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La contradicción entre la policía y la fiscal en el caso de malabaristas detenidos en San José
La fiscal de San José Reneé Primicieri, que estaba de turno el 5 de marzo cuando fueron detenidos cuatro malabaristas por pelearse en la plaza 4 de Octubre, afirmó que la policía no la notificó sobre el procedimiento en ningún momento, pese a la versión del jefe de Policía de ese departamento, Orestes Da Silva, quien dijo que se dio cuenta del hecho a la fiscalía.
Fuentes del Poder Judicial informaron a El Observador que sí se notificó a la jueza de faltas Lourdes Calcerrada, quien analiza si los indagados cometieron una falta o un delito, y entonces tendrá que dar intervención a la fiscal.
El operativo se realizó en el marco de la nueva estrategia de seguridad desplegada por el Ministerio del Interior basada en un patrullaje más intenso en las calles de todo el país, según lo aseguraron las nuevas autoridades encabezadas por el ministro Jorge Larrañaga.
Algunos de los nuevos jerarcas explicaron días atrás que están aplicando tres directivas que les dio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou,y que son más presencia policial, cercanía con la gente y respaldo a todos los uniformados.
Desde entonces, las jefaturas comenzaron a desplegar operativos de "alto impacto", con actos de lanzamientos que, en algunos casos, contaron con la presencia de Larrañaga.
"A mí me llamó la policía en estos días, después de las medidas tomadas con los malabaristas, bastante confundida sobre si es legal o no lo que están haciendo", dijo a El Observador la fiscal Primicieri. "Yo les contesté que todo lo que no está prohibido por la ley, es legal", agregó.
Acerca del procedimiento contra los cuatro malabaristas, Primicieri dijo que no tuvo "comunicación" por parte de la policía. "Terminó todo en la órbita del Ministerio del Interior, y con la prohibición de que no podían estar en ese lugar, pero no puedo asegurar más cosas porque no me consta que me hayan notificado; no me llegó ningún parte, ni se me asignó una denuncia", afirmó.
Una jueza decide
En el parte policial del procedimiento se informó que el procedimiento estuvo motivado a "causa de una riña" que protagonizaron los indagados, y que luego, siguiendo el protocolo, condujeron a uno de los involucrados a un hospital para que fuera atendido.
El ministro Larrañaga, y el propio Da Silva, respaldaron el accionar de los policías, ya que dirigentes del Frente Amplio cuestionaron la forma de proceder de los uniformados, especialmente la de uno de ellos, del Grupo de Respuesta Táctica, que apuntó con una escopeta de munición no letal –de acuerdo a la versión oficial– a uno de los hombres que tenía dos machetes, que suelen ser usados por los malabaristas.
El parte decía también que "se enteró a la fiscalía de turno, la que dispuso: incautación de los machetes, etilometría y enterar al Juez de Faltas", lo que Primicieri niega.
La riña es un delito definido en el Código Penal. Se castiga con 20 Unidades Reajustables –$ 25.146,5– a 600 –$754.398–, aunque si el imputado no puede pagar esas sumas, el juez puede ordenar "prisión equivalente".
Larrañaga se refirió a la riña en más de una oportunidad en los últimos días al respaldar la actuación de los policías. La última vez fue este martes, en rueda de prensa, al salir del acuerdo de ministros con el presidente Lacalle Pou.
El secretario de Estado aseguró que el caso se trató de una situación de "riñas denunciadas por vecinos, machetes que constituyen un peligro para la población en ese momento".
La jueza Calcerrada está "estudiando en profundidad" la denuncia, y pidió "los antecedentes" para continuar la investigación. Si entiende que hay responsabilidad penal, el caso pasará a la Fiscalía.
