Exfuncionarios de Casa de Galicia le pidieron una "instancia de diálogo" al presidente Luis Lacalle Pou, a través de una carta, donde le recordaron: "en su momento usted dijo querer encontrar solución, dijo no estar de acuerdo en cerrar nuestra institución, y sus ministros prometieron no dejarnos sin trabajo y nada de eso se cumplió".
Este jueves, la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para sesionar y dar ingreso al proyecto de ley aprobado en el Senado con votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y los blancos Sergio Botana y Juan Straneo para pagar los créditos laborales adeudados por la liquidada Casa de Galicia a sus extrabajadores.
Blancos, colorados e independientes habían decidido no entrar a sala para no dar el quórum para aprobar el proyecto sobre la mutualista cerrada, ya que el texto del gobierno había fracasado.
Este viernes, los exfuncionarios se manifestaron ante la residencia presidencial de Suárez y Reyes –donde el presidente se reunió con delegaciones de Argentina y Paraguay a propósito del Mundial 2030– y entregaron la carta.
"Con la intención de generar una instancia de diálogo, donde podamos interiorizarnos de la postura que el gobierno ha tomado con respecto a la negativa de las posibles soluciones a nuestra problemática", dice el texto al que accedió El Observador.
"Problemática que lleva casi dos años, una lucha que seguiremos dando hasta obtener respuestas justas para los trabajadores y respuesta para los 495 compañeros que siguen sin el trabajo prometido, ya que consideramos que en su momento usted dijo querer encontrar solución, dijo no estar de acuerdo en cerrar nuestra institución, y sus ministros prometieron no dejarnos sin trabajo y nada de eso se cumplió", continúa.
"Como funcionarios de la Salud, como ciudadanos de este país y principalmente como seres humanos, exigimos el respeto que merecemos y una mínima explicación del porque no hay voluntad política de solucionar este conflicto", concluye la carta.
Un proyecto del Poder Ejecutivo, que no avanzó en el Senado, pretendía pagar unos US$ 8 millones. La deuda total es de US$ 42 millones.
El objetivo de frentistas y cabildantes era aprobar el proyecto de ley que preveía asignar un monto de US$ 30 millones para pagar adeudos con los empleados de Casa de Galicia.
El gobierno consideraba "inviable" exceder el monto de los US$ 8 millones propuestos en el texto original, así como obligar a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a contratar a los más de 400 trabajadores que aún no habían sido distribuidos en otros centros médicos.
