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La policía desalojó dos edificios de ANEP en Cordón que fueron usurpados

En una de las propiedades se quedaron dos familias que sí estaban pagando alquiler

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13 de diciembre de 2018 a las 17:06

Son las diez y media de la mañana de este jueves y gente apurada entra y sale del edificio en la calle Martín C. Martínez 1622. Bajo los brazos llevan ventiladores, colchones. También sacan camas y heladeras entre dos.

Leonardo Gómez tiene 40 años y desde 2003 vive en el apartamento cuatro. La noche del 12 de diciembre fue la última que tuvo permitido dormir allí. El inmueble, ubicado entre la avenida 18 de julio y Colonia, está a punto de ser desalojado, al igual que otro edificio en la calle José E. Rodó y Eduardo Acevedo.

Cuando el propietario del primero de los edificios céntricos murió en 2003 sin quien lo heredara, el bien pasó a ser propiedad de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de manera legítima.

Por eso, cuando el ente constató que la propiedad estaba siendo usurpada, presentó una denuncia que derivó en una investigación a cargo de la fiscalía de séptimo turno. Como resultado de esta investigación, un abogado y un procurador que se presentaban como propietarios fueron condenados por estafa.

Para Gómez la historia recién empezó a las siete de la mañana del 28 de noviembre. Ese miércoles, los policías derribaron la puerta de entrada y lo llevaron esposado a la seccional séptima de Montevideo para luego declarar ante un juez penal.

En 15 años Gómez no había pagado ni un solo día de alquiler. Y eso, ante la ley, lo convierte en un usurpador. Sin embargo, tras acatar a fines de noviembre el desalojo, el proceso por el que podría haber sido imputado quedó suspendido y él quedará sin antecedentes.

Los otros catorce detenidos en el operativo de fines de noviembre, vecinos de Gómez, también ocupantes ilegales, firmaron el mismo acuerdo.  

Minutos antes de las once de la mañana del jueves, plazo acordado con la Justicia para el desalojo, los pasillos del edificio de dos plantas estaban abarrotados de muebles, fotos, juegos de vajilla, animales y restos de comida. Hay niños que gatean, ancianas de bastón que renguean, adolescentes, hombres y mujeres. En común solo tienen una convicción: que no son delincuentes, pese a que la ley diga otra cosa.

Gómez vive con su esposa, su hija de 15 años y el menor, de 11. Cuida coches en el barrio Reus, donde irá a vivir provisoriamente con un amigo. El resto de su familia se instalará en lo de su suegra hasta que encuentren una solución habitacional. “Nosotros queremos una vivienda para tener nuestra casa, pero ellos nos dijeron que somos usurpadores”, se queja mientras muestra la que era su habitación.

A cuatro minutos de que sean las 11 de la mañana, diez policías se presentaron para iniciar el proceso de desalojo. Llegaron en tres vehículos, acompañados por dos funcionarias de ANEP que observaron las condiciones edilicias del lugar.

Si el edificio no está en condiciones de ser restaurado con fines educativos, la ANEP buscará venderlo en un remate judicial. Desde 2012 a la fecha, de todos los inmuebles que el ente heredó se conservaron ocho y se subastaron otros ocho.

Los policías llegaron preparados para frenar disturbios pero pronto advirtieron que no tendrían que hacer un desalojo forzoso. La preocupación de las ocho familias era conseguir un flete, sobre todo porque las primeras gotas de lluvia empezaban a caer y las pertenencias se acumulaban en la vereda.

El policía a cargo de la seguridad del operativo, funcionario de la seccional 4, aseguró que todos los ocupantes del edificio de la calle José E. Rodó fueron desalojados. Pero distinta es la situación del otro objetivo del operativo, la vivienda en la calle Martín C. Martínez.  Una guardia policial de dos turnos tendrá que permanecer en el edificio de manera preventiva. Los propietarios de dos de los ocho apartamentos sí pagaban alquiler, por lo que el plazo para desalojar el edificio se extenderá hasta marzo. 

 

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