Nacional > CAMBIO EN LA NORMATIVA
Grupo de más de 200 ONG de América criticó "retroceso" en política de salud en Uruguay
La Coalición América Saludable (CLAS), una organización de más de 200 ONG de América Latina que busca prevenir y controlar las Enfermedades No Transmisibles (ENT) en el continente, envió una carta al ministro de Salud uruguayo, Daniel Salinas, en la que se critica que en Uruguay "se ha retrocedido en varias políticas de salud que tienen la intención de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, como ser alimentación saludable y control de tabaco", esto último en referencia a la modificación de la política de control del tabaco.
"Nos preocupa seriamente que el actual ministro de Salud del Uruguay, el Dr. Salinas, sea uno de los candidatos a director general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", continúa la carta a la que accedió El Observador, "cuando no sólo no ha defendido adecuadamente estas políticas de salud, sino que ha justificado estos retrocesos".
Los miembros de CLAS ven "con preocupación" que "un cargo tan importante en la promoción de las políticas públicas y de la protección del derecho a la salud de toda la región pueda quedar en manos de un candidato que no ha velado por la protección de la salud pública en su propio país".
CLAS se refiere a tres cambios en la normativa por parte de Uruguay: el Etiquetado Frontal en las bebidas y comestibles, que según la Coalición "se modificó" y "se retrasó" su implementación; la "comercialización de productos de tabaco calentado", que criticaron "estaban prohibidos en el país"; por último, el cambio en la normativa del tabaco, firmado por el presidente, Luis Lacalle Pou, en el decreto 282/022 del 2 de setiembre, que según CLAS "no sólo afecta seriamente al empaquetado neutro de los productos del tabaco, sino que también va en contra de la presentación única por marca y viola tanto la prohibición de la publicidad como el artículo 5.3 del CMCT (Convenio Marco para el Control del Tabaco) de la OMS".
El decreto permite la comercialización de cajas blandas, habilita a que los fabricantes incorporen “elementos distintivos” en los cigarros o en las cajas para poder determinar la “autenticidad del producto o su trazabilidad”, y permite "mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda”, además de que busca “identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables”.
Los cambios también fueron criticados por la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco y el Programa Nacional de Control del Tabaco, asesores del Ministerio de Salud Pública (MSP), que indicaron que las variantes que flexibilizan el empaquetado de las cajillas "no son medidas para combatir el comercio ilícito" y permiten que "los cigarrillos sean más atractivos a través de técnicas de diseño empleadas por la industria tabacalera", por lo que pidieron "la inmediata derogación" del decreto, en otra carta a Salinas publicada por Radio Carve y a la que accedió El Observador.
Las organizaciones de CLAS recomendaron a la región que "no siga el ejemplo de retroceso en políticas públicas de salud" que "está ocurriendo en Uruguay, país que fuera anteriormente líder en estos temas", ya que entienden que sus decisiones van en contra "de los estándares interamericanos en materia de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales", se lee en la misiva.
