La justicia británica declara "ilegal" expulsar a solicitantes de asilo a Ruanda

Tres magistrados del Tribunal de Apelación de Londres revocaron un fallo precedente por considerar que Ruanda, país africano ubicado a 6.500 km de Londres, no puede ser considerado "un país seguro".

En su resolución tomada por mayoría, dos de los tres jueces consideraron que las deficiencias del sistema de asilo ruandés implican un "riesgo real" de que los refugiados sean devueltos a su país de origen y sufran persecución o tratos inhumanos.

"A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal", aseguró el presidente de la sala.

Los magistrados precisaron "que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta política", considerando que "esa es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno y sobre la que el tribunal no tiene nada que decir".

Este fallo aún puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo británico.

El controvertido plan, anunciado en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, fue inicialmente bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligando a abortar el despegue del primer avión en junio del año pasado.

Desde entonces el plan ha estado sometido a recursos judiciales en el Reino Unido, por lo que hasta ahora nadie fue deportado.

La Alta Corte de Londres lo declaró legal en diciembre, pero el Tribunal de Apelación admitió a trámite un recurso presentado por varios solicitantes de asilo y la oenegé de ayuda a los refugiados Asylum Aid.

Los demandantes aseguraban que el plan es "sistemáticamente injusto" y se debe impedir que los solicitantes de asilo sean deportados a un país en el que corran riesgo de persecución.

Defensores de los derechos humanos acusan a Ruanda, país gobernado con mano de hierro por el presidente Paul Kagame desde el genocidio de 1994, en el que murieron 800.000 personas, de reprimir la libertad de expresión y la oposición.

Los abogados del Ministerio del Interior británico alegaban que el gobierno confía en las garantías dadas por Ruanda, que mostró la voluntad de "cooperar con los mecanismos internacionales de control".

Como sus predecesores Boris Johnson y Liz Truss, el primer ministro conservador británico Rishi Sunak --nieto de inmigrantes indios-- considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit.

Su gobierno quiere ilegalizar las solicitudes de asilo de quienes lleguen de forma irregular al país y enviar a esas personas a terceros países "seguros", como Ruanda.

Con este programa, el ejecutivo británico busca disuadir a los migrantes de cruzar irregularmente en pequeñas embarcaciones desde las costas de Francia, una de las rutas más peligrosas del mundo por su gran tráfico de cargueros, cuyos números se dispararon en los últimos años.

Más de 45.000 migrantes llegaron irregularmente a las costas inglesas en 2022, un aumento del 60% respecto a 2021. Más de 11.000 personas lo han hecho ya desde principios de 2023.

El proyecto de ley se está debatiendo actualmente en el Parlamento y para convencer a los legisladores el gobierno publicó el martes una evaluación de su impacto financiero.

Esta señaló que el costo inicial de trasladar a cada persona a un tercer país sería de unas £ 190.000, incluidos el pago de £ 105.000 a dicho país, los billetes de avión y los gastos administrativos.

Pero predijo un ahorro en ayudas de £ 106.000 durante cuatro años por cada refugiado que no llegue a suele británico o sea trasladado a otro país. Y precisa que este podría ascender a £165.000 por persona si los costes de alojamiento crecen al ritmo que se viene observando desde 2019.

El informe admite sin embargo que son cifras "muy inciertas" y que el plan debería disuadir al 37% de los irregulares actuales para ser rentable.

(Con información de agencias)