Mayoristas sostienen que cerca del 80% de lo que se importa deberá llevar rotulado y, al no existir la norma en Brasil ni Argentina, provocará mayores costos
La Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA) tomó como una "desafortunada sorpresa" el anuncio del gobierno de que se mantendrá el etiquetado obligatorio de alimentos con un octógono negro desde el próximo 28 de junio.
Para la AIMA, el principal perjudicado con esta medida es el comercio y en especial el de importación. Dado que Brasil y Argentina son los principales países que abastecen a Uruguay con productos ultraprocesados, los importadores entienden que se generarán sobrecostos en la operativa, ya que la normativa sobre rotulado (que no se fiscalizará hasta 2021) no existe en esos dos países.
Sobre esta preocupación puntual, el Ejecutivo argumentó que su intención al continuar con el etiquetado frontal de alimentos en el formato de octógono negro, aunque se cambiará la palabra "exceso" por "alto en", es ahora la de tener un rol de liderazgo en la "armonización" de la normativa cuando la discusión se trate en el marco del Mercosur. Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del bloque el próximo 2 de julio, situación que fue destacada por el ministro de Industria, Omar Paganini, como clave para poner sobre la mesa esa temática.
Sin embargo, el vocero de AIMA, Martín Montoro, alertó que en la actualidad estas medidas están desalineadas con el Mercosur, lo que afectará indefectiblemente el comercio a nivel regional, pero además provocará mayores costos a los importadores por cuestiones logísticas que se van a trasladar a precios al consumidor.
Montoro explicó a El Observador que el problema se va a generar para entre el 70% u 80% de la mercadería (conservas, enlatados, galletas y snacks) importada. Es que las cajas que contienen muchos productos tendrán que ser abiertas, para colocar la advertencia una a una, al margen de que se pueda poner un adhesivo.
“Esto golpea al importador, en especial al chico y al mediano, porque distorsiona de forma importante los procesos de importación. No todo importador tiene las instalaciones adecuadas para abrir caja por caja y llevar adelante esta tarea de rotulación, y aquellos que sí la tienen de todas formas tendrán costos asociados”, aseguró Montoro.
En AMIA se considera que al agregarse un paso más a la operativa se va a necesitar más personal, lo que también implicará mayores gastos en la cadena de valor del producto que va “a llegar al precio final al consumidor”, advirtió el representante de la agremiación de empresarios.
Montoro señaló que al trasladarse a aumento de precio ese costo extra, también puede ocurrir que el producto quede fuera de mercado, en caso de que la competencia haga que deje de ser rentable para el importador poner un producto en particular en góndolas uruguayas.
A diferencia de lo que puede ocurrir con la industria nacional, deberá igualmente realizar una inversión inicial para que la producción sea en línea. Esto porque la mayoría de los importadores no está en condiciones de exigirle al proveedor extranjero un packaging determinado.
“El problema mayor se genera para las importadoras que no son dueñas de una marca en el país. A esto se suma que somos un mercado chico, por lo que se hace más difícil lograr que los proveedores establezcan una línea de producción específica para Uruguay”, añadió Montoro.
La Cámara Nacional de Alimentos (Ciali) reclama que ya sean octógonos o semáforos lo que se acuerde en el Mercosur, lo importado y lo producido en el país deberían tener que etiquetarse y controlarse en las mismas condiciones.
Para el presidente de la Ciali, Fernando Pache, tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el de Economía (vía Aduana) van a tener que dotar de mayor autonomía al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), que es el “organismo lógico de contralor y del cumplimiento de las normas en alimentos” importados.
En la industria alimentaria nacional los controles son realizados por bromatología, en algunos casos también por el MSP y en particular para importados y exportados se agrega el del LATU.
“El LATU debería poder visitar las empresas sin que se opongan y sin aviso. Hoy no lo puede hacer. Esto implica en la actualidad un desequilibrio entre lo importado y la industria nacional, porque la norma actual –no solo referente al etiquetado– determina que, cuando un importador ingresa mercadería al país, Aduana le notifica al LATU. Sin embargo, el empresario no tiene la obligación de llamar al LATU –aunque la normativa así lo establezca–, mientras que el organismo no tiene la potestad de tocar la puerta de la empresa e inspeccionar”, aseguró Pache.
En este sentido, el industrial entiende que existe un un desequilibrio que se puede dar también con el caso del etiquetado, ya que aunque los importadores tienen la obligación de comunicar al LATU para que emita la certificación de comercialización (tiene 12 días hábiles para retirar muestras y hacer análisis) son muchos los que no lo hacen.
Un informe realizado en conjunto entre Unicef y Udelar sobre el impacto en los consumidores del etiquetado nutricional frontal, arrojó que 58% de los 1.916 participantes del estudio cambiaron su decisión de compra al ver el octógono.
Según indica el documento, al décimo día de implementado el decreto (comenzó a regir el 1º de marzo) en Uruguay, el 87% sostuvo que conocía la medida, 77% registró el rotulado en algún producto y 94% opinó que la medida es positiva.
En el estudio, que analizó los comportamientos de los consumidores antes del 1º de marzo, se destacó que ante la ausencia de etiquetado frontal los compradores se tomaron 22 segundos en seleccionar los alimentos en el supermercado y que “ninguno dio vuelta los productos o leyó la tabla nutricional antes de decidir la compra”.
Ante la advertencia, se consigna, 18% decidió no comprar el producto, 23% se inclinó por uno que no tenga advertencias y 17% eligió el que menos octógonos contenía en su embalaje.
“La gran mayoría de los participantes afirmó cambiar el producto por uno similar de mejor calidad nutricional, por lo que es de esperar que la medida genere efectos de sustitución, favoreciendo a las empresas cuyos productos tengan perfiles nutricionales más saludables. Esto podría otorgar un estímulo a la industria nacional para mejorar la calidad nutricional de los alimentos que producen y ofrecen al mercado”, concluye el informe.
La investigación incluye tres estudios realizados entre junio de 2019 y marzo 2020, con dos consultas hechas de forma online y una de forma presencial. Para el último caso se utilizó un detector móvil de movimientos oculares para la recolección de datos al momento de la compra.
Incluso, se menciona que el mecanismo de acción del rotulado frontal se asemeja “a las advertencias sanitarias en las cajillas de cigarrillos, logrando que las consecuencias negativas del contenido excesivo de nutrientes sean más relevantes en la mente del consumidor a la hora de tomar las decisiones de compra”.
“A los diez días de la aplicación plena prevista originalmente en el decreto nº 272/18 se observó un alto grado de conocimiento y aprobación de la medida. El nivel de conocimiento es comparable con los resultados en Chile un año después de la implementación del sistema de advertencias y mucho mayor a los niveles reportados en Australia y Nueva Zelanda en dos años”, concluye el documento.