Estado "no corre ningún riesgo" y que el contrato es "legalmente sólido". De hecho, indicaron que Gas Sayago está cumpliendo a "rajatabla" con todo lo estipulado por contrato. "Es un contrato donde los riesgos los corre el inversor", aseguraron.
