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Jefe de seguridad de Nacional: barras disputan el territorio en las tribunas

Dirigentes pidieron legislar sobre los guardias de seguridad privada; que la autoridad pública ejecute el derecho de admisión y sean los policías los que intervengan si hay desmanes
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10 de febrero de 2017 a las 17:43

Para las autoridades del Club Nacional de Fútbol el derecho de admisión a los estadios lo debe aplicar la autoridad pública, es decir la Policía.

También dieron a conocer en el Parlamento que se marcan zonas en las tribunas, que tienen relación con ganar territorio en ciertos barrios para hacer negocios.

Así lo plantearon el jueves en la comisión de Deportes del Senado a la que concurrió el presidente del club, José Luis Rodríguez, el prosecretario Pablo Durán, el encargado de seguridad, Wilson Miraballes y el presidente de la comisión de seguridad, Víctor Della Valle.

En esa instancia parlamantaria, donde se reclamó un marco jurídico para proteger a los guardias privados que trabajan en los estadios, Miraballes reveló que los negocios ilegales, básicamente no se dan en las tribunas sino afuera. En tal sentido precisó que en las tribunas "se marca territorio" de barrios como Marconi, 40 Semanas, Borro o el Cerro.

Especificó que en el Parque Central no detectaron que haya negocios ilícitos y explicó que el hecho de marcar sitios en el estadio después se traslada a diferentes barrios donde sí se pueden concretar negocios importantes.

. "Quiere decir que si alguien tiene un lugar ganado dentro de la tribuna, cuando después llega al barrio tiene su territorio ganado y ahí es donde cada uno hace su negocio", dijo Miraballes.

Nacional invierte en seguridad unos US$ 700 mil al año. Cuenta con una planilla estable de 25 personas para esa tarea y cuenta en su estadio con 70 cámaras y una sala de monitoreo.

Las cámaras de reconocimiento facial que exigió el Ministerio del Interior estarán funcionando en el Gran Parque Central en diciembre o a más tardar en marzo de 2018.

Respecto a la presencia de policías en las canchas, el dirigente Pablo Durán dijo que debe haber "una coordinación" entre la seguridad privada con la autoridad "que debe estar presente en los campos deportivos.

"Digo esto no solamente porque la seguridad es una competencia privativa inalienable y que no admite cesión del Ministerio del Interior, sino porque, además, creemos que todas estas medidas que se están tomando junto con ese ministerio y con las autoridades de la AUF necesitan de un efecto disuasivo, que es saber que está la presencia policial", afirmó.

Durán comentó que Nacional ejerció el derecho de admisión y demandó que sea la autoridad pública la que lo ejecute, porque el Club Nacional "no cuenta con las facultades jurídicas ni humanas como para impedir la entrada de un malón".

También dijo que ante un desmán o un acto de violencia quien debe intervenir "es la Policía".

Una de las ideas manejadas por los directivos fue el que haya un fiscal en los estadios que pueda, en el caso de incidentes, instruir en el lugar un procedimiento "jurisdiccional o administrativo".

Durán recordó el clásico donde, luego de una reyerta entre jugadores fueron procesados con prisión y eso ocurrió porque en la tribuna había un juez (el doctor Pablo Eguren), que estaba mirando lo que sucedía y actuó de oficio.

Otro punto sobre el que pidieron trabajar los directivos es en lo vinculado con las redes sociales donde previo a ciertos partidos de riesgo se detectó el cruce de amenazas o insultos.

El senador Pedro Bordaberry (Colorado) preguntó si no se podrá aplicar el derecho de admisión a los que incurran en violencia en las redes sociales.

El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, afirmó que "en Nacional no hay presiones" desde que asumió el cargo hace poco más de un año.

También consideró que no sirve ni dio resultados quitarle puntos a un club cuando éste cumplió con todas las medidas de seguridad que se le exigen.

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