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La Federación defiende a sus afiliados ante la actuación "ilegal" de la comisión.

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Investigadora: Fenapes pasó del temor a una "consciente rebeldía" y enfrentará el "triple ajuste" del gobierno

La federación se presentó en el Parlamento a defender a los seis afiliados por usar certificados falsos para justificar inasistencias

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18 de mayo de 2022 a las 05:03

A pesar de considerarla ilegal, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) optó por ir este martes al Parlamento y presentar una defensa formal ante la Comisión Investigadora que, en la Cámara de Diputados, analizó las denuncias en torno a la utilización irregular de certificaciones por parte de algunos docentes para justificar inasistencias en varios liceos del país.

El sindicato elevó al Parlamento un escrito de 12 páginas en los efectúa sus "descargos" en torno a la acusación contra seis de sus afiliados: Graciela Almeida, Alejandra Vespa, Virginia García Montecoral, José Olivera, Ana Pescetto y Marcel Slamovitz. El documento, al que accedió El Observador y al que el dirigente Emiliano Mandacen definió como un "alegato político" insiste en una actuación ilegal de la comisión, desde el momento en que la propia ley le prohíbe investigar la actuación de personas. "En rigor, la tarea que está llevando a cabo no es otra que entrometerse en la vida interna del sindicato, en flagrante violación a la Constitución y a convenios internacionales, con la antijurídica finalidad de atentar contra la libertad sindical", dice el texto. 

Entre ellas, se afirma, atentar contra el derecho de los sindicatos de organizar su administración y sus actividades, o de formular su programa de acción, además de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho. Fenapes apela allí a lo establecido en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Uruguay. La federación también sostiene que se violenta el convenio 151, que prohíbe discriminar a los funcionarios públicos por estar afiliados a un sindicato o coaccionarlos para que no lo hagan. 

Fenapes cuestionó además que los integrantes oficialistas de la comisión se hayan atribuido "poderes jurisdiccionales" al enumerar en sus conclusiones una serie de delitos en los que habrían incurrido sus afiliados. En el documento la federación eleva una advertencia: si la Cámara de Representantes avala la actuación de la investigadora corre el riesgo de "ser pasible de responsabilidad civil por un acto legislativo manifiestamente antijurídico".

Olivera, uno de los acusados, ya había adelantado a El Observador que la investigadora había abierto una "caja de pandora" y que el sindicato tenía sobre la mesa una demanda civil contra el Poder Legislativo. En ese marco, Fenapes hizo un pedido concreto: que el Parlamento "repare la lesión" al ordenamiento legal y rechace las actuaciones de la "ilegal" comisión. 

El informe de los diputados incluyó entre los acusados a los seis sindicalistas y a los exconsejeros de Secundaria Celsa Puente y Javier Landoni. Sobre ellos marcó "hechos de apariencia delictiva" en torno a la validación de los certificados de inasistencia: fraude, estafa, falsificación, omisión del deber de los funcionarios públicos de denunciar delitos contra la administración y encubrimiento. Una "ensalada", como la definió el asesor letrado del sindicato, Marcelo Domínguez, en la que "cada uno deberá elegir a qué delitos deberá responder. Es un dislate jurídico", expresó. 

Allí Fenapes cuestiona un punto en particular: la comisión omite precisar qué delitos habría cometido cada uno. También se marca la ausencia de una imputación precisa, lo que haría imposible para ellos ejercer una defensa. Todo lo cual, se apunta, lesiona en forma flagrante el principio constitucional del debido proceso. "No se pueden defender si desconocen de qué hecho se los acusa y mucho menos presentar prueba de descargo", se afirma. 

"Presenciar como legisladores sin pudor alguno avasallan derechos fundamentales cuando, al momento de asumir sus cargos, juraron defender la Constitución, es una clara muestra del irrespeto que se le tiene a las instituciones y al pueblo que dicen representar", concluyó el documento. 

Mandacen sostuvo este martes que la actuación de la comisión va en línea con un "ajuste de derechos" que forma parte del "triple ajuste" que el gobierno viene aplicando en la educación. Va en paralelo, dijo, al "ajuste pedagógico" dado por la reforma curricular cuyo "documento madre" acaba de ser presentado por las autoridades y que, según el dirigente, ya fue rechazado por "cientos de profesores en todo el país". 

El sindicalista hizo referencia al "ajuste presupuestal", que en su visión implicó un recorte de US$ 80 millones en el presupuesto educativo y que ha derivado en una pérdida salarial del 8% para los trabajadores, además de la pauperización de las condiciones educativas y la limitación del acceso a la alimentación en los centros públicos. 

Mandacen aludió además a una "persecución cotidiana" a la que se ven sometidos los profesores, que llega incluso a la vulneración de las carteleras sindicales. Tanta "censura y violencia", sostuvo, derivó en una "mayor rebeldía" en los docentes, que se viene manifestando justamente en el masivo rechazo a la transformación curricular propuesta por las autoridades. 

"Pasamos del temor a la consciente rebeldía de que hay que enfrentar este proceso de ajuste", concluyó el dirigente.

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