Unas 30 personas, entre ellas jueces y fiscales, fueron detenidos este jueves en Ecuador en el marco de una investigación que pretende involucrar a funcionarios judiciales opuestos a la actual gestión y califican de vínculos con la delincuencia organizada y el narcotráfico, informó la fiscal general Diana Salazar.
El caso Metástasis, como fue llamado por Salazar, es "una clara radiografía de como el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos", dijo Salazar en un video difundido en la red social X.
El caso Metástasis podría estar influido por disputas internas. Salazar involucró y ordenó detener al presidente de la Judicatura William Terán. La detención del alto magistrado se hizo en espectaculares allanamientos, 75 en total, desarrollados en la madrugada del jueves.
Los allanamientos fueron en viviendas y oficinas de siete de las 24 provincias del país y que implicó el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.
En el operativo fue detenido Terán, quien hasta ese momento estaba a cargo del organismo encargado de administrar la función judicial en el país, y que se ocupa precisamente de los delitos de narcotráfico y de violencia criminal.
Salazar pretende poner en la trama delictiva a quien se ocupa de controlar precisamente las bandas complejas.
Terán difundió en redes sociales el momento de su detención, a la que calificó como “sin fundamento alguno. Respetuoso de la ley me defenderé. Con esta persecución han destruido la carrera judicial”, dijo Terán, cuya vivienda fue allanada y registrada, al igual que las oficinas del Consejo de la Judicatura.
Unas horas antes, en otro mensaje en video difundido en redes sociales, el presidente del Consejo de la Judicatura había advertido sobre esta operación, que “carece de toda legitimidad y solo obedece a intereses para golpear y desestabilizar a la Justicia y, por ende, a la democracia”, argumentó el magistrado.
“Aquí estoy, aquí me tienen, estoy en mi despacho y no escondo nada”, señaló Terán, que afirmó que esta operación busca evitar su intención de depurar el poder judicial.
Este episodio se da en medio de fuertes tensiones por la permanencia de Terán en el cargo, después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Participación Ciudadana (CPCCS) lo designase en febrero y la Corte Nacional de Justicia le retirase la confianza en agosto.
De forma paralela, los sectores vinculados al ex presidente Rafael Correa tratan de promover en la Asamblea Nacional un juicio político para destituir a la fiscal general, tras haber llevado en años anteriores la acusación que derivó en la inhabilitación y condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa contra Rafael Correa.
Terán también fue juez de la Corte Nacional de Justicia. Fiscales, jueces, guías penitenciarios y policías, incluido un ex general que trabajó dentro del organismo que administra las prisiones, también están acusados por Salazar en esta investigación.
Salazar afirma que los datos acusatorios surgieron a raíz de la muerte del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 en una cárcel. Su muerte derivó en una masacre carcelaria que duró tres días y dejó una treintena de muertos y más de 60 heridos en octubre del año pasado. Norero, quien tenía 36 años, era conocido con el alias de "El Patrón y también era buscado por Perú.
La banda de Norero estaba dedicada a "varios delitos que tienen relación con corrupción, narcotráfico, muertes violentas, lavado de activos y más", señaló la policía en la misma red social. En los 75 allanamientos simultáneos los uniformados hallaron más de US$ 40.000, tres armas, 100 cartuchos y explosivos.
Salazar, que deberá probar los vínculos de Terán con Norero, expresó que el operativo de esta madrugada es el "más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico" en el país, donde entre enero y noviembre la policía decomisó 189 toneladas de droga.
Para sectores ajenos al gobierno del presidente Daniel Noboa este operativo puede derivar en falta de pruebas, según publica la prensa de Quito. Cabe recordar que Noboa se impuso en el balotaje a la candidata de Correa, Luisa González, quien había obtenido diez puntos más que Noboa en la primera vuelta.
La fiscal general afirmó que las vinculaciones de los magistrados “se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico”, una afirmación temeraria que puede resultar inconsistente en un país con fuertes divisiones políticas.
“Los líderes de la estructura criminal contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción”, añadió. Para lo cual deberá brindar elementos probatorios que, de momento, no aportó
"Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado, ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales ha permeado las instituciones", dijo Salazar. Y advirtió que la respuesta al operativo "será una escalada de violencia" en el país.
Ecuador alcanzó un récord de incautaciones en 2021, cuando decomisó 210 toneladas. A la par del narcotráfico ha crecido la violencia. Entre 2018 y 2022 los homicidios se cuadruplicaron en el país.
(Con información de agencias)
