E, involuntariamente, quien lo ayudó fue Macri. Porque en su reciente paquete de ajuste impositivo, lo que hizo Fernández no fue adoptar nuevos impuestos, sino aprovechar la reforma hecha por Macri en setiembre de 2018. En aquella ocasión, ya con el crédito cortado y con la presión del FMI para achicar el déficit fiscal, Macri no tuvo más remedio que ceder a regañadientes a los reclamos de sus funcionarios, que le decían que no podía darse el lujo de prescindir del aporte fiscal del campo.
Macri, luego de un tironeo interno con su propio equipo económico, había llegado a una fórmula que permitía avizorar un alivio a futuro: dejó parte del recargo con una tasa de 18% y, además, una suma fija de 4 pesos por cada dólar exportado. Eso implicaba que, ante cada nueva devaluación, la retención iría disminuyendo en términos reales.
Lo que ahora hizo Alberto fue actualizar por la tasa de devaluación esa suma fija. De manera que la retención para los productores sojeros vuelve a ser de 30%, pero sin que se haya creado un nuevo impuesto. Y el mensaje implícito en esa medida es que si el campo no protestó contra Macri en aquella ocasión, no tiene autoridad moral para hacerlo ahora.
Eso, naturalmente, no es ninguna garantía de que no haya protestas ni cortes de ruta –de hecho, hay organizaciones rurales que ya están convocando a una resistencia y una especie de rebelión fiscal- pero al menos le da un argumento fuerte a la hora de negociar.
Elusión fiscal y factor sorpresa
En realidad, ninguna de las nuevas medidas resultó sorpresiva, porque era lo que desde hacía tiempo se venía hablando. Lo que sí causó un impacto fue el momento y la forma en que se adoptaron. Dado el tenor componedor del discurso inaugural del presidente, que prometió que todas las medidas importantes serían adoptadas por consenso, previo diálogo en el Consejo del Diálogo Social, este anuncio fue un balde de agua fría para muchos dirigentes empresarios.
Pero quedó en evidencia que Alberto Fernández privilegió el factor sorpresa, dado que se trata de medidas que, si se anuncian con mucha antelación, provocan conductas en el público en el sentido de eludirlas.
Por caso, uno de los temas es el incremento en las retenciones a la exportación agrícola. Ya en las últimas semanas se estaba notando un aumento inusual del ingreso fiscal por liquidaciones de los exportadores, y esto obedecía a que muchos adelantaban sus liquidaciones de los meses venideros, presumiendo que les saldría más barato hacerlo así antes del aumento del recargo.
De hecho, la recaudación fiscal de noviembre aumentó un 58%. Es decir, por primera vez en más de un año hubo un crecimiento real. Pero eso ocurrió en medio de una economía que sigue en una dura recesión. ¿Cómo se explica la mejora en el ingreso fiscal, entonces? La clave es la liquidación de los exportadores, que se incrementó en un explosivo 265%.
Más allá de las protestas, lo cierto es que las retenciones no aumentaron tanto como los economistas creían que lo harían. Quedó para la soja un nivel de 30 %, cuando se especulaba con un 35 %, mientras que el maíz, el trigo y el girasol tributarán 12 %, cuando se hablaba de un 25 %.
La otra medida polémica es la vuelta de la doble indemnización por despido, por un lapso de seis meses. El gobierno alega que es una forma de cuidar el empleo y frenar los despidos. Por supuesto que los críticos –entre los que se encuentran las agremiaciones empresariales- no lo ven así, y afirman que lo único que se conseguirá con esta medida es que las empresas no hagan nuevas contrataciones, por temor a un mayor costo laboral.
El gobierno se defiende con el argumento de que no debería ocurrir eso, porque la doble indemnización no aplica a los nuevos contratados sino a los actuales. Pero como ya ocurrió tantas veces, no habrá consenso posible sobre este punto. Los más escépticos afirman que el día 181 de esta medida se corre el riesgo de una ola de despidos.
