La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu aceptó el pedido de la fiscal Mónica Ferrero de ampliar la investigación penal contra Martín Mutio por hechos que lo vinculan presuntamente al lavado de activos, según informaron a El Observador fuentes judiciales.
Mutio es un empresario de 32 años que por el momento es la única persona que ha sido imputada por el envío de las 4,5 toneladas de cocaína a Europa, incautadas en junio del año pasado en el puerto de Hamburgo, Alemania. Este hombre fue imputado el 30 de agosto de 2019 como autor de un delito de asistencia al narcotráfico, ya que era el propietario del contenedor confiscado por las autoridades alemanas. Actualmente se encuentra en libertad, porque la Justicia entendió que no hay mérito para que espere el juicio oral en prisión domiciliaria, régimen bajo el cual estuvo hasta el 4 de mayo.
En una audiencia que se celebró este jueves de tarde, Ferrero solicitó a Larrieu que el empresario fuera imputado además por autolavado, un delito aludido en el artículo 35 de la ley integral contra el lavado de activos –Nº 19.574– de 2018. Allí se define que un indagado puede ser imputado de autolavado si además incurrió en una serie de delitos explicitados en el artículo anterior –que incluye el narcotráfico, entre otros 34 ilícitos– "y por tanto (pueden quedar) sujeto a investigación y juzgamiento".
Sin embargo, la defensa de Mutio –integrada por los penalistas Marcelo Bacedo y Martín Fernández– rechazó que se aplicara ese artículo en el entendido de que allí "no se describe delito alguno", y usó como argumento el primero artículo del Código Penal, en donde se asegura que para que algo sea considerado ilegal "debe contener una norma y una sanción".
Los informantes contaron que la magistrada aceptó ese reparo y sentenció que no se agregará el nuevo delito, pese a que concedió la inclusión en el proceso iniciado por Ferrero de los nuevos hechos que señalan a Mutio como sospechoso de haber lavado dinero procedente del narcotráfico.
La defensa de Mutio también fundamentó que, en su consideración, los hechos que para la Fiscalía de Estupefacientes de 1º Turno reflejan una acción de lavado de activos, para los penalistas corresponden a "la actividad comercial normal" del indagado, dedicado al comercio exterior, y afirmaron que tenían documentación para respaldar la posición y "justificar todo".
La fiscal anunció que va apelar la decisión de excluir el delito de autolavado en la imputación, y los abogados, disconformes con la inclusión formal de los hechos sobre presunto lavado en la indagatoria penal, también adelantaron que estudian apelar.
Prórroga para la acusación
En la audiencia, Ferrero también pidió a la Justicia que se le otorgara un año más de plazo para continuar investigando al empresario, antes de presentar la acusación contra el imputado, tal como está previsto en el nuevo Código del Proceso Penal. El año se iba a cumplir este lunes.
Eso también contó con la oposición de Macedo y Fernández, quienes además criticaron el tiempo transcurrido hasta ahora sin que la Fiscalía se decidiera a acusar, y señalaron que Mutio fue expuesto a "muchos perjuicios" por la demora del Ministerio Público.
La jueza Larrieu atendió los argumentos de la defensa, y le dio 120 días a Ferrero para que presente la acusación, algo que también será apelado por la Fiscalía. La defensa, en tanto, también anunció que apelará este punto, porque entienden que el plazo sigue siendo excesivo. Propusieron que la acusación sea presentada a más tardar dentro de un mes.
Exportación
En octubre del año pasado, Ferrero había intentado que en la carátula del caso se cambiara el delito de asistencia al narcotráfico por uno más grave, en función de la investigación llevada adelante en aquel momento: había solicitado que Mutio fuera imputado como coautor de un delito de exportación de estupefacientes.
Pero en esa ocasión la jueza lo rechazó, y el Tribunal de Apelación de 3º Turno le dio la razón a la magistrada semanas después. Los ministros explicaron que el cambio de delito es algo que no corresponde hacer en la etapa de la formalización, sino en la de la acusación, y que entonces tenía razón Larrieu al argumentar que no había "hechos nuevos" que justificara la nueva imputación.
