La agrupación de Raúl Sendic pidió un informe de gastos e ingresos de la gestión de Javier Miranda y su antecesora Mónica Xavier
En el marco de la acalorada discusión del Frente Amplio por la salud de sus finanzas, la Lista 711 de Raúl Sendic planteó realizar auditorías internas para "transparentar" los números, informaron a El Observador fuentes de la izquierda.
Con su caja golpeada por la pérdida del gobierno y otros problemas financieros que arrastraba desde antes, el Frente Amplio debatió este martes en la Mesa Política un documento de "salida" de la crisis de sus arcas, que incluye rebajas de sueldos de sus funcionarios, aportes de los sectores y un plan de pago de alquileres de locales.
Más allá de que restan pulir detalles de ese acuerdo, uno de los motivos de discusión en el Frente Amplio es cómo fue que se llegó a la delicada situación económica. Varios sectores y delegados de base acusan a la dirección partidaria de una mala administración de los recursos y exigen conocer a fondo los gastos e ingresos de los últimos años.
En ese contexto, la 711 reimpulsó un planteo que ya había estado arriba de la mesa en instancias anteriores y propuso hacer una auditoría para obtener "un informe real" de la situación económica y "no solo la solución".
Si bien el planteo inicial consistía en hacer una radiografía de los números desde 2005 hasta la fecha, la última propuesta consistió en hacer una auditoría de la gestión de Javier Miranda y de la anterior presidenta, la socialista Mónica Xavier, dijeron las fuentes.
El documento que se discutió este martes fue elaborado por la Comisión de Reestructuración Financiera del FA, creada para sugerir salidas a la crisis interna. El texto indica que los números exigen "una impostergable adecuación de los recursos humanos y un compromiso de los sectores políticos para ordenar la situación económica a corto y mediano plazo".
A fines de mayo, El País informó que una de las propuestas consistía en solicitar el "aporte solidario" de los sectores mediante el ajuste de los porcentajes de la financiación permanente. El acuerdo financiero vigente hasta hoy implica que los sectores reciben el 70% del dinero que vuelca la Corte Electoral por concepto de votos, mientras que el Frente Amplio se queda con un 30%. El planteo fue invertir la ecuación por un plazo transitorio. Ese capítulo todavía está abierto a negociación y un planteo es que el dinero se divida mitad y mitad.
En el documento de la comisión establece que esa plata "se irá devolviendo proporcionalmente con los aportes de los sectores deudores en el correr del período". "El saldo que quede luego de pagar las financiaciones permanentes que hoy quedan congeladas quedará a favor del FA", afirma el texto.
En cuanto al pago de alquileres, que tiene a ciertas coordinadoras y comités de base con el agua hasta el cuello, la comisión exhortó a los responsables de los arrendamientos a solicitar a los propietarios "un abatimiento parcial y temporal" de los costos a fin de "reducir los egresos del Frente Amplio", bajo "la premisa fundamental de no cerrar ningún local frenteamplista".
El debate en torno a las finanzas se da a su vez en un proceso más amplio de críticas a la conducción del presidente Javier Miranda. Previo a la emergencia sanitaria, en la izquierda se daba como un hecho que habría recambio de autoridades en 2020. El escenario luego se modificó y el acuerdo de los grandes sectores fue realizar una serie de cambios –aún sujetos a negociación– para "fortalecer" la Presidencia de la coalición y navegar una "transición" hasta que se elija una nueva dirección el año que viene.