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Internación de adictos: presentan el tercer proyecto para cubrir las falencias de un "Estado ausente"
La campaña hacia el referéndum del 27 de marzo mantiene paralizada la actividad legislativa. Todas las fuerzas políticas esperan el paso de esa instancia para ingresar de lleno a los temas que dominarán la agenda parlamentaria este año. Uno de ellos será el tratamiento a las adicciones.
En ese marco el diputado Martín Sodano (Cabildo Abierto) presentará en abril un proyecto de ley que declara "de interés general" la atención a los adictos y el abordaje al consumo problemático de sustancias. Uno de los principales elementos de la propuesta es la habilitación para que la Justicia disponga la internación compulsiva y sin consulta a las personas en esta situación.
Se trata del tercero de los proyectos que se discutirán en forma simultánea en el Parlamento en este período. Si bien Sodano lo presenta como complementario, guarda algunas diferencias significativas con los otros dos.
Se desarrolla en 23 artículos. Sodano dijo a El Observador que se trata de un abordaje integral que procura salvar las falencias por parte de un "Estado ausente" y atender la situación de las personas a las que "el sistema ha olvidado".
El legislador fundamentó con números el concepto de "Estado ausente": según indican las cifras oficiales de 2021, el 0,8% de la población uruguaya es adicta a la pasta base de cocaína. Son, por lo menos, 20 mil personas. El Estado tan solo cuenta con 234 camas de rehabilitación, de las que solo 80 son propias.
Pese a esa escasez, sobran camas. Sodano plantea que las falencias y la burocracia hacen que solo el 85% estén hoy ocupadas.
La normativa planteada incluye diversos aspectos referidos al enfoque interdisciplinario de la atención a adictos, las garantías a las personas en esta situación, el rol del Ministerio de Salud Pública y la forma en que debe aplicarse la internación. Será, aclaró el diputado, como recurso excepcional, ante una manifiesta "peligrosidad o riesgo real inminente", para sí o para terceros".
El procedimiento ideado por Sodano es que un familiar o un amigo "denuncia" la situación del adicto y solicita la intervención estatal, que estará a cargo de un equipo multidisciplinario.
La orden de internación quedará en manos de un juez, que deberá recibir siete días antes un informe por escrito del Instituto Técnico Forense (ITF) que certifique la situación de riesgo. A partir de allí la persona tendrá 24 horas para presentarse ante la sede judicial. Si se niega, será conducido a la sede judicial. El proyecto prevé una instancia para que el implicado pueda presentar un recurso contra su internación.
El diputado anunció a sus colegas la presentación del proyecto en la instancia previa a la sesión de este miércoles en la cámara. "Las personas que padecieron y padecimos adicciones sabemos lo que es alternar momentos de coherencia e incoherencia", dijo Sodano, que poco después de asumir su banca en 2020 reconoció públicamente su experiencia. "Yo comí de un basurero cuando estuve en situación de calle por la droga", había declarado en plena cámara durante la discusión del Presupuesto. Allí, según una nota que publicó Búsqueda, reconoció que de adolescente fue un consumidor problemático de sustancias y que vivió dos años en la calle.
El legislador volvió a referirse el viernes a su experiencia de vida. "Sabemos lo que es cuando la ira nos supera, cuando nos sentimos rechazados y cuando, por conseguir algo, podemos llegar a manipular hasta al propio Dios".
El proyecto de Sodano plantea la creación de un "fondo para la rehabilitación de adicciones" y prevé también el origen de los recursos con los que deberá contar, que de todas formas deberán proveerse a través de una Rendición de Cuentas o una ley de Presupuesto.
Allí, unas de las ideas es que a ese fondo se destine un porcentaje de lo recaudado por los remates de bienes incautados al narcotráfico.
La apuesta también es a la capacidad con la que cuenten los privados, incluyendo las organizaciones religiosas, que podrán prestar el servicio para el Estado, y que podrían contar con unas 2.000 camas. La iniciativa regula las obligaciones que tendrán las instituciones que le presten servicios al Estado y la forma de sancionarlas ante eventuales incumplimientos. Una de las obligaciones será la presentación de informes periódicos sobre la evolución de los pacientes internados en forma compulsiva.
Sodano afirma haber trabajado en este proyecto por más de un año, a la espera de la definición sobre la iniciativa que había presentado su correligionaria Silvana Pérez Bonavita en unión con la colorada Nibia Reisch, que deberá ser discutido en el Senado luego de su sanción en Diputados a fines del año pasado.
En este caso, se trata de la expresión de la "voluntad anticipada" del adicto de ser internado en situaciones de crisis. Recoge una iniciativa que llevó al Parlamento la organización Madres del Cerro. La voluntad, según prevé, deberá expresarse a través de un acta notarial. Se trata de un proyecto para el que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) "no está preparada para cumplir", según había señalado en octubre del año pasado el titular de esa institución, Leonardo Cipriani.
Según el jerarca, unos 2.000 adictos podrían expresar su voluntad por anticipado de internarse, lo que haría colapsar al sistema.
Por otro lado está el proyecto presentado por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que propone reglamentar la internación compulsiva en los casos de adictos que viven en la calle.
Sodano afirma tener el respaldo de todo su partido, y espera ahora la opinión del Mides y de su correligionario Daniel Salinas, titular de Salud Pública.
El caso de los adictos imputados
La Comisión de Población y Desarrollo de Diputados comenzará a analizar otro proyecto que Sodano presentó en diciembre del año pasado que también propone declarar de interés general el tratamiento de las personas con uso problemático de drogas imputadas por delitos, ya sea que estén relacionados o no con su adicción.
Allí se plantea la creación de un centro de tratamiento específico en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Estará destinado a las personas bajo medidas sustitutivas a la prisión. Otro centro similar estaría destinado a quienes estén cumpliendo penas efectivas en la cárcel.
El texto cita a la Encuesta Nacional sobre consumo de drogas realizada en 2019 para indicar que uno de cada cuatro consumidores de pasta base de cocaína admitió haber buscado los recursos para acceder a la droga a través del robo o la prostitución. Según la misma encuesta, el 60% desarrolló dependencia, uno de cada cuatro ha vivido en la calle y casi la mitad estuvo alguna vez en prisión.
Según el último Censo Nacional de Reclusos, el 28% declaró haber iniciado el consumo antes de delinquir. Además, el 36% de los reclusos admitió haber cometido el delito por el que fue condenado bajo el efecto de alguna droga. De ellos, el 47% por pasta base.
