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La reforma jubilatoria

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13 de diciembre de 2019 a las 05:02

Los sistemas de pensiones a nivel mundial –estatal, privado o mixto– están bajo una fuerte amenaza debido a cambios demográficos –y además problemas de gestión en algunos casos–  que golpean a las finanzas públicas o no contribuyen a la lucha contra la desigualdad.

En las masivas protestas y huelgas que suceden en Colombia, Chile y Francia, la reforma previsional o los regímenes vigentes son asuntos que están movilizando a la gente.

Los sistemas de pensiones son un pilar del Estado de Bienestar porque son responsables de la calidad de vida de la población no activa, lo que tiene un impacto –para bien o para mal– en la situación entre los ancianos.

Hace más de tres décadas que el régimen jubilatorio clásico de financiamiento y gestión del Estado, que tenía un sentido seglar, empezó a ser puesto en tela de juicio por su falta de pericia en la administración de las aportaciones sociales de los trabajadores y futuros jubilados, muchas veces contaminado de conductas demagógicas y/o falta de rigor en los controles a los aportantes. También el sistema privado empezó a exhibir algunos problemas que son necesarios enderezar, por lo menos en el caso chileno.

El envejecimiento de la población, sumado una mayor expectativa de vida y una baja de la natalidad obligan a sincerar un sistema que se ha convertido en un agujero negro, y cada vez más profundo.

Y ello no es indiferente a la marcha de un país porque afecta la estabilidad macroeconómica y frena el crecimiento económico. Pensando en los jubilados, los beneficios que reciben en una mano, se terminan disipando en la otra.

En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se puso en marcha un sistema de pensiones de capitalización individual que en el largo plazo no ha contribuido lo suficiente para achicar desigualdades que hoy ocupan un lugar central del debate político.

Otros son los problemas de Francia, aunque no menos desafiantes, por lo que el presidente Emmanuel Macron está muy decidido a instaurar un régimen único en lugar de los más de 40 planes jubilatorios, que en muchos casos incluyen beneficios de otra época, y, por esa vía, bajar las erogaciones de sus múltiples sistemas previsionales que hoy representan un 14% del PIB, uno de los más onerosos del mundo.

Y Uruguay también tiene problemas propios en su sistema jubilatorio, que representa el grueso del déficit fiscal de casi 5% del PIB.

Uno de ellos, como explicó la semana pasada el economista Guillermo Tolosa, director académico de Ceres, es que el ajuste de las pasividades por el Índice Medios de Salarios llevó a un colosal aumento de las jubilaciones que, además de poner en juego su sustentabilidad, ha profundizado una desigual asignación intergeneracional de recursos.

Las soluciones a la crisis de pensiones, que  siempre serán antipáticas, tensan la cuerda weberiana de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción de gobernantes, presionados por una ciudadanía temerosa y enojada por la segura pérdida de beneficios sociales.

Es por eso que la reforma previsional debería ser un asunto de todos, una actitud que, en el caso  nuestro, mostraría un diferencial más poderoso que el que proyectó la fotografía de Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou juntos en la asunción del presidente argentino, Alberto Fernández.

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