La Justicia de Maldonado procesó este lunes con prisión a dos militares retirados que trabajaban en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce por los delitos de abuso de autoridad, y por su participación en la detención y tortura de 19 personas, la mayoría de ellos estudiantes vinculados a grupos que difundían propaganda contra la dictadura entre los años 1972 y 1979, informó Televisión Nacional y confirmó El Observador. Uno de ellos será enviado a prisión, mientras que el otro cumplirá su privación de libertad con prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad.
Se trata de los primeros procesamientos conseguidos por la fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, creada en febrero de 2018, y que tiene a su cargo la investigación de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El fiscal Ricardo Perciballe había presentado un pedido de procesamiento contra seis militares retirados que tuvieron cargos de jerarquía en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce. Sin embargo, la Justicia de Maldonado concedió el procesamiento para dos de ellos, ya que algunos están muertos y otros interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de una fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
Según se detalla en el texto de solicitud de procesamiento, la investigación por este caso se inició el 31 de octubre de 2011, a partir de unas 19 denuncias de personas que estuvieron detenidas en aquella unidad militar.
En la mayoría de los casos, las personas detenidas integraban distintos grupos de izquierda que hacían propaganda contra la dictadura, pero que no habían participado de ninguna acción violenta. En algunos casos esas detenciones se extendieron por ochos meses y en otros se superó los cuatro años de encierro.
Los detenidos eran interrogados aplicando distintos tipos de tortura. Todos fueron sometidos al “plantón”, un método mediante el cual eran esposados con sus manos en la nuca y obligados a mantenerse parados con las piernas abiertas por largas horas. “En caso de cerrar las piernas era golpeado para que las abriera y si caía al suelo fruto del cansancio era sometido a puntapiés para que se levantara”, detalla el fiscal sobre los castigos a los que fue sometido un joven vinculado al Movimiento Marxista, una organización que se oponía “en forma pacífica” a la dictadura cívico militar, y que, por esa razón estuvo preso cuatro años y seis meses.
A este detenido, al igual que a otros que figuran en la lista de denunciantes, se lo sometió también a los castigos con picana eléctrica y fue sumergido en agua para que delatara a compañeros de militancia, aseguró Perciballe.
