Imputaron a contratista de fútbol por tenencia de armas en investigación por amenaza a fiscal de drogas

Arias había sido detenido este sábado en un allanamiento a cargo de la Dirección General de Información e Inteligencia, en el cual se pretendía en realidad la detención de otro hombre identificado, que no fue encontrado en el lugar.

En una entrevista con El Observador en 2017, el contratista recordó que había estado en la cárcel por un "tema de contrabando".

"Estuve en Cárcel Central. Me comí unos meses y me largaron", señaló.  

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De acuerdo a lo informado luego por la Fiscalía General de la Nación en su cuenta de Twitter, la Justicia dispuso para el imputado arresto domiciliario con tobillera electrónica durante 30 días, mientras continúa la investigación. Además, el Ministerio Público afirmó que permanece detenido un familiar de esta persona. Ese familiar es el hijo de Arias, la persona que en una primera instancia los investigadores pretendían capturar, y que se terminó entregando este lunes.

Según dijo en rueda de prensa luego de la audiencia Diego Durán, abogado del contratista, este otro es indagado por la fiscalía porque "aparentemente" utilizó en determinado momento el mismo celular desde el cual se envió la amenaza de muerte contra la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, el 10 de mayo de este año.

Fiscal de Flagrancia de 5to. Turno, Diego Pérez, imputó a una persona por tenencia no autorizada de armas y porte y tenencia de armas en lugares públicos. Se dispuso un arresto domiciliario con tobillera electrónica por 30 días mientras continúa la investigación (hilo)

— Fiscalía Uruguay (@FiscaliaUruguay) September 14, 2020

Los informantes aseguraron por su parte que el empresario imputado está a su vez "vinculado a un grupo" que está en la mira de Pérez por su presunta participación en la amenaza que recibió Ferrero, justo 24 horas después del atentado contra la sede de la Dirección General de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. En esa madrugada, los atacantes emplearon una granada de origen militar que destruyó a cinco vehículos.

Ambas investigaciones –este ataque y la amenaza–  estuvieron vinculadas desde un inicio.

Por la amenaza, el grupo criminal al que apunta Pérez y los efectivos de Inteligencia se identifica con la sigla PCU, una marca que apareció al final del mensaje enviado a Ferrero, y que fue encontrada en ladrillos de cocaína de las últimas grandes incautaciones.  

Por el caso del ataque a la sede policiales, la investigación sigue las pistas de delincuentes que operan desde la cárcel. De hecho, uno de los primeros indagados fue un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), que el 29 de mayo fue conducido ante Pérez. Este hombre había sido imputado por narcotráfico el 17 de abril y durante el operativo policial que lo detuvo había amenazado justamente con realizar un ataque al edificio de la Brigada Antidrogas.

El resto de las personas enjuiciadas en las últimas semanas por este ataque fueron imputadas por encubrimiento, tenencia, porte, tráfico y comercio de armas, y asociación para delinquir. Del total de 16 enjuiciados por el atentado, solo tres fueron enviados a prisión preventiva mientras Pérez prepara la acusación. Al resto se le impuso régimen de prisión domiciliaria o medidas limitativas, como fijación de domicilio.