JUAN MABROMATA / AFP
La parte más difícil: los jubilados
Lo peor de la situación es que, aun con este paquete de impuestos, los expertos en temas fiscales afirman que no será suficiente. El cálculo es que en una proyección pasiva –es decir, si el nuevo gobierno dejaba las cosas sin modificar- Argentina terminaría el 2020 con un déficit fiscal primario de 2 % del PIB. Con este paquete, afirman, se podrá acortar a un punto, en el mejor de los casos.
Y es por eso que hay otra reforma que está bajo la lupa, y que tiene un potencial de protesta más grave aun que el del campo: las jubilaciones.
Sumando jubilados, pensionados y beneficiarios de planes de asistencia social, el sistema previsional argentina debe atender a 8 millones de personas. Y constituye, por lejos, el principal componente del gasto público argentino.
Es por eso que el equipo de Alberto Fernández está enfocado en una nueva fórmula de indexación para las jubilaciones. El diagnóstico es crudo: o se elimina el ajuste automático por inflación pasada o la economía corre riesgo de un estallido hiperinflacionario.
Lo irónico es que la actual fórmula, impulsada por Macri hace dos años, fue duramente resistida en su momento por la oposición, en medio de protestas que incluyeron incidentes graves en las inmediaciones del Congreso. Y la experiencia demostró que, al final, esa fórmula les permitió a los jubilados defender mejor sus ingresos que la anterior que había regido durante la gestión de Cristina Kirchner.
Claro que es no había sido la intención original del macrismo: como en 2017 todo indicaba que la inflación iría en descenso y la economía seguiría su senda ascendente, se creía que la nueva fórmula implicaría que toda la masa del gasto jubilatorio iría descendiendo paulatinamente en relación al PBI y al ingreso fiscal.
Pero la realidad fue exactamente al revés: la inflación subió en una economía que entró en recesión. En consecuencia, al ajustar por inflación pasada, las jubilaciones actuaron de forma contracíclica: cada vez representan una porción mayor de los recursos.
Es uno de los mayores desafíos para el gobierno de Alberto Fernández: cómo defender un cambio que, en realidad, implica un freno al gasto previsional, luego de haber hecho una campaña electoral en la cual la defensa de los jubilados fue una de sus principales banderas.
Una cosa es justificar las retenciones o el impuesto al turismo, como parte del discurso de que “los que más tienen, ahora deben hacer un sacrificio solidario”, y otra cosa es tocar el ingreso de los jubilados. Todo un desafío para el nuevo “relato”.
Dólar turista y desdoblamiento cambiario
Entre las medidas más polémicas del nuevo paquete impositivo argentino hay una que afecta directamente a Uruguay: el establecimiento de un recargo de 30% para el uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior.
Provocó mucho ruido en las redes sociales, pero lo cierto es que también esta era una medida que se veía venir. Había sido objeto de debate entre los economistas que asesoran a Alberto Fernández y se lo veía como una medida inevitable. A diferencia de las demás decisiones recientes, el foco no estaba puesto en incrementar el ingreso de pesos sino en limitar la salida de divisas.
En lo que va del año, el déficit de la cuenta turismo asciende a US$ 5.000 millones, y al gobierno le urge cerrar ese rojo, en un momento en el que debe mejorar drásticamente la posición del Banco Central para renegociar el pago de la deuda pública.
El recargo no se limita al turismo externo, sino que alcanza también a todos los servicios que se paguen en dólares, como la compra de servicios por Internet, tales como Netflix, Spotify o los artículos de tiendas como Amazon.
Por lo pronto, la mayor crítica consiste en que no solamente se afecta al turismo o a gastos considerados “suntuarios” sino que también afecta a sectores productivos como el del software, que paga licencias que ahora se encarecerán.
Y, en el plano financiero, la crítica apunta a que se despertará al monstruo dormido del dólar paralelo. Hasta antes de la medida, el blue cotizaba a 68 pesos, apenas un 8 % encima del tipo de cambio oficial.
Y eso incentiva la compra de divisas en el mercado informal, dado que usar la tarjeta de crédito equivale a pagar cada dólar a 82 pesos. Para los economistas no hay dudas sobre lo que ocurrirá: en poco tiempo, el blue será empujado por la demanda hasta llegar a ese nuevo precio. Se establecerá, de esa forma, un desdoblamiento cambiario de hecho.
