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Juzgados de género siguen siendo una promesa ¿por qué?

Tras cinco meses de reuniones y compromisos esos juzgados siguen siendo una promesa

Argimón saliendo de la reunión con el presidente de la Corte, Tabaré Sosa, el 27 de enero

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22 de marzo de 2021 a las 05:00

Cuando estudiaban la ley de Presupuesto en octubre, los legisladores de la coalición de gobierno acordaron con el Ministerio de Economía reasignar recursos para poder instalar al menos tres juzgados de Género en el interior del país.

A fines de diciembre, al no recibir ninguna comunicación sobre la efectividad de esos recursos, la Suprema Corte, le avisó al presidente Luis Lacalle Pou que desistía de instalar los juzgados. 

Enteradas de esa situación las legisladores de la Bancada Bicameral Femenina le pidieron una reunión al presidente de la Corte, Tabaré Sosa, que se concretó el 27 de enero. En el encuentro se comprometieron a buscar los edificios para cedérselos en comodato al Poder Judicial y a agilizar la búsqueda de los recursos. También la directora de Inmujeres Mónica Bottero, se reunió con Sosa y se comprometió a destinar unos $ 20 millones que el Parlamento le trasladaría para la lucha contra la violencia de género al Poder Judicial.

Pasadas siete semanas desde esas reuniones y esos anuncios, y cinco meses de las negociaciones parlamentarias, los recursos siguen sin ser trasladados.

Según dijeron a El Observador fuentes políticas y judiciales, la semana del 8 de marzo Argimón se comunicó con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para informarle que contaban con un edificio en Paysandú, otro en Rivera y otro en San Carlos para cedérselos en comodato.

Desde el Poder Judicial se confirmó esa llamada pero se aclaró que hasta este viernes, sólo se había concretado el ofrecimiento de un local en Paysandú. Se informó que el intendente Nicolás Olivera comunicó a la Corte la información sobre el edificio y puso a disposición de la división de Arquitectura del Poder Judicial los planos. Ahora ambos organismos coordinarán una visita para definir si se precisan reformas. 

Una vez que se concrete el comodato legalmente, el Poder Judicial tendrá que hacer el llamado a licitación para las obras, seleccionar a la empresa y hacer las adaptaciones que sean necesarias para que el edificio funcione como juzgado.

Pero para ello se necesita algo fundamental que son los recursos. Según informaron las fuentes del Poder Judicial se estima que para la adaptación de los edificios en sedes judiciales necesitarán una inversión de $ 5,9 millones. Ese monto comprende tanto las obras edilicias como mobiliario y computadoras que se deberán instalar.

A su vez necesitarán $ 4,5 millones mensuales para gastos de funcionamiento que implican los gastos de agua, luz, internet, limpieza y vigilancia, ya que al tratarse de juzgados de materia penal deberán contar con guardia policial durante todo el horario. En definitiva los gastos totalizan este año $ 60 millones (por las obras de remodelación) y los restantes $ 54 millones.

Con respecto a los cargos de jueces es lo único que ya está contemplado, ya que en la ley de Presupuesto se asignaron recursos para tres juzgados y la Suprema Corte transformará otras tres sedes judiciales en sedes de esa materia.

Ya que el artículo 542 de la ley de presupuesto no previó la necesidad de dos turnos por juzgado, para atender los casos que surjan las 24 horas, por lo que se crearon cargos para 12 horas de trabajo –tres jueces letrados, tres actuarios titulares y otros tres adjuntos, tres psicólogos y tres psiquiatras, entre otros cargos–, Sosa anunció que el Poder Judicial iba a transformar otros tres juzgados para completar el segundo turno que necesita cada una de las sedes.

Recursos, cartas y reuniones

El problema con los juzgados de género se arrastra desde que se votó la ley en 2017 y no se le asignaron recursos.

Según un estudio realizado cuando se aprobó la ley, el costo para poner en marcha la totalidad de la ley desde cero era de $ 970 millones (unos US$ 22 millones). De esos rubros, $ 200 millones estaban destinados a inversiones y $ 770 millones a sueldos y gastos de funcionamiento. 

El objetivo para Montevideo es llegar a tener entre 26 y 28 juzgados. Actualmente funcionan 12 juzgados de familia especializada.

Con el cambio de gobierno, y al enviar al Parlamento su mensaje presupuestal el Poder Judicial pidió los recursos para poner en marcha la ley. Sin embargo, los recursos no aparecieron. En el proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno, la implementación de la ley no iba a comenzar hasta, por lo menos, 2024.

Al advertirlo, la bancada bicameral femenina entabló negociaciones para al menos instalar tres juzgados al norte del río Negro.

Luego de las negociaciones se acordó destinar $ 20 millones anuales de los ahorros que la Cámara de Diputados. Y también se decidió tomar recursos de los $ 800 millones que la Justicia tiene asignados para el pago de sentencias por la readecuación salarial. Según los cálculos realizados por la bancada de la coalición con poco más de $ 500 millones se puede afrontar las sentencias que salgan de esas demandas.

Sin embargo, esos recursos anunciados no llegaron y a fines de diciembre, la anterior presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, envió una carta al presidente Lacalle Pou, firmada también por los otros cuatro ministros de la corporación, en la que le advertía que no era posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país, como se había acordado en el Presupuesto. Le informaban que los recursos no alcanzaban y por eso descartaban por completo la instalación de las sedes.

En la misiva, la Corte consultaba al Ministerio de Economía si era posible contar con los $ 20 millones anunciados.

Ante la existencia de esa carta de la que informó El Observador a mediados de enero, la bancada bicameral femenina se reunió con el presidente actual de la Corte. Por un lado el magistrado recibió a la vicepresidenta Beatriz Argimón con otras legisladoras y por otro a Bottero. Tras el encuentro Argimón dijo que había sido "una excelente reunión de apertura" ya que era "indispensable" avanzar en las negociaciones para la instalación de los juzgados.

Las opciones que se manejaban para instalar los juzgados era en Rivera, Salto, Cerro Largo, Tacuarembó o Paysandú. Se trata de departamentos donde existen más denuncias por violencia de género. Finalmente se definió instalarlos en Paysandú, Rivera y Maldonado pero de momento sólo se concretó Paysandú aunque no hay fecha de cuando estará funcionando.

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