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Casa ubicada en José Ignacio

Nacional > CONFLICTO EN JOSÉ IGNACIO

Justicia prohibió a dueños argentinos hacer cambios a su casa denunciada por vecinos de José Ignacio

La propiedad fue denunciada por vecinos por presuntos incumplimientos de la normativa

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14 de junio de 2022 a las 10:22

La jueza letrada Jennifer Castillo dispuso medidas cautelares de anotación preventiva de litigio y prohibición de innovar contra el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado en el juicio que involucra a la propiedad de la familia Sánchez Elía, ubicada en José Ignacio.

La construcción de la casa –en la mira de los vecinos del balneario esteño– está en suspenso por decisión del Ministerio de Ambiente desde junio de 2021. Según consta en una resolución a la que accedió El Observador, la cartera suspendió las obras "debido a incumplimiento del proyecto autorizado y presentación de información errónea en la solicitud de autorización".

Con la reciente resolución, el juicio pasa al registro de la propiedad inmueble, es decir que cualquier tercero que quiera realizar un negocio jurídico con la casa estará enterado de que hay un proceso en curso que la afecta.

Por otra parte, prohíbe que el inmueble reciba modificaciones y exige a sus propietarios mantenerlo tal cual está en este momento.

"La anotación preventiva de la litis (litigio) es para el caso de que si alguien quiere vender la propiedad, hacer algún tipo de negocio, hipotecarla o lo que fuere, se le anuncie a la parte que va a consultar que hay un juicio que la involucra", explicaron fuentes judiciales consultadas. Esto impide continuar las obras, al menos hasta que dure la suspensión dictaminada por el Ministerio de Ambiente.

"En consonancia con lo dispuesto en vía administrativa por el Ministerio de Ambiente, y mientras dure esa suspensión, no pueden hacer nada: ni construir una nueva obra ni pintar las puertas", agregaron.

La resolución también impide a Ambiente y a la Intendencia que encabeza Enrique Antía dar permisos o regularizar lo hecho hasta ahora, señaló a El Observador el abogado de la Liga de Fomento de José Ignacio, Mauricio Fioroni.

La disputa legal por la casa de los Sánchez Elía

La casa de Siobhan Dumas, que ahora corresponde a sus hijos -los hermanos Sánchez Elía-, comenzó a gestarse en 2016, cuando hicieron pública la iniciativa. No fue hasta fines de 2019 que comenzó el proceso de construcción -con autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente-, en principio, sin recibir "objeciones", según declaró la familia.

Al tiempo, los vecinos notaron irregularidades en el proyecto y denunciaron que el hogar sobrepasaba un metro y medio la altura permitida. Además, argumentaron que impactaba "negativamente en el paisaje" al supuestamente estar construido bajo un sistema de apoyo "desmesurado", que requiere el uso de materiales pesados. La familia Sánchez Elía contradice hasta hoy esa versión y asegura que la propiedad no está un metro y medio más arriba de lo permitido, sino que el 4,7% de su superficie excede el límite de edificación.

Esos contradichos requirieron la intervención del Ministerio de Ambiente, que suspendió las obras. Previamente, una de las inspecciones realizadas en el lugar había constatado que la obra no se ejecutó de acuerdo al fotomontaje presentado, por lo que se le pidió a los propietarios que justificaran las discrepancias entre lo autorizado y lo construido. 

Los Sánchez Elía recibieron una multa de 500 Unidades Reajustables (UR) por "haber incumplido las condiciones previstas" y el técnico ambiental responsable fue suspendido del registro de profesionales por presentar información errónea respecto al análisis de afectación al paisaje, según consta en la actuación administrativa de Ambiente sobre la casa.

De ahí en más, la familia -que asegura haber alzado la residencia sobre pilotes y elegido el sistema constructivo steel-framing por ser liviano y sustentable- puso en marcha un plan de mitigación para remover las fallas, que debía incluir las obras a demoler, la gestión de los residuos y un cronograma.  

"Se ha presentado un plan de mitigación ante el municipio y el ente ambiental—todavía sin respuesta— a raíz del 4,7% de la superficie de la casa que se encuentra por encima del límite de edificación. Se trató de un error absolutamente involuntario originado en el cálculo de la cota. El mismo fue producto de las rígidas restricciones de movilidad para el control profesional de la construcción en plena pandemia", dijo la propietaria Zelmira Sánchez Elía en diálogo con El Observador.

Los dueños argentinos presentaron un recurso para revocar la multa y suspender parcialmente la sanción del ministerio. Sin embargo, hasta la fecha no han presentado fundamentos para interponer esa actuación.
 

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