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La costa de José Ignacio es el centro de una disputa política
El intendente Antía concedió terreno a privados; FA y colorados recurren en el Parlamento
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21 de agosto de 2017 a las 05:00
Los 15 ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado del departamento de Maldonado presentaron en el Parlamento un recurso de apelación contra una resolución de la intendencia que le reconoce a un privado la propiedad sobre terrenos costeros. Este proyecta construir casas a 90 metros del agua, un área estatal, según los denunciantes. Además, los ediles notificaron este miércoles a la Justicia acerca de lo que consideran "un ocultamiento" por parte de la intendencia de documentos "de la transacción con el privado", dijo a El Observador el abogado y edil suplente colorado Juan Silvera.
Sin embargo, el intendente nacionalista Enrique Antía dijo que todo lo que plantean los ediles "es mentira y puro verso". "(Ellos)quieren expropiar" y la comuna lo que hizo "fue reconocer derechos a un particular que ganó un juicio luego que el gobierno anterior del Frente Amplio le quitó el padrón", afirmó Antía a El Observador. También se está asumiendo, dijo el intendente, un dictamen de la comuna del año 2005, que reconoció el derecho de propiedad de esa persona.
El debate departamental llegó ahora al Parlamento. Los ediles, con la intención de anular la resolución de Antía, presentaron un recurso de apelación en Diputados y sostuvieron reuniones con las bancadas del Frente Amplio y del Partido Colorado para informarles que se está ante un caso que debió tener el visto bueno de la Junta Departamental pero nunca llegó a ese ámbito. En nombre de la administración, el secretario general de la intendencia, Diego Echeverría, también fue al Parlamento para dar sus argumentos, en este caso, a la bancada del Partido Nacional.
El jerarca dijo a El Observador que está "absolutamente probado" que esos padrones son privados más allá "de la voluntad política" del Frente Amplio de no cobrarles la contribución en el período pasado. "Una cosa distinta es la posibilidad de construir en esa zona y para eso se requerirán permisos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que no tiene nada que ver con la intendencia", comentó Echeverría.
Reclamo
El diputado Adrian Peña, secretario general del Partido Colorado, confirmó a El Observador el ingreso del recurso que ahora será analizado en la comisión de Constitución y Códigos.
"Llama la atención la resolución de la intendencia", comentó el legislador, quien anticipó un debate sobre este tema. De acuerdo a documentos presentados por los ediles colorados y frenteamplistas en el Parlamento, la comuna que dirige Antía habilitó el cobro de la contribución inmobiliaria a un privado que reclama la propiedad de tierras costeras cerca de la boya de José Ignacio.
El edil suplente Silvera (colorado) aseguró que ese privado "no tiene ningún título de propiedad y lo que busca es que la intendencia le cobre impuestos para sentar un precedente".
Otra discusión referirá a la eventual construcción de casas en la zona costera. De acuerdo al Código de Aguas, "en todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 metros determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público; no se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo".
Sin embargo, las casas que se proyectan están a menos de 100 metros del agua, según los ediles denunciantes.
Silvera dijo que ese no es el único caso y hay otros cinco privados con juicios similares reclamando tierras costeras que "claramente pertenecen al Estado". "Se quieren adueñar de playas con la anuencia de la Intendencia de Maldonado",alertó.
Proceso
De acuerdo a los documentos presentados por los ediles –a los accedió El Observador– en el año 1995 la Intendencia de Maldonado (gobernada por el nacionalista Domingo Burgueño) entendió que no correspondía el cobro de la contribución por tratarse de padrones en la playa. Construir en esa zona no está habilitado. En 2005, el particular solicitó permiso para construir ocho viviendas en predios, supuestamente de su propiedad, ubicados en la faja costera.
De acuerdo al escrito que llegó a Diputados, los títulos de propiedad de esas tierras no existen, pero la actual administración de Antía dice lo contrario.
En el año 2011 (gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos), el reclamante inició un juicio contra la intendencia y en 2015, (bajo la actual administración de Antía) el director general de Hacienda dictaminó "que se encuentra acreditada la propiedad" y por no cobrar la contribución la intendencia estaría sufriendo un daño patrimonial.
El Frente Amplio y el Partido Colorado recuerdan que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de la legalidad de la resolución de 1995 que dispuso no cobrar la contribución inmobiliaria. Ahora, la administración Antía resolvió reconocer al privado la propiedad de esos padrones de José Ignacio. De llegar el caso apPlenario de Diputados, una mayoría integrada por colorados y frenteamplistas puede obligar a retroceder a la intendencia fernandina.
Qué dice la Constitución
El artículo 303 de la Constitución de la República, que es el que invocan los ediles, establece que: "Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes". Luego se especifican los plazos para hacerlo. Sobre ese punto, los ediles denunciaron ante el Parlamento y la Justicia que la Intendencia de Maldonado "ocultó" la información de una transacción con el privado para hacer correr los plazos y que no se pudiera presentar el recurso. Desde la Intendencia de Maldonado se dijo a El Observador que el planteo a Diputados llegó fuera de las fechas legales.
