El Consejo Superior Tripartito del sector privado volvió a reunirse este lunes, tras la presentación de los lineamientos generales para la negociación salarial que el gobierno realizó hace dos semanas.
En la reunión, tanto los representantes del PIT-CNT como las cámaras empresariales plantearon su postura sobre las nuevas pautas que serán la base de la negociación que comenzará por estos días, con la convocatoria para la apertura de cada uno de los grupos de actividad.
Entre otros puntos, la central sindical manifestó que no hay una propuesta sobre la política que se seguirá con el Salario Mínimo Nacional, como sí lo había en lineamientos anteriores. También se hizo mención a la no inclusión de ajustes diferenciales para los llamados salarios “sumergidos” que sí se contemplaron, por ejemplo, en la ronda puente del año pasado.
Otro punto de “preocupación” en el PIT-CNT es el mecanismo de correctivos por inflación que se propone aplicar al final de los convenios (plazo dos años) en caso de ser necesario, y la ausencia de cláusulas gatillo que se activen si la inflación supera determinados umbrales, según supo El Observador.
Además, la delegación sindical planteó diferencias respecto a que el correctivo final en cada sector esté atado a la evolución de cotizantes en junio de 2023 con respecto a junio de 2019. Según se indicó, ese criterio puede llevar a “errores”. A modo de ejemplo expresaron que una empresa que tecnifica toda una línea de producción podría bajar de 100 a 90 trabajadores en ese período, y en ese caso “no sería un problema de empleo”. De acuerdo a los lineamientos, en ese ejemplo una empresa podría estar habilitada a no pagar todo el correctivo y diferirlo hacia adelante.
En relación a la diferenciación de ajustes y recuperación salarial por tamaño de empresas que propone la pauta oficial, el PIT-CNT mencionó que eso puede llevar a que por diferencias de una persona en la cantidad de integrantes de una plantilla haya trabajadores que tengan laudos diferentes realizando una misma tarea. Esto podría ocurrir especialmente en sectores más pequeños de actividad.
Por su parte, la delegación empresarial manifestó su posición contraria a que no se descuente el 1,6% de caída adicional de la economía en 2020. La fórmula del período puente incluía un ajuste nominal de 3%, y luego al final del período un correctivo por inflación (7,3% año móvil) menos la caída del Producto Interno Bruto (5,9%). El resultado de esa cuenta da un correctivo negativo que las cámaras entienden se debería descontar de los nuevos ajustes. El Poder Ejecutivo dejó de lado ese punto en las pautas con el objetivo de no agudizar la pérdida salarial que en el último año fue de 4,3%.
En ese sentido, el sector empleador planteó que en julio de 2021 no debería haber ajuste salarial en ninguna actividad y que el primer aumento debería concretarse recién en enero de 2022. La pauta del Poder Ejecutivo prevé un primer aumento con componente de recuperación ya desde este mes para la mayor parte de las actividades, con excepción de los sectores más golpeados por la pandemia que tendrían ajustes recién a comienzo del año próximo.
Por otro lado, se recordó que la ley de Negociación Colectiva aún no tuvo los cambios que recomendó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en varias oportunidades. En ese sentido, días atrás, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, cuestionó que el gobierno aspire a lograr acuerdos a dos años sin reformar la ley de Negociación Colectiva, que hace más de una década tiene observaciones de OIT, según publicó el semanario Búsqueda
Empleadores y trabajadores saben que el lineamiento general no tendrá cambios. Cualquier modificación o flexibilización deberá surgir de las negociaciones que se den en cada una de las mesas. Otro de los puntos que estará presente son los beneficios extra-salariales que suelen acordarse en cada uno de los grupos y que en algunos casos suelen ser mayores que los aumentos salariales.
Los lineamientos oficiales guiarán los ajustes en los salarios de unos 630 mil trabajadores.
Para los sectores menos o poco afectados (mayoría de ramas de actividad), el Poder Ejecutivo propuso convenios a dos años con ajustes semestrales -desde julio- por inflación proyectada, y un componente de recuperación del salario real perdido en el último año.
Al final de convenio (junio de 2023) se establece un correctivo, donde se comparará la inflación efectiva con la estimada, y se otorgará el total o parte del mismo, dependiendo de la evolución del empleo sectorial. También se prevé un tratamiento especial para las microempresas que tendrán ajustes menores respecto a pequeñas, medianas y grandes.
Para los sectores muy afectados por la pandemia se propone un nuevo acuerdo puente con convenios a un año de plazo. Las empresas tendrán una única pauta que incluye un ajuste nominal de 3% en enero de 2022, a los seis meses de vigencia. En este caso no habrá aumento de salario en julio de 2021.
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