Impacto de la debacle peruana

La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski cierra un nuevo capítulo de la triste historia de un sistema político desprestigiado por la corrupción de los últimos cinco presidentes y sus entornos. La apresurada dimisión del mandatario para evitar su inminente destitución por el Parlamento crea incertidumbre no solo sobre el futuro gubernamental de Perú sino hasta para la Cumbre de las Américas, programada para abril en Lima. Kuczynsky había excluido al dictador venezolano Nicolás Maduro de este encuentro de todos los jefes de gobierno del continente. Pero no está claro ahora que sucederá con la reunión bajo Martín Vizcarra, el vicepresidente que había sido radiado a la embajada en Canadá por desacuerdos con Kuczynski y que debió regresar apresuradamente para asumir la presidencia.

El desbarranque institucional empezó hace dos décadas con Alberto Fujimori. El mérito de haber liquidado a la guerrilla izquierdista Sendero Luminoso no le bastó para evitar ir a la cárcel por corrupción masiva y violaciones de derechos humanos. La corrupción marcó por igual a todos sus sucesores. El primero, Alejandro Toledo, trató de zafar huyendo a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición a Perú para ser juzgado. El siguiente, Alan García, fue manchado por iguales cargos y a renglón seguido Ollanta Humala terminó en prisión por idéntico motivo. Finalmente le llegó el turno a Kuczynski. Le había ganado la presidencia por estrecho margen a Keiko Fujimori, hija de Alberto y líder del principal partido de oposición.

Pero trastabillaba desde hace meses como denunciado recipiente de coimas millonarias del pulpo internacional brasileño Odebrecht. En diciembre escapó apenas a la destitución por el Parlamento, negociando apoyo legislativo con Kenji Fujimori, enemistado con su hermana Keiko, a cambio de indultar a su padre. El indulto erosionó aun más a Kuczynski, que siguió perdiendo apoyo de su propio partido al punto de enfrentar esta semana un seguro despido por el Parlamento, precipitado incluso más por la revelación de un video donde se muestra a uno de sus operadores ofreciendo contratos y otras prebendas a cambio de respaldo legislativo al asediado expresidente. Es imposible anticipar cómo evolucionará el marasmo político peruano, marcado en muchos momentos de la historia reciente por golpes militares.

Las maniobras gubernamentales para asegurar sospechosos apoyos legislativos y las grietas institucionales que generan no son exclusivas de Perú. El presidente brasileño, Michel Temer, recurrió a esa vía hace poco para escapar de la destitución. Y años atrás una práctica similar le costó la presidencia argentina a Fernando de la Rúa. Lo ocurrido ahora en Perú es una advertencia a otros gobiernos sobre el peligro de la deshonestidad en la función pública, que conduce, en el mejor de los casos, al descreimiento de la ciudadanía en la confiabilidad de los dirigentes políticos. Uruguay está lejos de la monstruosa corrupción imperante en otros países de la región o de la debacle peruana. Pero recientes encuestas de Cifra y Equipos coincidieron en una caída de respaldo popular al gobierno y a varios dirigentes opositores, evolución que enfatiza la necesidad de demostrar sólidamente transparencia y eficacia como única forma de mantener o recuperar la confianza de la gente, cada vez más escasa en tantos países.