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Jorge Chediak: baja en reportes de operaciones sospechosas fue "predicha y alertada"
Frente a las advertencias por la baja de reportes de operaciones sospechosas de lavado (ROS), el titular de la Secretaría Antilavado, Jorge Chediak, dijo a El Observador que esa situación había sido anticipada. “El propio Gafilat, en abril de 2020, había predicho que en toda la región iba a haber necesariamente una baja en las ROS, como consecuencia directa de la baja en toda la actividad económica por la pandemia”. “No era solo predecible, sino predicha y alertada. Y fue exactamente lo que pasó”, insistió.
Esta merma había sido advertida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, que un informe al Poder Legislativo había indicado que en los primeros meses de 2021 hubo apenas 11 reportes de este tipo, cuando a lo largo de 2020 habían sido 68.
En el primer semestre de este año los escribanos presentaron cuatro reportes contra 20 del año pasado. Las inmobiliarias uno solo, cuando el año pasado habían elevado nueve ROS, mientras que sus operaciones crecían 41% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo período del anterior.
A su vez y en todo 2020 esa unidad recibió 694 ROS, lo que representó una baja de 10,5% con respecto a 2019. Los escribanos, por ejemplo, presentaron este año apenas cuatro reportes, contra 20 que habían elevado el año pasado. Las inmobiliarias uno solo, frente a nueve ROS en 2020, cuando sus operaciones en el primer trimestre de este año crecieron 41% con respecto al mismo período del año anterior.
Chediak también se preocupó en desvincular esta merma en los reportes de posibles efectos de una serie de artículos incluidos en la ley de Urgente de Consideración (LUC).
A través de dos artículos de esa norma, vigente desde julio del año pasado, se elevó de US$ 4.000 a US$ 10.000 el tope para que una operación pueda realizarse con dinero en efectivo.
Además abogados, escribanos e inmobiliarias, entre otros operadores, podrán apelar a la “debida diligencia simplificada” cuando los fondos de una operación pasen por el sistema financiero, con lo que solo deberían identificar a quiénes realizan esa operación, no el origen de los fondos.
Según el titular de la Senaclaft, el descenso en los reportes ha sido la “tónica” común en la región, y lo de Uruguay no ha sido diferente en sus resultados durante el primer año de la pandemia con respecto a países “que no tuvieron cambio de gobierno ni tampoco una LUC”.
Al punto tal que, según señaló, no hubo grandes cambios en el segundo semestre del año pasado con respecto al primero, cuando todavía no estaba vigente la ley de Urgente Consideración.
En ese sentido, Chediak afirmó que los datos disponibles “no permiten hacer una relación de causalidad” entre eventuales efectos de la LUC y la baja en los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Más investigaciones
Con respecto al artículo 241 de la Rendición de Cuentas, que comenzará a votarse el lunes 16 de agosto la intención es que haya persecuciones penales “más numerosas y exitosas” vinculadas al lavado de activos, aunque su redacción original, según Chediak, haya generado “visiones no coincidentes”.
La versión que ingresó al Parlamento establecía que las fiscalías departamentales del interior tendrían competencia para tomar medidas “urgentes e impostergables” en relación a eventuales delitos vinculados al lavado de activos. Cumplida esa actuación de urgencia, el proyecto indica que las actuaciones deberán ser remitidas a la Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes, que tendrá competencia nacional para continuar la investigación.
Esta era la visión del Ministerio del Interior, para el que se debía acentuar la especialización de las sedes de la capital y concentrar en ellas para lograr una mayor eficacia. La idea generó críticas de parte del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz.
Ante la situación, la Secretaría presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados una redacción alternativa, en la que según Chediak se “precisan” las potestades y primeras medidas que pueden tomar los fiscales locales en estos casos, antes de tener que remitir las actuaciones a Montevideo.
La ley vigente desde 2017 establece tres modalidades por las que se configura un lavado de activos, vinculadas a 33 delitos considerados “precedentes” de esta actividad.
Una es convertir o transferir bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de esos delitos. La segunda es adquirir, utilizar o realizar cualquier tipo de transacción que procedan de esos delitos. La tercera, ocultar, suprimir o alterar indiciios que impidan la determinación real de la naturaleza, origen, destino, ubicación, movimiento o la propiedad de bienes o productos que procedan de cualquiera de esas 33 actividades.
Entre los delitos “precedentes” se incluye tráfico de armas, explosivos, tráfico de personas, extorsión, secuestro, proxenetismo, estafa, apropiación indebida, delitos contra la administración pública, quiebra e insolvencia fraudulenta, fraude fiscal o defraudación tributaria.
En busca de un cuerpo estable de funcionarios
La Senaclaft está integrada por 24 funcionarios. El de Chediak es un cargo de confianza, en tanto que la secretaria ejecutiva y el encargado de análisis estadísticos pertenecen a Presidencia. El resto de la plantilla son pases en comisión provenientes de otros organismos.
La situación afectaba en particular a la Dirección General de Impositiva (DGI): de allí provenían 16 funcionarios que revistaban en la Senaclaft. Según Chediak se trataba de algo "muy perjudicial" para ese organismo, tomando en cuenta que, en todos los casos, se trataba de contadores. En los últimos meses siete de esos funcionarios retornaron a su lugar de origen, y a cambio la Senaclaft incorporó abogados desde otros organismos.
La intención es generar, a partir de la próxima Rendición de Cuentas, una estructura más solida, a través de la creación de cargos en los niveles de supervisión y gerencia y cumplir así las recomendaciones del Gafilat.
