A través de un comunicado, los trabajadores denunciaron que "está en riesgo" la desaparición del sector "a raíz de las acciones empresariales". Se han perdido 5.000 usuarios en los últimos años, y en el 2017 se han borrado más de 600, indicaron.
Además, se insta al Ministerio de Industria, contraparte de la concesión a nombre del Estado según el pliego de licitación y el contrato, a "adoptar iniciativas que colaboren en la resolución de esta situación y contribuyan a evitar las consecuencias funestas que se plantean, ya que los esfuerzos del Ministerio de Trabajo no han sido suficientes".
El Partido Comunista (PCU), a través de un comunicado, expresó su apoyo "a la lucha que vienen llevando a cabo los trabajadores del gas natural contra la ofensiva desplegada por Petrobras contra el país, los usuarios y los trabajadores".
El PCU resolvió exigir a Petrobras "que respete la negociación colectiva para posibilitar una salida que contemple el interés de ambas partes, y no que se procure el quiebre de la organización sindical y el desconocimiento de los derechos laborales". Asimismo, estableció plantear en la Mesa Política del FA que se promueva la intervención directa del presidente, Tabaré Vázquez, en caso de que se mantenga incambiada la situación.
La Federación Única de Petroleros (FUP), que representa a más de 60 mil trabajadores del petróleo y gas en
Brasil, también se solidarizó ante esta situación. "La estrategia de la actual gestión de Petrobras viola directamente el contrato de concesión, ya que reduce sustancialmente los empleos y evita la atención correcta de los usuarios", manifestó en una nota.
