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8 de diciembre 2023 - 5:03hs

Asomarse en los entresijos del caso Marset y sus implicaciones políticas en Bolivia es como pelar una cebolla de infinitas capas.

En Uruguay ha sorprendido mucho que, a pesar del evidente manto de dudas que el caso arroja sobre las autoridades bolivianas, el gobierno no le haya pedido la renuncia a un solo jerarca; mientras que en Uruguay, por mucho menos, han caído dos ministros, dos viceministros y un alto asesor de la Presidencia.

En particular, llama la atención la inamovilidad del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo (cargo equivalente al del ministro del Interior en Uruguay), pese a que los hechos que rodearon a la huida del narco uruguayo de Bolivia dejó en evidencia que controlaba a algunos mandos clave de la policía boliviana. Marset en aquel momento incluso agradeció en un video al comandante de la policía antidrogas de Bolivia, Ismael Vilca, quien tras una dura respuesta inicial al capo narco, terminó poco menos que implorándole que se entregue, en un mensaje público, y así salvaguardar la imagen desprestigiada de su institución. Y para rematar, el uruguayo llegó a decir que el propio Del Castillo está “bastante preocupado”, al contestarle al ministro boliviano por sus dichos sobre la increíble entrevista –rodeada de traslados cinematográficos– que le hizo la valerosa colega uruguaya Patricia Martín para Santo y Seña.

Y es que esto hay que verlo en el marco de la fractura del MAS (Movimiento al Socialismo), el partido de gobierno en Bolivia, por la lucha de poder que sostienen el actual presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales. Evo y los ‘evistas’ afirman que Arce y los ‘arcistas’ buscan inhabilitar al ex presidente para las elecciones de 2025, a las que Evo ya ha anunciado su candidatura. Y el hombre fuerte de Arce en ese empeño por inhabilitar a Morales es justamente Del Castillo, su gran ariete para frenar al líder cocalero.

El ministro de Gobierno ha encabezado numerosos operativos en el Chapare, la región cocalera feudo de Evo, donde Del Castillo ha anunciado con gran despliegue y bombo mediático que ha destruido decenas de laboratorios de cocaína. En algunas de estas incursiones los ha llamado “megalaboratorios” de cocaína, como para que quede claro que esto es en el marco de una guerra contra el narcotráfico.

Y no deja de ser interesante porque el sindicato de cocaleros del Chapare, que Morales ha liderado por casi 40 años, fue lo que lo catapultó al poder a mediados de los 2000, después de una larga batalla política y cultural por combatir la erradicación que los gobiernos bolivianos habían emprendido hasta entonces con apoyo de Estados Unidos. En el centro de esa batalla cultural estaba precisamente el argumento de que los cultivadores de coca (en su mayoría indígenas, quechuas o aymaras como Evo), no eran por ello narcotraficantes. “Coca no es cocaína”, era la consigna de Evo y sus seguidores, lo que lo llevó en su lucha contra la erradicación primero al reconocimiento de cierta izquierda internacional y luego a la Presidencia de Bolivia.

Hoy eso no está tan claro, sobre todo a partir de la crisis política que en 2019 lo sacó del poder. Y sus antiguos compañeros de ruta en la izquierda boliviana, que siempre habían defendido sus banderas de que acusar a los cocaleros de narcos es discriminación, son quienes ahora desde el gobierno persiguen a los suyos en el Chapare en aras de inhabilitarlo para que no se presente a las elecciones por una inédita quinta vez.

Arce fue durante 13 largos años el ministro de Economía de Evo Morales. Juntos habían hecho una dupla exitosísima, llevando a Bolivia de más 30% de pobres a 10% y convirtiendo a un país pobre en un país de ingresos medios. Esto a su vez llevó a Evo a postular a un polémico tercer mandato en 2014 –ilegítimo según su propia Constitución– y a un aun más polémico cuarto mandato en 2019, con el argumento no poco gracioso de que “la relección es un derecho humano”, cosa que avaló el Tribunal Constitucional de Bolivia y luego, como era de esperarse, rechazó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero Morales decía que no era él, era “el pueblo” que pedía su reelección (a Evo siempre “lo obligan”, él nunca quiere el poder). Así que se postuló igual y todo terminó en el estropicio que luego lo llevó al exilio, tras unas elecciones plagadas de irregularidades en las que muchos creen que el gobierno hizo fraude, y al posterior gobierno desastroso de Jeanine Áñez.

Hoy, que gobierna quien fuera su ministro de Economía, curiosamente la economía boliviana no anda tan bien, y según algunas calificadoras de deuda ya ha entrado en crisis. Aunque eso habría que tomarlo con pinzas: no es la primera vez que las calificadoras y el Banco Mundial le bajan los bonos y después la economía boliviana demuestra lo contrario. Es algo muy singular: el mercado del único país del mundo donde se fundió el McDonald’s no se parece a ningún otro.

El problema es simplemente político, y es la guerra de poder entre Morales y el presidente Arce. A Evo otra vez “lo obligan” a postularse, ahora es la “derecha”, el “gobierno”, el “imperio”. En tanto que Arce, como antes hizo Evo, intenta valerse de los tribunales para sacar de carrera a su antiguo jefe. Y es que sus dos arietes en ese esfuerzo son, por un lado, el Tribunal Supremo Electoral y, por el lado de la acción policial, el ministro Del Castillo, por lejos el más importante, y en quien el presidente cifra todas sus esperanzas, ya que Evo también controla otras instancias judiciales.

¿Se entiende ahora por qué no le ha pedido la renuncia ni se la va a pedir?

En la próxima entrega analizaré la trama paraguaya del caso Marset.

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Sebastián Marset

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