Defensa de la Competencia rechazó dos recursos presentados por SUAT y SEMM contra la denuncia realizada por UCM
Con reserva, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia avanza en la investigación por “prácticas anticompetitivas” y “conductas concertadas” de las emergencias móviles.
La denuncia fue realizada por UCM en diciembre del año pasado y señala que durante años las empresas del sector desarrollaron un acuerdo para repartirse el mercado en “zonas geográficas y clientes exclusivos”, fijar “precios” de los carnet de salud y vacunas, y coordinarse para “participar o abstenerse” en licitaciones públicas y privadas.
Desde entonces, la oficina que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha venido analizando las pruebas y notificando a las empresas denunciadas, las cuales han desarrollado diversas estrategias.
Mientras que algunas rechazaron la existencia de un “acuerdo tácito”, otras como SEMM y SUAT buscaron suspender el proceso, argumentando que la comisión no era competente en la materia, que el caso debía discutirse en el MSP ya que es el rector de las políticas de salud, y que UCM no tenía permitido denunciar porque fue quien “inició” los acuerdos cuestionados.
El planteo, realizado meses atrás, fue rechazado recientemente por Defensa de la Competencia, en una resolución -a la que accedió El Observador- en la que dio algunos detalles de las evidencias con las que cuenta.
A partir de un informe jurídico, el organismo consideró que no era “de recibo” el planteo de que UCM fue “promotora de las conductas que denuncia” ya que eso no surgía de “prueba alguna”.
En sus descargos, UCM había sostenido algo similar: que no había pruebas y que en los mails donde “toma la iniciativa” se observa que eran parte de un “entendimiento previo general”.
Tanto SUAT como SEMM habían presentado algunos correos electrónicos con los que pretendían demostrar esa afirmación, pero Defensa de la Competencia les señaló que los mails “solo evidencian la existencia de un acuerdo preexistente o entendimiento general previo entre las empresas que participan en la comunicación”.
“El acuerdo que existía entre las empresas se materializaba en prácticas concretas, coordinación de precios del carnet de salud, de las vacunas, pero el acuerdo que se denuncia refiere a prácticas en general, en donde los tres actores son partícipes y actúan en base a un acuerdo general que preexiste”, dice en otro pasaje la resolución.
Inés Guimaraens
El organismo también mencionó que hay “elementos probatorios” que superan los cinco años y “prueba documental de otros períodos incluso más recientes”.
En sus escritos, las empresas denunciadas habían expresado que la investigación les causaba un daño grave, algo que “no se vislumbra”, según Defensa de la Competencia.
De acuerdo con ellas, UCM omitió identificar las “infracciones denunciadas”, y tampoco cumplió con los requisitos exigidos para que opere el “instituto de la clemencia”, que en este caso supone la exoneración de las responsabilidades.
La denuncia alcanza a todas las compañías nucleadas en el Sistema Integrado de Emergencias Médicas Móviles del Uruguay (SIEM o la Red) y la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica y Extrahospitalaria (Ceamex). Según UCM, ambas organizaciones fueron utilizadas como ámbitos para concertar conductas anticompetitivas.
A fines de mayo, El Observador había informado que la Cámara de Emergencias señaló —en otro escrito— que la denuncia pretendía “generar divisiones y conflictos en el mercado” y rechazó que existiera un “acuerdo tácito” entre las empresas así como la “participación activa de la entidad para proteger esa práctica”.
La primera resolución que tomó Defensa de la Competencia al aceptar el caso fue que UCM fuera reintegrada al SIEM, de la que había sido expulsada en noviembre de 2022.
Una porción de las emergencias fueron representadas por el abogado José Antonio Kamaid, quien aseguró que la expulsión de UCM de la red SIEM por un “eventual incumplimiento” no era “óbice” (un obstáculo) para que se instalara “en la zona de su preferencia y desarrolle prácticas comerciales con toda libertad”.
Kamaid negó la existencia de una “posición dominante” de algunos denunciados, argumentando que eran empresas menores por lo que “difícilmente” pudieran incurrir en un “abuso de derecho”.
En su denuncia, UCM relató que detectó las prácticas en setiembre del año pasado cuando designó a un nuevo gerente general y cesaron a todos los otros gerentes.
En ese momento, la empresa empezó a ofrecer servicios en un departamento del interior y recibió “presiones claras” de un competidor para “cesar su expansión o prescindir de su cooperación como subcontratista en licitaciones”.
Como “no cedió” a las presiones, el competidor envió una carta al SIEM, que terminó con la expulsión de UCM.
Entre la información aportada, UCM entregó una investigación interna que da cuenta que los gerentes de las empresas tenían comunicaciones con “alta frecuencia” y “alto nivel de detalle” de elementos comerciales y “competitivamente sensibles” mediante correos electrónicos.
El documento, a partir del relato y la documentación entregada por la empresa denunciante, agrega que las organizaciones se constituyeron con fines legítimos pero con el paso del tiempo se fueron “desvirtuando”, llegando a un acuerdo de coordinación que “impone” a los integrantes un “deber de abstenerse de ofrecer directamente servicios en las zonas en las que operan los restantes partícipes”.
También señala que utilizaron la cámara como instrumento para acordar “políticas comerciales entre grupos de empresas” con respecto a algunos servicios, lo que “supone un acuerdo de fijación de precios y márgenes de ganancias”.
Las sanciones, de acuerdo con el artículo 14 de la ley, pueden ir desde un apercibimiento hasta multas entre US$ 14.376 (100 mil UI) y US$ 2,9 millones (20 millones de UI) o el equivalente a: el 10% de la facturación anual del infractor o el equivalente a tres veces el “perjuicio causado por la práctica anticompetitiva” si fuera determinable.