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La policía de Guatemala desarticuló una banda de traficantes de personas
Este martes, la policía guatemalteca, apoyada por helicópteros, detuvo en su rancho a Felipe Diego Alonso, acusado de ser el líder de una banda de contrabandistas de personas que buscan migrar desde Guatemala a los Estados Unidos.
En la lujosa propiedad, situada en una empobrecida zona montañosa cerca de Huehuetenango, al norte del país, las autoridades secuestraron vehículos importados, armas y dinero.
El procedimiento formó parte de varios allanamientos realizados en cuatro provincias de Guatemala contra la organización liderada por Alonso que, se estima, le reportó beneficios de más de US$ 2 millones desde 2019.
Alonso, junto a tres cómplices detenidos el martes estaban bajo la mira de autoridades estadounidenses en conexión a la muerte de una migrante guatemalteca, Marta Raymundo Corio, fallecida en Texas el año anterior. En total, fueron arrestados 19 miembros de la organización.
Los procedimientos contra la banda de traficantes se producen un mes después de que 53 migrantes -entre ellos 21 guatemaltecos- murieran abandonados un trailer al sol en San Antonio, Texas al fracasar un intento de introducirlos ilegalmente en los Estados Unidos, aunque no se ha establecido hasta ahora si hay alguna conexión de los arrestados este martes con ese hecho.
No es usual que los “coyotes”, como se llama a los traficantes de emigrantes, sean extraditados en conexión con esas actividades y de concretarse, esta sería la primera vez en que acusados por la muerte de una ciudadana guatemalteco en Estados Unidos deban enfrentar la extradición y el juzgamiento en ese país.
Una de las dificultades para procesar y juzgar a los “coyotes” reside en la falta de cooperación de los migrantes para identificar o testificar contra los acusados. Incluso hay casos en los que las personas que han sido víctimas de los traficantes no colaboran en su juzgamiento porque tienen la esperanza de que pueden repetir exitosamente su intento de migración o directamente por temor a las posibles represalias de los cómplices.
Los arrestos se producen en momentos de tensión entre Washington y el presidente Alejandro Giammattei por las acusaciones de corrupción en la justicia que pesan sobre el gobierno guatemalteco, especialmente contra la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue sancionada por el gobierno estadounidense alegando que obstaculiza la lucha contra la corrupción y se dedica a perseguir jueces y fiscales abocados a la investigación de esos casos.
El fiscal encargado del tráfico de migrantes, Stuardo Campo, informó que la detención del grupo organizado para traficar personas desde Guatemala a Estados Unidos a través de México se produjo con la colaboración del departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que la investigación pudo determinar 11 casos específicos de tráfico de personas organizados por la red desarticulada el martes.
