Inteligencia sin control parlamentario

A Ashraf Marwan lo encontraron tirado en el jardín de la Carlton House Terrace, un emblemático edificio londinense que está a pocos metros de Piccadily Circus. El hombre, de origen egipcio, había caído del balcón de su quinto piso el 27 de junio de 2007.

¿Un suicidio?, se preguntaron los los primeros policías que llegaron al lugar. Podría ser. Pero la posibilidad pronto perdió asidero. Marwan no era otro egipcio millonario que disfrutaba de la vida en la capital inglesa, sino que era un hombre que guardaba secretos de cinco agencias de inteligencia. Casado con la hija del presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, había tenido un acceso irrestricto a los círculos del poder egipcio. En ese contexto fue reclutado por la inteligencia israelí, pero al parecer Marwan no fue fiel a nadie más que a sí mismo. Y cuando empezó a ser una amenaza lo mataron. Nunca se sabrá quien.

Los estados hicieron, hacen y harán espionaje para acceder a información clasificada que sirva como insumo para la toma de decisiones en materia política. Ese mecanismo de recolección de información se aceptó extraoficialmente como una práctica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Quizás por su componente oculto y cinematográfico las historias de espías pasaron a significar, para mucha gente, la parte del todo de las actividades que realizan las agencias de inteligencia, aunque la tarea solo representa una fracción controvertida de lo que inteligencia hace.

En Uruguay, el ambiente político y social se sacudió en los últimos meses a raíz de las revelaciones por parte del semanario Brecha –y luego del diario El País– sobre el supuesto espionaje e infiltración de la inteligencia militar a personas, organizaciones políticas y sociales.

La ilegalidad de esta actividad responde a una situación muy concreta: la falta de modernización de los aparatos de inteligencia del estado que siguen funcionando de acuerdo a los postulados de la dictadura; sin control político ni lineamientos estratégicos que definan una política nacional de inteligencia.

La información es poder, dice el postulado que se repite como un mantra. Y la inteligencia trabaja con información. "Es el cúmulo de información que se recolecta y se procesa para la toma de decisiones", definió el integrante del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), Sergio Rico.

La inteligencia como actividad, organización y producto estuvo siempre asociada al trabajo de organismos del Estado. Pero, en la actualidad, la aplicación del concepto se puede encontrar en múltiples ámbitos del sector público y privado.

¿Para qué sirve la inteligencia? "Las comunidades, ya sea de personas o Estados, siempre han tenido la necesidad de obtener información para asegurar su propio bienestar o supervivencia. En la práctica estatal, la inteligencia sería necesaria para evitar sorpresas estratégicas, diagramar políticas y planificar acciones en las variadas áreas que competen a la defensa nacional", contestó a El Observador el especialista en Seguridad y Derecho Internacional, Santiago Arca Henón.

En el caso de Uruguay, por ejemplo, la inteligencia podría ser utilizada para anticiparse a amenazas como la aftosa,una epidemia, la contaminación de las aguas o a las limitantes comerciales que provienen de factores externos, ejemplifica Rico.

¿Cuál es el marco de acción en el que pueda actuar la inteligencia? "Todo lo que esté amparado por la ley", respondió el licenciado en Ciencias Políticas especializado en Seguridad Internacional por la Universidad Santiago de Compostela, Nicolás Álvarez Rosas. "Los políticos, quienes son los representantes de los electores, tienen que tener el control sobre los medios y los fines. Los organismos de inteligencia pueden sugerir sobre los medios pero nunca sobre los fines", agregó el especialista.

Rico afirmó que la mayor cantidad de información que hoy se recolecta proviene de fuentes abiertas –publicaciones, discursos públicos, etc– pero también reconoce que acudir a formas "no abiertas" es una práctica de uso. "Siempre habrá algún político que va a autorizar el medio no abierto para obtener información de ser necesario para la defensa nacional", dijo.

El trabajo académico de Álvarez Rosas ha encontrado una paradoja digna de destaque. A pesar de ser considerado como uno de los paradigmas regionales de la democracia por todas las instituciones de prestigio, Uruguay –junto a Costa Rica– es uno de los dos países de latinoamérica que todavía no pudo avanzar en el proceso de reforma para asegurar la institucionalización de las agencias de inteligencia bajo el control estatal.

"Los intentos de reforma del sector han sido todos cambios de nombre", dijo Álvarez Rosas a El Observador. Ante la falta de una legislación específica en materia de inteligencia, se sigue trabajando bajo los esquema que se heredaron de la dictadura.

Esa herencia está caracterizada por la inexistencia de mecanismos de control político explícitos, la enorme penetración de la inteligencia en la sociedad y su relativa autonomía respecto a los poderes públicos. La continuidad de los postulados según los que funcionaron las primeras estructuras de inteligencia del Estado incitaban al control de "ciertos núcleos de la población definidos como enemigos", escribió Álvarez Rosas en uno de sus artículos.

Sin embargo, el académico reconoció avances. La Comisión Especial con fines de asesoramiento en Inteligencia de Estado que trabajó durante la administración del presidente José Mujica es un ejemplo.

Pero la Ley de Inteligencia Estratégica que derivó del trabajo de esa grupo todavía está a consideración del Parlamento y, la semana pasada, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, subrayó la necesidad de que los legisladores consideren la iniciativa.

El elemento fundamental de la norma será la capacidad del Parlamento de ejercer control sobre las actividades de inteligencia para frenar desvíos, como los intentos de usar el poder de la inteligencia para otros fines de lo que marca los lineamientos políticos.