Según contó el periodista, la orden de la Justicia fue incautar "celulares y todo dispositivo electrónico de uso personal"
Luego de que el programa La Pecera difundiera audios vinculados al caso de violación en Cordón, legisladores del Frente Amplio denunciaron a su conductor Ignacio Álvarez y la Justicia libró una orden de allanamiento a la emisora Azul FM y a la casa del periodista.
Álvarez, que no se encontraba en ninguno de los dos lugares, emitió este viernes de tarde un comunicado en Twitter en el que calificó esa decisión judicial como "peligrosa" y que atenta "contra la libertad de prensa y el derecho de todos ustedes a estar informados". Esa fue la razón por la que no entregó su celular, aclaró, y que recurrirá a la sentencia.
Según contó el periodista, la orden fue incautar "celulares y todo dispositivo electrónico de uso personal" y del programa que produce y conduce para "de esa forma acceder a 'comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado'. Es decir, que mandaron a la policía a confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre las que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos, etc", dijo.
Álvarez agregó: "Con esta orden ilegal e inconstitucional pretenden forzarnos a revelar nuestras fuentes, un derecho fundamental consagrado en la ley e incluso en la Convención Americana de Derechos humanos, que tiene mayor valor que la Constitución".
Para el periodista, si esta orden se cumpliera "sentaría un precedente grave e inédito que pondría en peligro el trabajo de los periodistas uruguayos, y en consecuencia el derecho de la gente a estar informada".