Gremiales del vino deberán decidir cómo repartir apoyo a exportación

Una de las mejores vendimias de los últimos tiempos terminó derivando en un dolor de cabeza para un grupo de 90 productores que reclama al gobierno medidas de apoyo para mantenerse en el rubro. La última zafra dejó un saldo exportable de unos 30 millones de litros de vino (entre envasado y granel) que se estima terminar de comercializar recién a mediados de 2019. El Poder Ejecutivo cuenta con un reintegro de fondos -que aporte el propio sector- para la exportación por US$ 1 millón, que ahora deberán decidir su reparto las distintas gremiales que integran esta cadena productiva.

El diputado nacionalista Richard Charamelo convocó este miércoles al ministro de Ganadería, Enzo Benech, al director del Instituto Nacional de Vitivinicultura (InavI), José Lez, y a la directora de la Granja, Zulma Gabard, para analizar la coyuntura del sector.

Uno de los cuellos de botella que dejó la última vendimia fue la situación de unos 90 productores familiares que no lograron encontrar bodegas con capacidad para procesar su materia prima. Para evitar que esa uva se tirara, fue que el Centro de Vitivinicultores del Uruguay llegó a un acuerdo con un privado que cedió una bodega para moler 4 kg de uvas que dejaron una producción de vino de 2,6 millones de litros a granel cuyo destino será 100% para exportación, informó a El Observador el presidente de esta gremial, Fernando Imperiale.

Por ley, los productores deben recibir un pago mínimo de $ 12,40 por kg de uva tinta. En tanto, por medio de negociación, se fijó un valor de $ 9,60 para la variedad moscatel y de $ 8,50 para la blanca. En abril, esos 90 productores recibieron un adelanto por concepto del subsidio a la exportación equivalente a $ 2 por kg de uva, una cifra que aún está lejos del valor total que tendrían que recibir.

Uno de los problemas son los plazos de cobro y precios para el vino a granel que se exporta, ya que no cubre los costos de producción para quienes proveen la materia prima. Según comentó Imperiale, un vino blanco a granel a Rusia se embarca a unos US$ 0,33 por litro, mientras que México paga alrededor de US$ 1,50 por litro por el tinto. En el primer caso, se utiliza como materia prima para hacer un vino espumante de baja calidad, mientras que en el segundo suele ser envasado y embotellado por bodegas mexicanas que luego lo comercializan en su país. Para México ya partió un primer embarque de 500 mil litros y en breve zapará otro embarque marítimo por un volumen idéntico. El problema que suele generarse es que los contratos de exportación suelen pagarse a 130 días, y el Centro de Vitivinicultores no cuenta con liquidez para hacer pago adicionales a los productores a los cuales les compró la uva a principios de año. "Ahora tenemos que hacer un calendario de pago. Vamos a ver si podemos hacer otro adelanto", dijo Imperiale.

El Inavi cuenta con un fondo de apoyo para la exportación de vino por alrededor de US$ 1 millón para este año. "Ahora las tres gremiales tenemos que ponernos de acuerdo qué cantidad dinero destinamos para cada sector", comentó Imperial. El Inavi está integrado por la Asociación de Bodegueros, el Centro de Bodegueros, el Centro de Vitivinicultores y la Organización Nacional de Vitivinicultores. Como es natural, cada parte pretende que el apoyo sea mayor para su sector. Por ejemplo, las bodegas que exportan botellas pretenden un aporte mayor de recursos para el vino embotellado.

Por otro lado, el Centro de Vitivinicultores tiene una deuda vigente por un subsidio que recibió del Estado en 2012 que ronda los $ 50 millones. "La condición era que los fondos retornables, tenían que retornar, para prestar nuevamente", recordó el ministro de Ganadería. Imperiale reconoció esa deuda y dijo que su gremial pretende ponerse al día. "Tenemos intención de pagar, pero hoy la gremial no tiene dinero. Queremos saldar esa deuda", afirmó.

El diputado Charamelo no quedó conforme con la respuesta del gobierno. "Siguen tirando la pelota para adelante, no hay autocrítica", cuestionó. Recordó que en los últimos cinco años cerraron 100 bodegas, mientras que la cantidad de productores de bid descendió de 1.200 en el 2.000 a unos 750 actualmente. Consideró que el Inavi debería ser más expeditivo a la hora de ayudar a esos 90 productores que aún no cobraron por su producción porque "hay fondos disponibles" para apoyar al sector.

El presidente del Inavi reconoció que el sector atraviesa una "coyuntura inquietante" por las necesidades de comercialización de vino. Lez estima que de los 30 millones de litros (incluyendo granel y embotellado) que tiene Uruguay de saldo exportable para 2018, para fines de este año se podrán colocar unos 15 millones de litros. "La perspectiva apunta a colocar ese remanente antes de junio de 2019", proyectó. Añadió que el sector trabaja en un plan estratégico para colocar productos de mayor valor agregado en destinos asiáticos, Brasil y EEUU, además de mantener un canal abierto para el vino a granel con clientes tradicionales como México y Rusia.