Charles Carrera, uno de los demandantes.

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Justicia condena a Presidencia a revelar información reclamada por senadores del MPP

Legisladores habían acusado al gobierno de "ocultar" información sobre más de 100 proyectos de iniciativa privada
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18 de agosto de 2022 a las 17:25

El juez letrado en lo Contencioso Administrativo Pablo Ganini condenó este jueves a Presidencia de la República a entregar información sobre todas las iniciativas privadas que llegaron a estudio de este gobierno. Fue ante una demanda presentada por los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP), Frente Amplio, Charles Carrera y Sebastián Sabini, quienes habían acusado al gobierno de ocultar los informes correspondientes. 

Los legisladores habían iniciado a principios de mayo un pedido de acceso a la información pública. Allí le solicitaron a la Torre Ejecutiva la nómina completa y detallada de todas las iniciativas recibidas en la Torre Ejecutiva que buscaban ampararse en el régimen de concesión de obra previsto en la ley de Reactivación de la Actividad Económica, vigente desde 2002. También los datos de todos sus titulares.

A través de una resolución firmada por el prosecretario Rodrigo Ferrés, Presidencia respondió el 4 de julio. Pero lo hizo de forma incompleta, omitiendo según los senadores gran parte de los proyectos presentados, ofreciendo la prueba correspondiente. 

En la audiencia de este jueves las representantes legales del Estado, Andrea Canabal y Bárbara Muracciole, fundamentaron la calidad y cantidad de la información entregada en función de la confidencialidad que debe regir en este tipo de proyectos. Confidencialidad que, afirmaron, está vigente hasta que las ofertas sean aceptadas. En ese marco el Poder Ejecutivo había reconocido la existencia de 128 proyectos a estudio, aunque no presentó datos de la mayoría de ellos. 

El juez, no obstante, comprendió que ese concepto no alcanza al nombre de los titulares de cada iniciativa, que caen bajo el régimen general. Ante el pronunciamiento del magistrado, las partes acordaron la entrega de la información requerida. Los senadores del Frente Amplio tendrán ahora un plazo de cinco días para analizar si la documentación aportada cumple con su pretensión. 

 

 

 

 

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