Nacional > Narcotráfico

Imputaron a otro sospechoso de participar en el ataque a la Brigada Antidrogas

El fiscal Diego Pérez, asistido por los investigadores de la Dirección General de Información e Inteligencia, logró enjuiciar hasta el momento a 13 personas presuntamente relacionadas con el caso  

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28 de julio de 2020 a las 17:19

La Justicia imputó a un nuevo presunto involucrado en el ataque a la sede de la Dirección General de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas realizado en la madrugada del 9 de mayo, en el que se destruyeron cinco vehículos con una granada de origen militar.

Se trata de un hombre que fue imputado de asistencia al crimen organizado, y a quien se le ordenó 60 días de prisión domiciliaria mientras el fiscal del caso Diego Pérez continúa con la investigación, informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior. 

Hasta el momento fueron imputados 13 personas por este atentado, un caso que a su vez está vinculado con la amenaza que recibió la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero el 10 de mayo, 24 horas después del ataque al edificio, tal como creen los investigadores.

Según informaron fuentes del caso a El Observador días atrás, la investigación –liderada por la Dirección General de Información e Inteligencia– apunta a delincuentes que operan desde la cárcel. De hecho, uno de los primeros indagados fue un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), que el 29 de mayo fue conducido ante Pérez. Este hombre había sido imputado por narcotráfico el 17 de abril y durante el operativo policial que lo detuvo había amenazado justamente con realizar un ataque al edificio de la Brigada Antidrogas.

El grupo criminal que está en la mira de Pérez y los efectivos de inteligencia se identifica con la sigla PCU, una marca que apareció al final del mensaje enviado a Ferrero, y que ha sido encontrada en ladrillos de cocaína de las últimas grandes incautaciones. 

El resto de las personas enjuiciadas en las últimas semanas fueron imputadas por encubrimiento, tenencia, porte, tráfico y comercio de armas, y asociación para delinquir. De los 13, solo tres fueron enviados a prisión preventiva mientras Pérez prepara la acusación. Al resto se le impuso régimen de prisión domiciliaria o medidas limitativas, como fijación de domicilio.

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