El oficialismo marcó las claves del año que se viene.

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La coalición y las claves para 2023: el momento del "derrame" y una gestión que deberá traducirse en hechos

Los socios del oficialismo pasan raya al 2022 y marcan su visión para un año que será decisivo
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31 de diciembre de 2022 a las 05:03

A 34 meses del inicio de una pandemia que condicionó la primera mitad de esta administración, y luego de que a principios de este año se lograra conquistar la confianza ciudadana a la macro-ley que representaba la columna vertebral del programa de gobierno, todos los partidos que integran el oficialismo coinciden en este aspecto: 2023 debe ser el año de las realizaciones. Ya no queda tiempo para diagnósticos, solo hay lugar para concreciones. A escasas horas del comienzo de un año que definirá este período, en el oficialismo hablan de una consolidación de la coalición de gobierno, aunque cada uno marca sus matices y, también, algunas advertencias indirectas hacia el resto.  

Como partido mayoritario de la coalición los blancos son los que arrastran el peso mayor del éxito o del fracaso de la gestión. Una gestión que, subrayan, en 2023 tiene que traducirse en hechos.  “El año que viene deberá ser el año de la gestión y de las concreciones”, le dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, que puso el foco en uno de los buques insignia de esta administración: la reforma educativa deberá dejar de ser un concepto y aterrizar en la realidad. 

Para Gandini, debe haber además una apuesta fuerte en la gestión del Estado con el objetivo primordial de mejorar el nivel de vida de la población; sobre todo en las clases medias. “La gestión tiene que dar resultado en el derrame”, insistió. En ese aspecto consideró central el cumplimiento del compromiso de que el crecimiento económico de este año se traduzca en una rebaja en el IASS y el IRPF, recientemente reafirmado desde el Poder Ejecutivo. Gandini sostuvo que el incremento del salario mínimo nacional o la baja en el precio de los combustibles son medidas que “terminan en el bolsillo de la gente”.  

Con un foco distinto, su colega Sebastián Da Silva celebró que esté finalizando un año “duro pero muy bueno” con un primer trimestre que estuvo marcado por la ratificación de la ley de Urgente Consideración (LUC), “la mejor noticia” que pudo tener el Uruguay.  Ahora, le dijo a El Observador, llegó el momento de “bajar a tierra” las acciones de gobierno, que deberá concretar todo su plan “comprimido” en los últimos dos años de gestión.

“El gobierno va a dejar las tijeras mochas de tanta inauguración”, prometió. La transformación, consideró, ya se está notando: entre otros, un récord de obras públicas, baja de impuestos y la ampliación del saneamiento en todo el país anunciada el pasado miércoles por el presidente Luis Lacalle Pou, con la que, a juicio de Da Silva, “empieza el contragolpe del gobierno”. Da Silva tiene una preocupación personal, que le planteará el presidente de la República en el correr de las próximas semanas en un encuentro en La Paloma: la posiblidad de impulsar una segunda ley de urgente consideración que abarque la multitud de temas que quedan pendientes. La propuesta, adelantada la semana pasada por La Diaria, consiste en incluir allí las prioridades de todos los partidos de coalición para reimpulsar una nueva ley de ese tipo, luego de que el Parlamento sancione la reforma de la seguridad social.

 Los “sinsabores” 

La ratificación de la LUC también fue uno de los hitos del año para el Partido Colorado, que a su vez reinvindicó un rol central en la defensa de esa normativa. Esa campaña, entienden, le permitió a la colectividad marcar su perfil. Así lo dijo en diálogo con El Observador el diputado Conrado Rodríguez que, a nivel interno, destacó los resultados de la reciente elección partidaria de jóvenes, con más de 10 mil candidatos y con un nivel de participación que superó los comicios anteriores.  Rodríguez subrayó a su vez  el nivel de incremento presupuestal que, a instancias de su partido, se logró en la Rendición de Cuentas para la Educación, pero admitió “algunos sinsabores”, como el fracaso de su propuesta de derogación total del impuesto adicional al Fondo de Solidaridad. 

 El diputado también consideró fundamental que se concrete la anunciada rebaja del IASS y el IRPF, con la expectativa de cómo vaya a instrumentarse. En una primera instancia, Rodríguez dijo que deberían priorizarse los salarios y las jubilaciones menores para que estos sectores puedan tener un “alivio inmediato en sus bolsillos”.

  En el Partido Independiente, el diputado Iván Posada celebró, en diálogo con El Observador, que el Ministerio de Desarrollo Social aceptara su planteo de mantener el refuerzo en las asignaciones familiares para los niños de hasta 6 años durante el primer semestre de 2023, aunque remarcó que quedará pendiente su reclamo de que el adelanto que les fue otorgado a los jubilados se lo descontarán en enero.  Posada coincidió en que la ratificación de la LUC significó un espaldarazo muy relevante para los apoyos populares a la coalición de gobierno. 

Para el año que comienza, el legislador puso el foco en que la Rendición de Cuentas que se discutirá en el segundo semestre –que por ser previa a un año electoral será la última de este período que podrá tener incremento de gasto– ponga énfasis en remediar el principal desafío que, a su juicio, enfrenta el país: la pobreza infantil.  Para Posada, la forma en que el gobierno encare este tema y los resultados que pueda exhibir al final de este período serán definitorios para su legado. “Allí hay una situación que nos desafía a todos. Es una tema vital para el futuro del país”, señaló. 

Posada dijo esperar que, el próximo, sea  ratificada la reforma jubilatoria. “Es un aspecto fundamental”, remarcó, y agregó: “De alguna manera, ratificará la vigencia de la coalición de gobierno. El compromiso está y debe ser ratificado”, reiteró. Para el diputado, se trata del principal desafío que enfrentará la coalición a partir del 1º de enero. 

No habrá extorsión

Posada no mencionó a nadie en su advertencia, pero el destinatario estaba claro. Cabildo Abierto votó a regañadientes la reforma en el Senado, pero reclamó que Diputados rediscuta el proyecto para contemplar sus pedidos.  En diálogo con El Observador,  el senador de ese partido Guillermo Domenech, insistió en la postura, vinculada principalmente a la baja en el período que se tomará como base cálculo para las futuras jubilaciones y qué tipo de impacto tendrá el nuevo régimen en la Caja Notarial. De todas formas, señaló, eso no significará una "extorsión" hacia sus socios en la coalición de gobierno. 

Domenech apuntó que en su partido "aún duele" el veto que, con el respaldo de blancos y colorados, el presidente Luis Lacalle Pou interpuso contra lay de regulación de suelos forestales impulsada por su partido. También por el freno que sus socios pusieron a su proyecto de reestructura de deudas de las personas físicas y que pone a los cabildantes, el año que viene, al borde de iniciar una campaña de firmas para someter esa iniciativa a referéndum.  Domenech prometió además que su partido avanzará además en 2023 en una iniciativa para que cambie la regulación de los intereses que las financieras pueden cobrar por la concesión de préstamos. 

Con todo, los liderados por Guido Manini Ríos también pudieron celebrar. El senador declaró su satisfacción por el hecho de que el gobierno recogiera su propuesta para reconocer el derecho a una reparacion a las víctimas del accionar guerrillero, además del avance - aún en duda - del proyecto de corresponsabilidad en la crianza. "Nos menos consolidado como legisladores y hemos ganado el respeto de todos por la forma en que defendemos nuestros puntos de vista", dijo. "Sin ser un año brillante, para nosotros ha sido un año bueno". 

 

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