La pesada carga que el presidente debe soltar. Escribe Daniel Supervielle.
El presidente de la República Luis Lacalle Pou tiene la enorme responsabilidad de ser implacable a la hora de enfrentar las insólitas consecuencias políticas de la entrega exprés de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset cuando estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos.
En este desafío que lo convoca a la acción, es imperativo que actúe de acuerdo con su conciencia, manteniendo la coherencia con sus principios y mostrando respeto a quienes le dieron su confianza con el voto, pero especialmente hacia aquellos que no lo eligieron, pero que reconocen su autoridad como presidente.
El mundo es un lugar cada vez más complejo e inseguro. Las guerras, el crimen organizado internacional, los conflictos religiosos, la pobreza extrema, los desastres naturales: nada de eso es por ahora de envergadura en Uruguay.
Sea cual sea el partido en el ejercicio del poder, período tras período se suben peldaños en la escalera hacia el desarrollo del país. Desde que nos constituimos como República en 1830 hemos acompañado a nuestro ritmo cansino el avance de los derechos y del bienestar de la humanidad.
Pudimos tener momentos de estancamiento e incluso algunos de retroceso y otros de vanguardia, pero en la suma Uruguay se consolidó como un país serio y respetable en el concierto mundial. Eso ocurrió en gran parte por el enorme espíritu republicano que caracteriza al uruguayo. Ese que sabe muy bien que su supervivencia depende de su fortaleza institucional, el manejo del Estado amortiguador y la probidad de nuestros políticos. En definitiva, los pilares de una democracia que funciona bien.
Este presidente, como los que lo antecedieron, goza de prestigio en el mundo. Cuando estalló el escándalo de los audios del caso Marset, Lacalle Pou era recibido en Estados Unidos junto a otros mandatarios por Joe Biden para lanzar una iniciativa de apertura comercial largamente deseada.
La democracia uruguaya, donde se respeta la separación de poderes, se reconoce la calidad de sus partidos políticos, el Estado de Derecho y la libertad de expresión es vista como modelo a seguir. Por eso hay que ser ejemplar cuando se denuncian extravíos.
Vivimos un tiempo en que la democracia representativa en el mundo está en jaque: lucha muchas veces a ciegas para otorgar soluciones a la vida de las personas mientras convive con un disenso cada vez más virulento. También cohabita con la crispación, las noticias falsas, las tensiones y las lógicas exigencias de resultados económicos y sociales que no siempre llegan ni alcanzan a todos.
Esa misma democracia que tanto respetamos en este país, no deja de ser una herramienta inventada y aplicada por seres humanos que no son perfectos. Están sujetos a errores, equivocaciones, tentaciones y abusos. Para eso la propia democracia tiene los controles, los contralores, la prensa libre y la propia Justicia independiente para corregir el rumbo.
Cuando una crisis como la que vive este gobierno nos explota a todos los uruguayos en la cara hay que buscar la luz. La mayor transparencia posible y la verdad para seguir andando. La transparencia y la credibilidad son el antídoto insuperable para fortalecer la democracia en cualquier nación. Es la forma de respetarla. En ese sentido la oposición también ha mostrado estar a la altura de la coyuntura al esperar el retorno del presidente de Washington DC y escuchar sus explicaciones. De esa forma evitó que la crisis política se transforme en una institucional.
Uruguay tiene bajos índices de corrupción. Lo dicen las consultoras internacionales y los empresarios que quieren invertir. Somos los propios uruguayos quienes la olfateamos de lejos cuando trasciende algo que no calza en el paisaje. Hay cosas que no se admiten. Sencillamente porque están mal. Y punto. Lo que está mal, está mal.
Este gobierno tiene cosas buenas para mostrar. Ha enfrentado reformas estructurales que estaban en el debe: la de la seguridad social y la educativa. Debió sortear una pandemia donde respetó la libertad y se apoyó en el viejo estado uruguayo para sortearla. La población lo reconoció al apropiarse del concepto de libertad responsable.
Además, lo afectó la mayor sequía de la historia y las consecuencias de dos guerras, sin embargo, la estabilidad nunca estuvo en tela juicio, Uruguay muestra una economía ordenada, donde crece el salario real y bajan todos los meses los índices de desempleo. Al frente de esta gestión está un presidente que da la cara.
Es alguien que camina entre la gente como un ciudadano más. Hecho revelador de la paz social que reina en Uruguay. Tanto en la capital como en el interior la población le retribuye su accionar con altísimos índices de aprobación. A su vez no es un mandatario que haya polarizado el país desde su accionar ni su discurso como sucede en la región.
En los foros internacionales ha bregado por mayor apertura comercial y defendido la libertad y la democracia en la cara de los dictadores. Por todo lo antedicho es que las denuncias presentadas por la ex subsecretaria de relaciones exteriores Carolina Ache deben ser investigadas a fondo, para que no queden dudas sobre los hechos y se sancionen a los responsables.
Las mismas tijeras que el gobierno anuncia que van a quedar mochas de las obras que piensa inaugurar deben permanecer afiladas para cortar de raíz cualquier obstáculo pernicioso que se interponga en el camino de la Justicia y la honradez administrativa.
Es así como Uruguay seguirá siendo un faro de democracia robusta y saludable.