La caída del impuesto a la tierra (ICIR), el niño mimado del grupo de jerarcas que se mueven en el entorno al presidente José Mujica en Torre Ejecutiva, reavivó una de las polémicas más duras que conoció este gobierno, mientras el tramo final de la administración suma problemas. Declarado inconstitucional el tributo a las grandes extensiones rurales por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el gobierno explora por estas horas la forma de gravar de otra forma (sin afectar la tierra) a los mismos 1.200 propietarios que alcanzaba el ICIR.
Pero el efecto colateral, en términos políticos, surgió de inmediato con Danilo Astori como portavoz. El vicepresidente, que lidera el equipo económico, mostró los dientes en las últimas horas con algunas entrevistas con medios de prensa. Y ayer, en diálogo con Subrayado, fue al grano y demostró su malestar. “También tenemos que sacar conclusiones más generales sobre estos temas. Las cosas que se hacen mal, o se diseñan mal, terminan mal”, disparó Astori.
El equipo del presidente Mujica desarrolla posibilidades para gravar de todos modos a los terratenientes, confirmaron a El Observador fuentes oficiales. Intenta mantener el objetivo de desalentar la concentración de la tierra en pocas manos, más que poner énfasis en la recaudación. Se seguirá focalizando en los mismos 1.200 productores, de un total de 50.000, que representaban 2,5% del total.
En esa búsqueda fue que se generó el nuevo cruce, que en 2011 fue motivo de una de las crisis más notorias de la administración.
El vicepresidente Astori insistió en sus últimas apariciones públicas con que se debería tomar la propuesta del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, para gravar las grandes extensiones de tierra, desestimada en la discusión de 2011 a manos del equipo económico paralelo. La biblioteca que conduce Astori entiende oportuno establecer tributos adicionales al impuesto a la contribución de inmuebles rurales, como el de Primaria (que hoy no paga el campo), y otro dirigido a los que tienen más de 10.000 hectáreas de tierra.
Consultado ayer por Subrayado, acerca del trabajo que se anuncia desde el gobierno en la elaboración de un nuevo impuesto, Astori se quejó porque el ministro Lorenzo queda afuera, y aseguró que habrá “problemas serios” si se desestima su opinión.
Mujica, por su parte, repitió ayer su premisa de las “dos bibliotecas”. En una rueda con periodistas en la puerta de su casa en Rincón del Cerro, el mandatario recordó que cuando “Astori presentó el IRPF a las jubilaciones altas hubo un fallo negativo” de la Corte. “Nosotros aceptamos plenamente la decisión de la Corte, pero moralmente nosotros tenemos razón aunque tengamos que discutir con el Papa o con las Naciones Unidas, porque un puñado de gente muy pequeña recibió un beneficio formidable”, dijo.
Mujica confirmó que tratará de “convencer” y “buscar los caminos” para encontrar una alternativa al ICIR. Aunque estaría dispuesto incluso a reformar la Constitución, el gobierno pretende un camino más corto y menos engorroso. “Este viejo no tiene ninguna virtud pero es terco, duro y banca. Un tropezón no es caída”, dijo hablando a en tercera persona sobre él.
El gobierno entendió el mensaje de Corte, incluido en el fallo que declaró inconstitucional el ICIR y, como sabe que no puede tomar la tierra para gravar a los productores, busca ahora la forma de hacerles pagar a esos mismos 1.200 productores rurales con más de 2.000 hectáreas de campo el dinero que pretendía recaudar.
Mientras tanto, las intendencias se quedan sin el dinero que esperaban del ICIR para invertir. Algunas cuya economía está más fuerte que otras, pueden asumir la inversión -sobre todo en maquinaria vial-, pero la mayoría debió frenar licitaciones por la suspensión del fideicomiso que el Poder Ejecutivo planeaba crear con los fondos del impuesto.
