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Lacalle derogó decreto que obligaba a consultar a Toma ante recursos administrativos
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, derogó un decreto que había sido emitido por el gobierno de Tabaré Vázquez y obligaba a que los recursos administrativos fueran enviados a la Fiscalía de Gobierno (integradas por Miguel Ángel Toma y Daniel Borrelli) antes de tomar una resolución, según informó Presidencia de la República en su página web.
Lacalle Pou tomó esta resolución en momentos en que Toma está siendo investigado en forma administrativa luego que se conociera que participó en misiones oficiales a Roma acompañado de una contadora de la Senaclaft sin la debida justificación.
El mandatario dijo este miércoles que si ocupara un cargo de confianza política ya lo habría destituido. “Si fuera un funcionario de confianza, Toma no estaba más en el cargo. Es un funcionario público, por lo que para destituirlo ya no solo se requiere la voluntad del Poder Ejecutivo”, expresó.
"¿No le tiene confianza?", se le preguntó.
"Personal, no", respondió el presidente.
El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, es el instructor de la investigación y tiene 60 días de plazo para trabajar en el proceso administrativo. Este lunes en rueda de prensa dijo que podía citar a "cualquier ciudadano" durante la indagatoria, incluso al expresidente Tabaré Vázquez.
El decreto derogado había sido firmado el 6 de mayo de 2019. Señala que se deberá recabar “preceptivamente” la opinión del fiscal de Gobierno de turno en todo “recurso jerárquico interpuesto contra resoluciones dictadas por órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo”.
Fue firmado por el Consejo de Ministros e indica que el fiscal dispondrá de un plazo de 20 días, prorrogable a diez más, para expedirse. Antes, las fiscalías podían expedirse solo si el Poder Ejecutivo entendía “indispensable” su “asesoramiento técnico”.
El cambio en la normativa va en la misma línea que el decreto 255 del año 2016, que con una redacción casi idéntica establecía que el fiscal debía “ser oído” preceptivamente en todo “recurso de anulación” dictado contra los servicios descentralizados.
El puesto de fiscal de gobierno es peculiar porque es designado directamente por el presidente de la República y no requiere venia, pero a su vez es un cargo presupuestado. En otras palabras, los dos fiscales de gobierno son seleccionados por un mandatario pero no son cargos de confianza, por lo cual siguen en el mismo puesto hasta cumplir 70 años, siempre y cuando no renuncien.
