La OEA designó al grupo que analizará "in situ" la situación de Perú a pedido de Castillo

La decisión es consecuencia de la solicitud realizada por Castillo para que se activen  los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), mecanismo que podría derivar en sanciones diplomáticas, financieras o económicas, o incluso en la suspensión del país.

El grupo de alto nivel estará integrada por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola; y de Belice, Eamon Courtenay; además de los vicecancilleres de Colombia, Laura Gil; de Costa Rica, Christian Guillermet; y el paraguayo Eladio Loizaga, representante de la secretaría general de la OEA.

La presidencia del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, detalló que la fecha del viaje y la agenda del grupo "se definirán próximamente", tras la sesión extraordinaria realizada en Washington en la que el foro regional adoptó por aclamación una resolución de "respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática" en Perú y llamó "a todos los actores" a actuar dentro "del estado de derecho".

Castillo, en el poder desde 2021 y con mandato de cinco años, ya enfrentó dos intentos de destitución por parte de un Congreso dominado por la oposición de derecha y, además, está sometido a seis investigaciones fiscales por presuntos casos de corrupción.

La semana pasada, la fiscalía lo denunció formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un "golpe de Estado".

Por esa razón, Castillo pidió a la OEA que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos, cuyo artículo 17 contempla que un país pueda "solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad " si considera que "está en riesgo" y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.

El pedido de Castillo ocurre en momentos en que el ultraderechista Rafael López Aliaga fue declarado oficialmente alcalde de Lima, la circunscripción electoral de mayor peso, con apenas el 26,34% de los votos válidos, tras vencer a su competidor más cercano, Daniel Urresti, del partido nacionalista de derecha Podemos Perú, a quien Aliaga le sacó una ventaja de apenas 52.902 votos en los comicios regionales.

También cuando el alcalde de San Isidro, uno de los barrios más elegantes de Lima, Augusto Cáceres, declaró “persona no grata” a Castillo, por atribuirle una “actitud hostil” hacia la fiscalía que lo denunció ante el Congreso y por considerar que el mandatario busca “socavar” la separación de poderes.

Cáceres, además, pidió que el Congreso tome las acciones previstas en la Constitución para que Castillo deje de ser presidente “en el más breve plazo”, según el semanario local Caretas, posición que también alienta López Aliaga -a quien un sector del periodismo local define como el “Bolsonaro peruano”-, un empresario y político conservador vinculado al Opus Dei que ha expresado su oposición al otorgamiento de derechos a la comunidad LGTBIQ+, al aborto y el uso de anticonceptivos.